El 54% de las personas LGTBI+ ha sido víctima de algún acto de odio, presencial u online, en el último año y el 22% ha sufrido una agresión física. Así lo revela el informe Estado del Odio 2026, presentado este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ y que por primera vez recoge cifras sobre el impacto del odio en el entorno digital: cuatro de cada diez personas del colectivo han experimentado ataques en redes sociales. La investigación, elaborada junto a un equipo del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC) a partir de 800 entrevistas, señala también que la percepción del odio ha crecido al menos ocho puntos porcentuales desde 2024, hasta los 13 puntos en el caso del acoso público y los discursos de odio.
De acuerdo con datos recogidos por la federación, la prevalencia del acoso a personas LGTBI+ se ha incrementado del 20% al 36% entre 2024 y 2026, mientras que la discriminación ha pasado del 23% al 29% y las agresiones físicas han subido del 7% al 22%.
La investigación subraya que la mitad de las víctimas ha sufrido estos actos de odio más de tres veces en cinco años. Según María Rodríguez, responsable de investigación de la FELGTBI+, “este patrón sugiere que estos episodios no constituyen hechos aislados, sino experiencias repetidas a lo largo del tiempo”. El informe también señala que el odio afecta con mayor intensidad a personas en situación de vulnerabilidad, como personas trans, jóvenes, quienes poseen menor nivel educativo, menores ingresos o presentan interseccionalidades como racialización o discapacidad.
Efectos individuales y sociales
Laura Morales, profesora de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y coautora del informe, advierte que el odio hacia las personas LGTBI+ deja huellas profundas no solo en la vida cotidiana, sino también en la salud mental. Según el estudio, quienes sufren estos ataques presentan niveles más altos de depresión, ansiedad, apatía, soledad, rabia y miedo. Además, el informe asocia este clima hostil con el “sexilio”, una realidad que empuja a muchas personas del colectivo a mudarse de su entorno, independientemente de que vivan en grandes ciudades o pequeños pueblos, en busca de un lugar donde puedan sentirse seguras.
El documento advierte sobre el riesgo de que estos niveles de odio se conviertan en estructurales si las políticas públicas no actúan con mayor contundencia. “Es preocupante que la experiencia de situaciones de odio se mantenga en niveles tan elevados en los últimos dos años, lo que puede apuntar a la existencia de un clima social y político que permite y legitima la violencia contra las personas LGTBI+”, sostiene Morales.
Pacto de Estado
Frente a estos datos, la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, ha insistido en la urgencia de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los colectivos más vulnerables. “Nuestras vidas están en juego y solo un consenso democrático, como el Pacto de Estado, podrá garantizar una protección estable y duradera contra los discursos de odio que son la antesala de la violencia”, ha señalado. Además, subraya la necesidad de reformas estructurales y una mejor tipificación del odio en el Código Penal, así como el refuerzo de los recursos policiales y judiciales para proteger a las víctimas.
Las mujeres lesbianas son las que menos denuncian
El informe recoge que las denuncias por delitos de odio han aumentado hasta alcanzar el 35% en 2026, casi el doble que en 2024. Sin embargo, sólo el 15% de las víctimas acudió exclusivamente a la policía o autoridades, mientras que el 41% buscó ayuda en organizaciones LGTBI+. Las mujeres, en especial las lesbianas, son quienes menos denuncian. Según la investigación, muchas personas del colectivo no denuncian ante la policía u otras instituciones oficiales porque no confían en que les vayan a creer, piensan que no recibirán un trato adecuado o dudan de que su problema se resuelva.