La movilización vecinal y el respaldo de organizaciones sociales lograron el pasado mes de octubre paralizar el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años que reside desde hace siete décadas en la misma casa, en el barrio madrileño del Retiro, bajo un contrato de renta antigua, y ahora confían en evitar el segundo intento de desalojo, a través de diversas actividades y una acampada. Pese a su condición de vulnerabilidad, con un 50% de discapacidad y sin alternativa habitacional, la inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversiones, propietaria del piso desde 2018, únicamente le ofreció seguir en la vivienda si aceptaba un aumento del alquiler del 275%, hasta 1.650 euros, una cantidad inasumible con su pensión. Ante esta situación, Maricarmen no sabe si podrá permanecer en la misma casa donde vivieron sus padres y su hermano más allá de este 3 de junio.
Maricarmen cuenta con un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a su madre y, al morir esta en 2005, Maricarmen asumió el derecho a residir en la vivienda bajo las mismas condiciones. Durante años, la propiedad respetó esta situación y la renta se actualizaba conforme al IPC. Sin embargo, tras varios cambios de propietario, en 2018 la situación se modificó.
Urbagestión argumenta que, según una sentencia del Tribunal Supremo, el contrato finalizó con el fallecimiento de la madre de Maricarmen, ya que ella no cumple el requisito de tener una discapacidad del 65% para acceder a una segunda subrogación. La empresa también sostiene que la última renta que abonó la pensionista fue en 2024, a pesar de que ella asegura que “no les debe ni un euro”.
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Después del primer intento de desahucio en octubre, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se reunió con Maricarmen y con el Sindicato de Inquilinas y, aunque posteriormente enviaron una propuesta para buscar una solución, la organización critica no haber recibido respuesta en todos estos meses. Tampoco han tenido noticias, lamentan, ni del Ayuntamiento encabezado por José Luis Martínez Almeida ni del Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso, mientras que “los servicios sociales han sido incapaces de ofrecer a Maricarmen una alternativa digna”.
“Casos como este ponen en el centro del debate público la necesidad de contratos indefinidos que impidan que familias se queden en la calle después de cinco años, hagan lo que hagan, si bien el de Maricarmen es un caso aún más sangrante, teniendo en cuenta que lleva 70 años en la vivienda”, señala el sindicato. “El bajón físico de Maricarmen desde octubre hasta ahora es notable, porque los intentos de desahucio no la están dejando vivir”, añade la organización.
También critican la decisión que tomó el Congreso de derogar el decreto ley que permitía extender por dos años los contratos de alquiler que vencieran entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, y que establecía un límite del 2% en las subidas anuales de la renta. La medida fue rechazada por los votos en contra de PP, Vox y Junts, y la abstención del PNV, “dejando sin protección a cerca de un millón de familias inquilinas”, asegura la organización.
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Por todo ello, y con el objetivo de frenar el segundo intento de desalojo de Maricarmen en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, el sindicato ha organizado para este martes una jornada de actividades desde las 18:30 horas, que incluye un pasacalles que saldrá desde la Puerta del Retiro de la Biblioteca Eugenio Trías, una actuación infantil y la participación de figuras destacadas de la cultura como Olga Rodríguez, Alberto San Juan, Juan Diego Botto y Facu Díaz, además de varios conciertos. La jornada concluirá con una acampada por la noche.