El sistema público de pensiones español vuelve a situarse en el centro del debate económico y político. El envejecimiento acelerado de la población, la jubilación masiva de la generación del ‘baby boom’ y la menor entrada de jóvenes al mercado laboral están poniendo bajo presión un modelo basado en el reparto: las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de quienes ya se han retirado.
España ha aprobado en la última década reformas para contener el gasto. La de 2013 introdujo el llamado factor de sostenibilidad —más tarde derogado— y fijó un calendario progresivo para retrasar la edad legal de jubilación. A partir de 2027, la edad ordinaria quedará establecida en 67 años para quienes no alcancen 38 años y medio cotizados, mientras que quienes superen ese periodo podrán seguir retirándose a los 65.
Sin embargo, el creciente deterioro de las cuentas del sistema ha abierto un nuevo interrogante: ¿qué ocurriría si el Gobierno decidiera dar otro paso y elevar la jubilación hasta los 69 años para carreras laborales incompletas y hasta los 67 para quienes hayan cotizado más tiempo?
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Un retiro más tardío y menos rentable al reducir el tiempo de cobro
Las simulaciones actuariales apuntan a que el impacto sería mucho más profundo de lo que parece. Aunque trabajar dos años más permitiría mejorar ligeramente la pensión mensual, el efecto global para muchos jubilados sería negativo debido a la reducción del tiempo total de cobro.
Los expertos en pensiones de BBVA ponen el supuesto de un trabajador que hoy se jubila a los 67 años y puede esperar cobrar la pensión durante cerca de 20 años, teniendo en cuenta la esperanza de vida actual. Si la edad legal se retrasase hasta los 69, ese periodo caería a unos 18 años.
El resultado es una pérdida importante en la llamada tasa de retorno, es decir, la relación entre lo aportado al sistema durante toda la vida laboral y lo recibido posteriormente como pensión.
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Los cálculos de BBVA estiman que esa rentabilidad podría reducirse entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales. Traducido al bolsillo, un pensionista medio pasaría de recibir entre 1,5 y 1,7 euros por cada euro cotizado a percibir entre 1,39 y 1,44 euros.
Más pensión al mes, pero menos dinero total
El retraso de la jubilación sí tendría un efecto positivo limitado: aumentar ligeramente la pensión mensual. Los trabajadores seguirían cotizando durante más tiempo y sustituirían años antiguos con bases bajas por salarios más recientes y elevados.
Desde BBVA calculan que, tomando como referencia la pensión media de jubilación en España, situada en 1.569 euros mensuales en abril de 2026, las simulaciones apuntan a que dos años adicionales de trabajo podrían elevar esa cuantía alrededor de un 4%, hasta unos 1.632 euros al mes.
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Sin embargo, esa mejora no compensaría el recorte del periodo de percepción. Al cobrar la pensión durante menos años, el pensionista acabaría perdiendo más de 25.000 euros en ingresos acumulados a lo largo de toda la jubilación.
El problema afectaría especialmente a quienes comenzaron tarde su carrera laboral, tuvieron empleos precarios o atravesaron periodos de desempleo. Muchos apenas superarían los 35 años cotizados y serían los más perjudicados por el retraso.
El riesgo de una nueva fractura social
Los expertos de BBVA advierten además de otro efecto colateral: un aumento del riesgo de pobreza entre las personas mayores expulsadas prematuramente del mercado laboral.
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En España, miles de trabajadores mayores de 55 años tienen enormes dificultades para volver a encontrar empleo tras un despido. Si la edad legal de jubilación se retrasa aún más, muchos quedarían atrapados durante años dependiendo de subsidios asistenciales, ayudas públicas o del Ingreso Mínimo Vital.
La situación sería especialmente delicada para quienes no pudieran acogerse a modalidades de jubilación anticipada involuntaria. El temor de muchos analistas es que se produzca un “efecto huida”: trabajadores intentando jubilarse antes para evitar futuras penalizaciones más severas.
Actualmente, la edad real de jubilación en España ronda los 65,3 años, todavía por debajo de la edad legal. Sin embargo, la distancia se ha ido reduciendo debido al aumento de las jubilaciones demoradas y al endurecimiento de las condiciones para retirarse anticipadamente. Las jubilaciones demoradas ya representan cerca del 11% del total, más del doble que hace apenas seis años. Al mismo tiempo, las anticipadas han caído significativamente tras las reformas introducidas en 2021.
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El gran desafío: empleo sénior y productividad
El debate sobre retrasar la jubilación no es únicamente financiero. También plantea un enorme reto laboral y social. España sigue teniendo una tasa de empleo inferior a la media europea entre trabajadores de 55 a 64 años. Aunque la situación ha mejorado en los últimos años, muchas empresas continúan expulsando talento sénior o dificultando su permanencia.
Los expertos alertan de que elevar la edad de jubilación sin transformar el mercado laboral podría generar un aumento del desempleo encubierto. Personas demasiado jóvenes para jubilarse, pero demasiado mayores para ser contratadas, quedarían atrapadas durante años en subsidios de larga duración.
A ello se suma el impacto físico en determinados sectores. Profesiones como la construcción, la hostelería, la industria o los cuidados presentan elevados niveles de desgaste físico y difícilmente podrían prolongarse hasta los 69 años sin consecuencias sobre la salud de los trabajadores.
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El riesgo, según los analistas, es trasladar el coste del envejecimiento exclusivamente sobre los empleados, sin acometer reformas paralelas que impulsen la productividad, la formación continua y la adaptación de los puestos de trabajo a una población más envejecida.