Carmen Pano pasó durante años desapercibida fuera de determinados círculos empresariales vinculados a la intermediación mercantil y al sector energético. Su nombre apenas tenía presencia pública hasta que decidió identificarse como la persona que, según su versión, trasladó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz por indicación del empresario Víctor de Aldama. Desde entonces, la empresaria se ha convertido en una figura central en una de las derivadas más sensibles del ‘caso Koldo’ y de la investigación sobre el fraude de hidrocarburos que instruye la Audiencia Nacional.
Su irrupción en el foco político y judicial se produjo después de que trascendiera la existencia de un testimonio anónimo que hablaba de dos bolsas con dinero entregadas en la sede socialista de Madrid. Fue entonces cuando Pano decidió dar un paso al frente y asumir públicamente el relato. Según ha sostenido en distintas declaraciones, ella misma trasladó el dinero en octubre de 2020 y lo hizo siguiendo instrucciones directas de Aldama, considerado por los investigadores uno de los principales articuladores de la trama.
La empresaria ha mantenido esa versión tanto ante la Guardia Civil como en sede judicial. Su relato describe un traslado de efectivo en dos entregas de 45.000 euros transportados en bolsas debido al peso del dinero. También asegura que, al llegar a Ferraz, se identificó en recepción diciendo que acudía “de parte de Víctor de Aldama” y que posteriormente fue enviada a la segunda planta, donde un hombre recogió las bolsas. Pano sostiene además que aquellos hechos quedaron reflejados en un acta notarial que estaría dispuesta a aportar ante la Justicia.
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Del ámbito mercantil al centro del ‘caso Koldo’
Antes de verse envuelta en una de las investigaciones más delicadas de los últimos años, Carmen Pano desarrolló su actividad en el ámbito privado, especialmente ligada a pequeñas sociedades mercantiles y operaciones de intermediación comercial. Uno de los nombres que más aparece asociado a ella es el de Have Got Time, una empresa que administraba junto a su hija Leonor González y que ha acabado bajo el foco de las pesquisas judiciales.
Según el relato de la propia empresaria, esa sociedad se utilizó para distintas operaciones vinculadas al entorno empresarial de Aldama. Entre ellas figura la compra de un chalé en La Alcaidesa, en Cádiz, realizada en 2021. Pano asegura que aquella adquisición se efectuó “por orden de Aldama” y que ella misma ejecutó la operación a través de Have Got Time.
El inmueble terminó adquiriendo relevancia dentro de la investigación después de que apareciera vinculado al entorno de Claudio Rivas, propietario de Villafuel y otro de los nombres clave de la trama de hidrocarburos. Según distintas declaraciones incorporadas al procedimiento, el chalé habría sido utilizado por el exministro José Luis Ábalos y su familia durante periodos vacacionales, aunque la titularidad real estaría relacionada con el círculo empresarial investigado.
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La empresaria también ha situado su figura como pieza de conexión dentro de la red de contactos que rodeaba a Aldama y Claudio Rivas. Pano asegura que fue ella quien presentó a ambos empresarios y quien mantuvo durante años una relación profesional continuada con el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’. Esa posición le habría permitido participar en distintas gestiones y operaciones relacionadas con el sector de los hidrocarburos, ahora bajo investigación por un supuesto fraude millonario a la Agencia Tributaria.
El traslado de las bolsas y la investigación judicial
El episodio de las bolsas con dinero en Ferraz es el elemento que terminó colocando a Carmen Pano en el centro de la actualidad política y mediática. Su versión ha sido ratificada posteriormente en sede judicial y ha adquirido aún más relevancia después de que otras declaraciones incorporadas a la causa apuntaran en la misma dirección.
Entre ellas destaca la del chófer Álvaro Gallego, también investigado en la causa y encargado del desplazamiento hasta la sede socialista. Según su testimonio, él mismo vio fajos de billetes dentro de las bolsas que transportaba Pano. En su declaración judicial relató que la empresaria “cruzó la calle y volvió sin la bolsa” y describió cómo el dinero iba colocado en una bolsa transparente dentro de otra de color marrón.
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Gallego aseguró además que el efectivo procedía de un emisario relacionado con Claudio Rivas, extremo que refuerza las conexiones entre la supuesta entrega de dinero y la trama empresarial investigada por la Audiencia Nacional. Tanto Carmen Pano como su hija Leonor González están siendo investigadas en la causa sobre el fraude de hidrocarburos junto a otros empresarios y personas vinculadas al entorno de Aldama.
La investigación judicial sostiene que parte de los movimientos económicos analizados podrían haber estado relacionados con la obtención de licencias para operar en el sector energético. En ese contexto, algunas declaraciones apuntan a que determinados pagos o entregas de dinero buscaban influir en cargos públicos y facilitar intereses empresariales vinculados a la trama.
El nombre de Carmen Pano ha vuelto a adquirir protagonismo después de que el juez Santiago Pedraz incluyera en un reciente auto indicios de que una supuesta organización vinculada a Leire Díez intentó ofrecerle 50.000 euros para modificar o condicionar su declaración judicial. Según la resolución, el ofrecimiento habría sido canalizado a través de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García.
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El magistrado sostiene que la empresaria se encontraba citada para volver a declarar cuando varios de los investigados comenzaron a hablar sobre la necesidad de “negociar” con ella. El auto reproduce conversaciones intervenidas en las que se afirmaba que “esta se vende” y que “debemos saber comprar”, expresiones que el instructor relaciona con el supuesto intento de alterar el contenido de su testimonio.
La figura de Carmen Pano ha quedado así situada en uno de los puntos de mayor sensibilidad de la investigación: el cruce entre las presuntas entregas de dinero, las relaciones empresariales del entorno de Aldama y las maniobras que ahora investiga la Audiencia Nacional para intentar influir en declaraciones judiciales vinculadas al caso.