A juicio cuatro activistas detenidos por las protestas durante la última etapa de la Vuelta a España: la Fiscalía pide hasta dos años de prisión

La última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que habría recorrido el centro de Madrid, tuvo que ser cancelada por una protesta multitudinaria de manifestantes pro palestinos que rechazaban la participación del equipo Israel Premier-Tech. Los manifestantes cortaron y bloquearon varios tramos del recorrido, desde los que lanzaron objetos y se enfrentaron a cargas policiales en una jornada que acabó con dos detenidos y 22 agentes heridos. La última etapa de la Vuelta a España terminó, debido a esto, a casi 60 kilómetros de la meta. El paseo del Prado, Callao y Atocha fueron las zonas principales de tensión, donde más incidentes se dieron entre los manifestantes y la Policía.

Desde primera hora de la tarde, centenares de manifestantes coreaban frases como “¡No es una guerra, es un genocidio!" y “Netanyahu, criminal”, reunidos bajo el lema “La única meta: Palestina libre” en una convocatoria del Comité palestino del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones de protestas pacíficas en varios puntos del recorrido. 1.100 agentes de la Policía Nacional y 400 de la Guardia Civil fueron desplegados en un operativo de seguridad.

Cuatro activistas se enfrentan a penas de entre 21 y 25 meses de prisión

Hoy, a 10 de marzo de 2026, la Audiencia Provincial de Valladolid ha ordenado la apertura de juicio oral para cuatro activistas detenidos durante la última etapa de la Vuelta. La Fiscalía solicita para ellos penas de entre 21 y 25 meses de prisión. El escrito del Ministerio fiscal, al que han hecho referencia fuentes judiciales, imputa a los acusados un delito de desórdenes públicos, y a dos de ellos, además, el de resistencia a la autoridad. Los activistas no tienen antecedentes penales. Todavía no hay fecha concreta para el juicio.

El Ministerio Público plantea también la imposición de una fianza y que la Subdelegación del Gobierno de Valladolid ejecute las sanciones administrativas en caso de condena, aunque por el momento las multas se mantienen suspendidas. La Fiscalía ha pedido, además, que se incorpore como prueba en el juicio el vídeo de la detención grabado por los agentes de policía que participaron en el operativo.

Según la versión de la Fiscalía, el 11 de septiembre los activistas irrumpieron en la calzada portando banderas palestinas y saltaron el perímetro de seguridad, con la intención de “cortar el recorrido de los ciclistas del equipo de Israel, poniendo en riesgo la integridad física de los ciclistas” y de los propios agentes encargados del desalojo. Se señala que, al tratarse de una contrarreloj, los deportistas circulaban a gran velocidad, lo que, a juicio del Ministerio Público, suponía una mayor situación de peligro. Dos de los activistas, indica la acusación, “se opusieron con gran intensidad y violencia a la detención”, al ser desalojados por agentes uniformados y de paisano.

Los acusados admiten los hechos, pero los defienden como una “denuncia de un hecho inadmisible”

La posición de los activistas ha sido clara desde el principio del proceso. Han reconocido los hechos, pero rechazan que estos constituyan delito. “En coherencia con lo dicho previamente, somos nosotros los que cometimos los hechos, pero no creemos que sea un delito”, han señalado a través de su entorno. Tras ser citados en los juzgados, rechazaron un acuerdo de conformidad con la Administración de Justicia y manifiestan que “seguimos con la cabeza alta”. A este caso se suma el de otro activista sancionado con una multa de 700 euros por concentrarse junto a un centenar de personas frente a la comisaría de Policía Nacional del barrio de las Delicias, en Valladolid, en apoyo a los detenidos.

En su argumentación, los activistas han criticado lo que consideran una contradicción por parte del Gobierno, que “defiende el ‘no a la guerra’ y el reconocimiento de Palestina, pero pide para ellos casi ocho años de cárcel en total por denunciar en La Vuelta la presencia de un equipo que blanquea las acciones de Israel en Gaza”.

Añaden que el escrito de la Fiscalía “expresa una clara beligerancia contra las personas procesadas, mediante un relato fantasioso acerca de los hechos realmente acontecidos”. Según los acusados, la acusación “especula con la posibilidad de un impacto de los ciclistas contra los agentes de la policía nacional o contra el público en general y alude al ejercicio por parte de los activistas de una ‘gran intensidad y violencia’ contra la detención, algo que jamás tuvo lugar”.

En este contexto, los encausados han reiterado que “desde el primer momento, las personas acusadas reconocimos los hechos, pero sin considerar que tuvieran ningún carácter de ilícito penal, sino que por el contrario estábamos contribuyendo a la denuncia de un hecho inadmisible”. Consideran que esta convicción “es apoyada por una inmensa mayoría social” y que “con las nuevas circunstancias de la guerra en Oriente Medio” su postura cobra aún más sentido.

El procedimiento judicial sigue su curso, con las sanciones económicas suspendidas hasta que exista una sentencia. Los propios acusados prevén que a las peticiones penales se sumen las administrativas, mientras que el recurso sobre la multa de 700 euros por la concentración de apoyo sigue pendiente. En sus palabras, “parece incoherente, por no decir absolutamente contradictorio, que a través de las instituciones de un Gobierno que teóricamente hace gala del ‘No a la guerra’ se soliciten ocho años de cárcel para activistas que, tomándose en serio el genocidio contra el pueblo palestino, salimos a la calle en Valladolid para denunciar la presencia en la Vuelta Ciclista de un equipo representante del régimen sionista y asesino de Israel, siendo éste el principal exportador de la guerra, el exterminio y la violación de los derechos humanos en Oriente Próximo”.