El PSOE se resiste a iniciar el proceso de suspensión de militancia a José Luis Rodríguez Zapatero tras la apertura de diligencias de la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de dinero. Ferraz mantiene una defensa sin fisuras del expresidente del Gobierno porque consideran que todavía no hay “pruebas concluyentes” que lo incriminen.
Y a la espera de conocerse el contenido íntegro de la investigación a Zapatero, en Ferraz no está previsto aplicar el artículo 90.2 de los Estatutos Federales, que dispone de forma expresa la suspensión cautelar de la militancia en casos de procedimientos penales abiertos.
A pesar de la existencia de este artículo, el PSOE introdujo en su reglamento interno varias disposiciones que han atenuado este castigo. El último Congreso Federal del PSOE el pasado diciembre de 2024 incorporó una “cláusula antilawfare”, que permite blindar a aquellos militantes citados en el banquillo si existe una causa judicial “con fines políticos”. El último en activar esta cláusula fue el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, involucrado en la causa que investiga la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.
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Ábalos y Cerdán, dos salidas forzadas
La estrategia del PSOE choca con la celeridad con la que se aplicó la máxima en los casos de importantes figuras en el partido como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, quienes, a diferencia de Zapatero, sí desempeñaban un cargo orgánico en la Ejecutiva Nacional. En el caso del exministro de Transportes y exsecretario de Organización, Ferraz consideró suficiente la detención de su exasesor, Koldo García, para abrir un expediente y lanzar un ultimátum contra el exsecretario de Organización socialista para entregar su acta de diputado “en un plazo de 24 horas”.
Por aquel entonces, Ábalos no figuraba ni como imputado ni siquiera como señalado en la causa que todavía investiga la compra irregular de material médico desde las administraciones públicas durante la pandemia. No obstante, la cúpula socialista entendió que existía una “responsabilidad política” que debía saldarse con su salida inmediata.
En cuanto a su sucesor en el cargo, Santos Cerdán, el partido apuró su respaldo político hasta el último minuto, si bien finalmente fue suspendido tras la aparición del primer informe de la UCO con su nombre. En aquel momento tampoco figuraba como imputado.
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El mismo castigo se ha ido aplicando en los casos de presunto acoso sexual que ha salpicado a miembros socialistas en sus federaciones territoriales, al entenderse que se incurrieron en varias vulneraciones en el reglamento de conducta cívica y ética de los Estatutos Federales. Entre los nombres se encontraban el líder socialista en Torremolinos, Antonio Navarro; el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, y concejales de diversos consistorios.
Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional, donde deberá dar las explicaciones oportunas sobre los indicios hallados por la Policía Nacional, que le apuntan como líder de una red que gestionó ayudas públicas a Plus Ultra por 53 millones de euros. El Gobierno fía su futuro a esta cita, pero entre medias se esperan nuevas revelaciones que podrían hacer estallar la legislatura.