Castilla y León celebrará el próximo 15 de marzo elecciones autonómicas para renovar las Cortes, el Parlamento del que saldrá el presidente de la Junta. La convocatoria se produce en un contexto de fragmentación política y con una oferta electoral que alcanza las 25 candidaturas, según las listas publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
Los comicios servirán para elegir a 82 procuradores —denominación propia que reciben los parlamentarios autonómicos en esta comunidad, en lugar de “diputados”— y situarán la mayoría absoluta en 42 escaños. La singularidad del término responde a una tradición histórica vinculada a las antiguas Cortes medievales, aunque en la práctica sus funciones son las habituales en cualquier parlamento autonómico: aprobar leyes, controlar al Ejecutivo y elegir al presidente.
Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de España y una de las menos densamente pobladas. Con un territorio amplio y disperso y un marcado carácter rural, la comunidad afronta desde hace años desafíos estructurales como la despoblación, el envejecimiento demográfico y la prestación de servicios públicos en municipios de reducido tamaño. Este contexto territorial condiciona tanto la agenda política como el propio diseño del sistema electoral, que mantiene una representación provincial equilibrada entre territorios muy desiguales en población.
El sistema electoral es proporcional y aplica el método D’Hondt en cada una de las nueve provincias, que funcionan como circunscripciones independientes. Valladolid elegirá 15 procuradores; León, 13; Burgos, 11; Salamanca, 10; Ávila, Palencia, Segovia y Zamora contarán con 7 cada una; y Soria, 5. Las candidaturas deben superar el 3% de los votos válidos en su provincia para entrar en el reparto, lo que en las circunscripciones más pequeñas eleva de facto la barrera real de acceso.
La cifra de 42 escaños marcará la línea entre un Gobierno con mayoría suficiente y otro obligado a negociar apoyos parlamentarios.
Un tablero fragmentado y 52 candidaturas nuevas
La principal novedad de esta convocatoria es el incremento de listas respecto a 2022: se han registrado 52 candidaturas nuevas, impulsadas en buena medida por la división del espacio a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español y por la irrupción de nuevas formaciones.
En el bloque de partidos con representación en la legislatura que concluye, el Partido Popular vuelve a situar al actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, como referencia electoral, encabezando la lista por Salamanca y presentando candidatura en las nueve provincias. Frente a él, el PSOE presenta a Carlos Martínez como candidato, número uno por Soria, con la aspiración de disputar la primacía electoral. Vox, por su parte, sitúa al actual presidente de las Cortes, Carlos Pollán, como cabeza de lista por León y también concurre en todo el territorio autonómico.
La fragmentación se aprecia con especial claridad en el espacio situado a la izquierda del PSOE. La coalición que en 2022 se presentó bajo la marca Unidas Podemos acude ahora dividida en dos candidaturas distintas. Por un lado, Izquierda Unida concurre junto a Movimiento Sumar y Verdes-Equo en las nueve provincias, con Juan Gascón como candidato autonómico. Por otro, Podemos se presenta con Alianza Verde, con Miguel Ángel Llamas también en todo el territorio.
Junto a estas fuerzas de ámbito nacional, mantienen presencia partidos de implantación territorial. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) concurrirá en la región leonesa, encabezada por Alicia Gallego en la provincia de León, mientras que el Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) también presentará candidaturas en ese espacio. Soria ¡Ya! volverá a competir en la provincia soriana y Por Ávila lo hará en Ávila y Valladolid.
Entre las novedades destaca la irrupción de Se Acabó la Fiesta (SALF), que se presenta en las nueve provincias. La formación incorpora a exprocuradores de Vox expulsados durante la legislatura, como Javier Teira, que encabeza la lista por Salamanca, y Ana Rosa Hernando, integrante de la candidatura por Burgos. También aparece Nueve Castilla y León, el partido liderado por Silvia Clemente, que concurre en ocho provincias —todas menos Palencia— y que en Burgos lo hace en coalición con Decide Burgos.
Ciudadanos, que obtuvo un procurador en 2022 por Valladolid, se presenta ahora en siete provincias —todas salvo Palencia y Segovia—, mientras que otras formaciones como el Partido Castellano-Tierra Comunera y PACMA concurren en las nueve.
El mapa se completa con candidaturas de implantación más limitada, como Por Un Mundo Más Justo, el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), distintas marcas vinculadas al movimiento España Vaciada según la provincia, y partidos estrictamente provinciales como Vamos Palencia, Coalición por El Bierzo o Vía Burgalesa Municipalista.
Impacto político nacional
Aunque se trata de elecciones autonómicas, el resultado tendrá una lectura que trasciende el ámbito regional. Castilla y León ha sido en las últimas décadas un territorio de fuerte implantación del Partido Popular y escenario de pactos con Vox en la legislatura que concluye. El comportamiento del electorado el 15 de marzo será observado en clave nacional como termómetro del equilibrio entre PP y PSOE y como indicador de la evolución del espacio político a derecha e izquierda en un contexto de creciente fragmentación.
Con 82 procuradores en juego y una mayoría absoluta fijada en 42 escaños, la aritmética parlamentaria que surja de las urnas no solo determinará el próximo Gobierno autonómico, sino que enviará también una señal política más amplia sobre la correlación de fuerzas en uno de los territorios históricamente relevantes del mapa electoral español.