Cancelan en la Universidad Carlos III una charla sobre el franquismo con un miembro de la Fundación Francisco Franco como único ponente

El evento, organizado por la Asociación de Prensa de la UC3M, planteaba un análisis sobre si se vivía mejor con el dictador

Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, a 2 de febrero de 2025, en Leganés, Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

La Asociación de Prensa de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) organizaba para este martes una charla para sus estudiantes sobre el franquismo. El evento tendrá como único invitado al historiador Jaime Alonso García, miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Bajo el título ¿Con Franco se vivía mejor?, el encuentro prometía “un análisis riguroso del franquismo desde una perspectiva histórica y con datos objetivos”. “Durante la sesión se abordarán temas que preocupan especialmente a los jóvenes —como la economía, el empleo, la vivienda o las libertades— comparando la situación durante el franquismo con la realidad”, describen desde la Asociación de Prensa UC3M.

Pese a que el encuentro permanece anunciado en la plataforma Eventbrite, fuentes de la organización aseguran que el evento ha sido cancelado. Según han explicado a Infobae, el objetivo era traer a otro historiador a la charla, que finalmente no ha podido asistir. El único ponente del evento habría sido Jaime Alonso García, miembro y exvicepresidente ejecutivo de la Fundación Nacional Francisco Franco. Abogado de profesión, García ha llegado a ser definido como “sucesor ideal” de Francisco Franco por alguno de los descendientes del dictador.

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Captura de pantalla de la descripción del evento en la plataforma EventBrite.

En declaraciones a los medios, Jaime Alonso García ha definido a Franco como “un hombre poliédrico, excepcional, providencial en la Historia de España” y creado para “salvarnos del mayor enemigo que ha tenido nunca la nación, que es el comunismo”. García es hijo de “un franquista excepcional” herido en combate durante la Guerra Civil, según sus propias palabras, y opina que “no hay nada más importante que la defensa de Franco, que es la defensa de mi padre”.

El Gobierno ilegaliza la Fundación Francisco Franco

Varias personas hacen el saludo fascista a la salida de la misa funeral en recuerdo de Francisco Franco, en la parroquia de los Doce Apóstoles, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Fer(nando Sánchez / Europa Press)

En junio de 2024, el Ministerio de Cultura inició los cauces legales para solicitar judicialmente la disolución de la Fundación Nacional Francisco Franco. El Gobierno actuaba en consonancia con la Ley de Memoria Democrática y la ley de Fundaciones, tras concluir que la actividad de la organización hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue los fines de interés cultural.

Cultura defiende que la Fundación Francisco Franco utiliza de forma recurrente sus canales de comunicación para difundir una narrativa que ensalza la figura de Francisco Franco. El Gobierno apreciaba “un menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe” en sus actividades, con descalificaciones de las víctimas y sus historias, negando y minimizando los daños sufridos, a la par que realizando una relectura sesgada de la historia.

La Fundación Francisco Franco presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso para paralizar su ilegalización. Desde la perspectiva de la fundación, la extinción solicitada por la Administración no solo supondría la pérdida de su personalidad jurídica y la liquidación de su patrimonio, sino que, según sus alegaciones recogidas por Europa Press, configuraría daños institucionales irreversibles al alterar su reputación y situación jurídica.

El TSJM, sin embargo, terminó rechazando su solicitud, al no considerar acreditado que se generen riesgos de daños irremediables que no puedan solventarse en el marco del procedimiento ordinario. No obstante, el tribunal ha acordado la apertura de una pieza separada en la que se valorará la solicitud de suspensión a través del trámite ordinario, medida que permitirá al Abogado del Estado, representante del Ministerio de Cultura, presentar alegaciones en un plazo de diez días antes de la resolución definitiva sobre la suspensión.

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