El Instituto Cervantes en Utrecht ha asegurado este lunes que su sede sigue funcionando con normalidad, pese al embargo ordenado por la justicia neerlandesa. En un comunicado, el organismo cultural español ha desmentido que el edificio desde el que opera haya salido “a subasta, ni el fondo buitre ha tomado posesión del edificio”.
El Instituto Cervantes se ha pronunciado así después de que el fondo Blasket Renewable Investments asegurase haber tomado “posesión efectiva” de su sede en Utrecht a raíz del choque judicial abierto por la ejecución de laudos sobre las primas a las renovables de 2013.
El conflicto judicial ha salpicado ahora al Cervantes: el pasado mes de abril, el Tribunal de Distrito de La Haya ordenó el embargo de su sede en Utrech como pago de una reclamación del fondo Blasket Renewable Investment, en un procedimiento que deriva del caso de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico habían asegurado entonces a Efe que España se opondría al embargo preventivo y lo litigararía para defender los intereses nacionales.
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Disputa por un edificio de 10 millones de euros
El organismo cultural niega que, por el momento, el inmueble haya sido embargado o subastado, mientras los acreedores sostienen que ya han iniciado trámites para vender un edificio valorado en 10 millones de euros.
La institución española atribuye la alarma a una información remitida “de manera anónima a los medios de comunicación” y añade que el edificio “ni ha sido subastado ni embargado”. Según el propio Instituto Cervantes, el Gobierno le ha comunicado que ya ha activado a la Abogacía del Estado para proteger el inmueble, que identifica como propiedad de Patrimonio del Estado. El Cervantes añade que, para esa defensa, se está aplicando el derecho internacional y el derecho de la Unión, que a su juicio impide el pago del laudo cuya ejecución se intenta.
Los acreedores, sin embargo, han asegurado que ya han tomado “posesión efectiva” del edificio y que han colocado carteles en la fachada en los que se informaba de que el inmueble estaba en venta por ejecución de embargo. Esa versión ha sido rechazada tanto por fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como por fuentes del Cervantes en Utrecht, que han reiterado a Efe que la actividad del centro prosigue con normalidad.
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2.300 millones de deuda por las renovables
El conflicto por la sede de Utrecht tiene su origen en los litigios por las primas de las renovables. En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó la normativa sobre la retribución de las instalaciones renovables durante su vida útil, reduciendo las primas a pagar por la construcción de estas centrales de energía renovable.
El recorte llevó a la quiebra a varios inversores que habían apostado por las renovables. A partir de ese cambio se produjo una oleada de arbitrajes internacionales promovidos por inversores.
En Estados Unidos, siete empresas acreedoras han ganado procedimientos contra Madrid por una deuda reconocida de 688 millones de euros. En total, España adeuda 2.309 millones de euros a compañías afectadas por aquel cambio regulatorio de 2013.
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