¿Cómo acreditar origen sefardí para conseguir la nacionalidad española? Más allá de lo que pueda parecer, la Ley 12/2015 exige la demostración fehaciente de la vinculación con España, por un lado, y el visto bueno de asociaciones de carácter judío. No obstante, aquí reside una de las dificultades para los solicitantes: que dichas agrupaciones sean reconocidas por la Federación de Comunidades Judías de España.
Una mujer de El Salvador recibe la negativa de los tribunales españoles a su solicitud de obtener la nacionalidad española por no entregar pruebas suficientes sobre su origen sefardí, un requisito exigido por la Ley 12/2015, aquella que otorga la nacionalidad española para los descendientes de sefardíes expulsados. La decisión, confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid en enero de 2026, se apoya en la falta de evidencias objetivas que acrediten la ascendencia reclamada.
La sentencia indica que la documentación presentada por la solicitante, entre la que figuran certificados de comunidades judías de su país natal y un informe histórico, “no alcanza el nivel de prueba necesario para demostrar la condición de sefardí originario de España”.
El tribunal subraya que los certificados notariales o los avales de comunidades que no están reconocidas por la Federación de Comunidades Judías de España no cumplen el estándar de rigor requerido, como sucede en este caso. Además, la autoridad judicial señala que tampoco se constata una especial vinculación con España por parte de la ciudadana, condición que la normativa contempla como un elemento adicional de evaluación.
Origen de la ley que otorga la nacionalidad a descendientes de sefardíes expulsados
La Ley 12/2015, aprobada por el Congreso español, permite acceder a la nacionalidad a descendientes de sefardíes expulsados de España en 1492, siempre que acrediten el vínculo y su origen mediante documentos fiables. Desde la entrada en vigor de la norma, miles de personas en América Latina han presentado solicitudes, aunque los tribunales insisten en que la simple presentación de documentos notariales no es suficiente si no existe un respaldo oficial de entidades reconocidas.
“La Administración española debe valorar con especial celo la autenticidad y la solidez de los documentos presentados”, advierte la resolución. Entre las pruebas consideradas insuficientes se incluyen cartas de recomendación y certificados emitidos por organizaciones judías locales que no cuentan con el reconocimiento oficial de la Federación española. El fallo también recuerda que la vinculación con España debe sustentarse en hechos concretos, como la participación en actividades culturales o la presencia de familiares residentes en el país. Dichos requisitos no son cumplidos por la mujer salvadoreña.
Un proceso exhaustivo desde 2015: demostrar la veracidad de criterios históricos, genealógicos y culturales
La Federación de Comunidades Judías de España ha recibido un incremento en las consultas y solicitudes de apoyo documental desde 2015, aunque recalca que el proceso para acreditar la condición de sefardí es exhaustivo y se fundamenta en criterios históricos, genealógicos y culturales rigurosos.
El caso de la ciudadana salvadoreña pone de manifiesto la complejidad del procedimiento y el nivel de exigencia que aplica la justicia española para evitar fraudes o solicitudes infundadas. La sentencia señala que la Administración mantiene la potestad de exigir pruebas objetivas y evaluar cada caso de manera individual, en línea con la normativa vigente.
Pese a la existencia de la ley, la concesión de la nacionalidad por esta vía sigue siendo un proceso sujeto a estrictos controles administrativos y judiciales, lo que ha generado múltiples recursos y litigios en los últimos años. La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid refuerza la posición de las autoridades españolas sobre la necesidad de acreditar con rigor el origen sefardí y la vinculación efectiva con el país.
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