Todos tenemos nuestras contradicciones. Que PP y Vox aplaudan durante siete minutos el discurso en defensa de la migración de León XIV es una. Este lunes el pontífice hizo en el Congreso de los Diputados su intervención más contundente: un discurso de media hora en el que cargó contra la visión de la derecha y la extrema derecha sobre el drama migratorio.
“Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica”, afirmó el Pontífice. Pero este mensaje del papa no solo iba dirigido al hemiciclo español. Desde la tribuna, reclamó a toda Europa “una respuesta coordinada, solidaria y eficaz", capaz de garantizar la protección, acogida e integración “real” a quienes emigran. Una petición muy pertinente, ya que el seno de la UE está debatiendo si endurecer las políticas migratorias y de asilo.
La Europa de acogida que predicó Angela Merkel ha pasado a ser la Europa del cerrojazo, en el que las prisas por deportar prevalecen sobre la perspectiva humana. Este verano entrará en vigor el Pacto de Migración y Asilo, que supondrá un control más estricto a las personas que lleguen a las fronteras externas —en cuanto a la identificación, controles sanitarios y de seguridad— durante un máximo de siete días. La medida también recoge una “carta de solidaridad” que permite a los Estados eludir la acogida por una irrisoria cantidad de dinero: 20.000 euros por migrante.
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Este mismo mes, el Parlamento Europeo aprobó acelerar la implementación de centros de deportación de migrantes externos fuera del territorio de la UE. Estos espacios podrán funcionar como destino final o como centros de transferencia para facilitar la expulsión hacia el país de origen u otro tercer país. Es una de las medidas estrella impulsadas por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y que hace décadas sería impensable. La medida no ha estado exenta de polémica. Primero por las críticas de las asociaciones de derechos humanos; y después, por las dudas de los tribunales romanos, que cuestionaron las garantías de seguridad de las personas interceptadas en el mar. El debate acabó aterrizando a la UE y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lejos de cuestionarla, la llegó a calificar de “solución innovadora”.
Ocho países refuerzan sus fronteras
Y si no son devoluciones rápidas, los migrantes se encontrarán con barreras, vallas o muros que desde 2015 se han convertido en una tendencia generalizada. El último de los países en cerrar parcialmente sus fronteras fue Polonia, que introdujo en 2025 controles terrestres en su frontera con los países vecinos. Pero el Gobierno de Donald Tusk no ha sido el único: hasta ocho países europeos como Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia y Noruega han ido implementando una serie de restricciones de movimiento en sus fronteras, a pesar de que el restablecimiento de controles debe ser una medida estrictamente temporal y excepcional.
Suiza, un país europeo que no forma parte de la UE pero sí del espacio Schengen, debate iniciativas draconianas como imponer un límite de población a 10 millones de habitantes. Esta medida, impulsada por el Partido Popular suizo, ya ha sido apodada como el Brexit suizo y se votará en referéndum el próximo 14 de junio. España, por su parte, se ha convertido en una voz discordante con la política del cierre de fronteras. Ejemplo de ello fue la reciente regularización extraordinaria de migrantes que afectó a unas 500.000 personas migrantes residentes en el país. Pero el debate en España existe y, en este punto, es mayoritario frente a la mayoría de gobierno que lidera Pedro Sánchez.
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