Desde que el pasado 20 de abril se abrió el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes, los Servicios Sociales y las asociaciones que otorgan certificados de vulnerabilidad se han visto desbordados ante el aluvión de peticiones, lo que está generando retrasos e incertidumbre para quienes esperan acceder al procedimiento. En algunos pueblos la situación se complica todavía más, ya que a la falta de recursos se suma, según denuncia el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, la “escasa voluntad” de los responsables de los servicios sociales para gestionar estos trámites. Un ejemplo es Talayuela, en Cáceres, un municipio de poco más de 7.000 habitantes y con la mayor proporción de población migrante de Extremadura: cerca del 40% de sus vecinos son de origen marroquí.
“Entendemos que algunos ayuntamientos tienen menos personal, que están sobrepasados y no dan abasto, pero hay que ponerse en el lugar de quienes ven en este proceso la posibilidad de tener una vida digna. En este caso no hay voluntad“, explica a Infobae la activista Maryorit Guevara, presidenta de este colectivo, que forma parte del Registro de Colaboradores de Extranjería, encargado de emitir el certificado de vulnerabilidad requerido para quienes no han trabajado en España con contrato ni tienen hijos menores a su cargo.
Entidades sociales como esta han asumido un rol clave en el proceso de regularización, atendiendo de forma directa a quienes necesitan el certificado de vulnerabilidad ante la falta de respuesta de muchos ayuntamientos. ”Hemos vivido en carne propia esa desesperación de no tener documentos y sabemos qué consecuencias tiene a la hora de acceder a derechos básicos", señala el colectivo, que cuestiona que se exija acreditar la vulnerabilidad cuando “la propia situación administrativa irregular de los migrantes ya implica esa condición”.
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“Tener que demostrar constantemente la propia precariedad para acceder a derechos básicos es una forma de revictimización. El certificado de vulnerabilidad es apenas la punta del iceberg de un sistema que burocratiza el sufrimiento y profundiza la exclusión", sostiene Guevara.
En Talayuela, en concreto, la asociación que encabeza Guevara ha atendido recientemente a más de un centenar de personas, en su mayoría hombres marroquíes, a quienes “los trabajadores sociales no les han emitido el certificado de vulnerabilidad” a pesar de presentar la documentación requerida, explican. “Estos 105 expedientes estaban registrados por el ayuntamiento, todos con empadronamiento, pero no les han hecho el certificado de vulnerabilidad”, afirma. Según explica, además, a algunos solicitantes les han pedido documentos que “no se contemplan en el real decreto” para acceder al proceso.
“Talayuela es el ejemplo perfecto de un sistema que nos quiere sin derechos, un sistema que está pensado en la explotación de nuestros cuerpos sin el mínimo acceso a derechos, porque esas 105 personas y otras tantas que nos han solicitado ayuda son vecinos del pueblo del día a día, son la comunidad, son la misma España”, reivindica la activista.
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Este periódico ha intentado contactar en varias ocasiones con el Ayuntamiento de Talayuela, tanto por teléfono como por correo electrónico, pero no ha obtenido respuesta.
A los obstáculos para obtener el certificado de vulnerabilidad se suma que muchas personas migrantes tienen serias dificultades para desplazarse hasta Talayuela desde otros pueblos, por las limitaciones del transporte público en Extremadura. Además, para quienes trabajan como peones en fincas o como internas y viven aislados y sin empadronamiento, acceder a la regularización resulta aún más complicado.
Acuerdo entre PP y Vox en Extremadura
Las complicaciones que enfrentan muchos migrantes para obtener el certificado de vulnerabilidad llegan en un contexto marcado por el nuevo acuerdo político entre PP y Vox en Extremadura, firmado a mediados de abril. El pacto, que recoge más de 70 medidas, incluye algunas de las principales demandas de Vox, como el endurecimiento de las políticas migratorias, y entre los compromisos asumidos por el Gobierno autonómico figura el rechazo a la acogida de menores extranjeros no acompañados y oponerse legal, jurídica y políticamente a cualquier mecanismo de “reparto” de migrantes en situación irregular, tanto adultos como menores.
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PP y Vox se han comprometido a no abrir nuevos centros de acogida ni ampliar las plazas en los ya existentes, y llevar a cabo auditorías anuales para reducir al mínimo los gastos vinculados a la migración irregular. También plantean prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos antes de que finalice 2026, una propuesta que ya intentaron promover en el Congreso.
El punto 7 del acuerdo entre ambas formaciones establece que el acceso “a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas” se inspirará en el principio de prioridad nacional, de forma que se asignarán antes a quienes mantengan “un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Para acceder a estas ayudas, se exigirá un tiempo mínimo de residencia y empadronamiento en la región —diez años para comprar vivienda y cinco años para alquiler—, así como haber cotizado y contribuido al sistema. Además, según el acuerdo, quienes estén en situación irregular solo podrán recibir asistencia social en situaciones de urgencia vital.
El acuerdo del PP y Vox en Extremadura también elimina el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros públicos de Talayuela, una decisión que ha generado críticas entre la comunidad educativa y preocupación entre la población migrante, que percibe estas medidas como discriminatorias y teme que dificulten aún más su regularización y el acceso a servicios básicos.
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Dificultades para conseguir el informe de antecedentes penales
Como requisitos generales para poder acogerse al proceso de regularización, las personas migrantes en situación irregular deben acreditar su llegada a España antes del 31 de diciembre de 2025, demostrar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses previos a la solicitud y no tener antecedentes penales. De hecho, la obtención del informe de antecedentes penales, emitido por las autoridades del país de origen, también está presentando dificultades en numerosos consulados y embajadas, donde las citas se conceden con mucha demora.
Esta situación afecta sobre todo a personas originarias de países africanos como Gambia, Guinea Conakry, Senegal o Argelia. La falta del mecanismo de apostilla de La Haya, que permite validar documentos de manera rápida, hace que en los países que no forman parte del convenio el certificado deba gestionarse por vía diplomática, lo que alarga aún más los plazos.