En las autoescuelas y centros de exámenes de toda España, el proceso para obtener el permiso de conducir B sigue un itinerario bien definido: primero, una revisión médica y prueba psicotécnica; después, el examen teórico; y finalmente, la prueba práctica.
Aprobar el examen teórico supone superar un test de 30 preguntas extraídas del código de circulación. Muchos aspirantes, agobiados por la presión o la falta de preparación, buscan atajos para aprobar y recurren a métodos como consultar chuletas, mirar la pantalla de algún compañero o utilizar dispositivos electrónicos. La normativa actual, recogida en la Ley 18/2021, califica estos comportamientos como infracción muy grave.
Las consecuencias no se limitan a un suspenso: copiar implica una multa de 500 euros y la prohibición de presentarse de nuevo al examen durante al menos seis meses. Además, si el aspirante ya había suspendido antes, la sanción puede suponer reiniciar todo el proceso, pagando de nuevo las tasas y perdiendo oportunidades en la matrícula vigente.
El sistema español concede hasta tres oportunidades para aprobar el teórico y la práctica con una sola matrícula. Si el teórico se aprueba en la segunda tentativa, solo queda una oportunidad para la práctica. Si en esa segunda oportunidad se detecta algún intento de copia, la persona sancionada tendrá que asumir la multa, esperar el tiempo estipulado y volver a abonar las tasas, lo que incrementa notablemente el coste y la dificultad de obtener el permiso.
Dejarse 1.000 euros en un kit de espía en lugar de estudiar
El empeño por burlar el sistema ha llevado a algunos aspirantes a recurrir a métodos cada vez más elaborados. Se han identificado varios casos de personas que trataron de copiar en el examen teórico empleando dispositivos electrónicos ocultos. El mecanismo consistía en instalar una pequeña cámara que enfocaba la pantalla del examen; las imágenes se transmitían a un grupo externo, situado en el exterior del centro. Este grupo, provisto del manual oficial, dictaba las respuestas correctas mediante un diminuto auricular inalámbrico, prácticamente invisible para los examinadores.
El precio de estos sistemas no es bajo. Algunos aspirantes llegaron a pagar hasta 1.000 euros, además de los costes habituales de la autoescuela, las tasas de la DGT y la multa correspondiente. El uso de estos métodos no solo encarece el proceso, sino que puede dejar a la persona inhabilitada para examinarse durante seis meses. Según la normativa, el intento de utilizar cualquier dispositivo de intercomunicación no autorizado - ya sea cámara, pinganillo, teléfono móvil o similar - se considera infracción muy grave. Esto se aplica tanto a los exámenes para obtener el permiso de conducir como a los de recuperación de licencias; y esa sanción de 500 euros e inhabilitación temporal para presentarse al examen recae tanto sobre el aspirante como sobre quienes colaboren en la trama.
Queda claro, entonces, que - teniendo en cuenta además que los contenidos del examen teórico no son de comprensión pura, sino más bien una cuestión de memoria - quizás lo mejor es prepararse bien el examen, no sea que por optar por la alternativa acabe uno teniendo que esperar medio año y con un agujero en el bolsillo.