El Gobierno se ha pasado el fin de semana intentando levantar un castillo de naipes con cartas marcadas. La propuesta de financiación autonómica pactada entre el PSOE y Esquerra Republicana y presentada por María Jesús Montero apenas ha tenido tiempo de asentarse antes de quedar rodeada por un coro de negativas que, por su volumen y por su procedencia, hacen que las opciones de que salga adelante sean prácticamente nulas. En el papel, el Ejecutivo aspira a inyectar 21.000 millones de euros al sistema y a “corregir desigualdades”, pero en la práctica se enfrenta a una aritmética política que convierte el acuerdo en una pieza frágil, sostenida por muy pocos apoyos y por demasiados vetos cruzados.
Desde el primer momento, el Gobierno ha tratado de ampliar el perímetro del pacto con ERC apelando a los grandes partidos de la oposición y, en particular, al PP y a Junts. La estrategia es clara: si la financiación autonómica quiere tener recorrido, necesita salir del eje estrictamente parlamentario de la investidura y convertirse en un acuerdo de Estado. El problema es que ni los populares ni los de Carles Puigdemont parecen dispuestos a ofrecer ese oxígeno. Para unos, el modelo “privilegia a los de siempre”; para los otros, “perpetúa el café para todos”. Entre ambos diagnósticos, el espacio político en el que podría crecer el proyecto queda reducido a una franja casi inexistente.
El jueves, Pedro Sánchez y Oriol Junqueras escenificaron el entendimiento en La Moncloa y al día siguiente Montero lo trasladó al detalle técnico. Desde entonces, los posicionamientos se han ido acumulando con un patrón casi uniforme: rechazo o, en el mejor de los casos, tibio escepticismo. Incluso en territorios gobernados por el PSOE, el acuerdo ha generado más incomodidad que entusiasmo, un dato que retrata hasta qué punto la iniciativa nace cuesta arriba.
Presiones internas y un PP en bloque
La portavoz socialista que ha salido este domingo a defender el texto con más vehemencia ha sido Pilar Bernabé. La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha puesto el foco en Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de imponer a sus barones una negativa que considera “imperdonable”. Para Bernabé, la propuesta es “una oportunidad única” para blindar el Estado del Bienestar y reforzar el Estado autonómico, una apelación que busca situar al PP en la incómoda posición de frenar una inyección millonaria para sanidad, educación y servicios públicos.
Sin embargo, el Partido Popular ha reaccionado justo en sentido contrario: alineando a sus presidentes autonómicos y líderes territoriales en una contestación coral. Jorge Azcón, presidente de Aragón y candidato a la reelección, ha ironizado con que un debate entre dirigentes socialistas favorables y contrarios al modelo acabaría siendo “un ring de boxeo”, una imagen que apunta directamente a las grietas del PSOE. Azcón ha citado, entre otros, a Emiliano García-Page y a Adrián Barbón, dos barones socialistas que ya han mostrado reticencias, para subrayar que el problema no es solo de oposición, sino de falta de consenso dentro del propio partido del Gobierno.
Desde Murcia, Fernando López Miras ha adelantado que su comunidad acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles con una posición de rechazo frontal. Defiende un sistema basado en la igualdad entre territorios y sin privilegios, y critica que la propuesta nazca de un acuerdo con ERC, un argumento que conecta con una de las líneas de ataque más repetidas por el PP: la idea de que el modelo está condicionado por los equilibrios de la mayoría parlamentaria y no por criterios técnicos.
En Galicia, Alfonso Rueda ha añadido otro ladrillo al muro al oponer “la unidad, la solidaridad y la igualdad” a lo que define como “egoísmos” y “chantajes”. Y en Castilla-La Mancha, Paco Núñez ha prometido tumbar la iniciativa “en todas y cada una de las cámaras”. Con este frente compacto, Feijóo no solo no se ve presionado a negociar, sino que encuentra un incentivo político en convertir la financiación en un nuevo eje de confrontación territorial.
Un PSOE con dudas y aliados tibios
Lo más delicado para el Gobierno es que el rechazo no se limita a la derecha. En Castilla-La Mancha, el presidente del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Tomás Godoy, ha dejado claro que el modelo “no nos gusta” porque no tiene en cuenta el coste real de los servicios. Su crítica, formulada en términos de equidad —que no haya “menús especiales” para algunos—, coincide en parte con los reproches del PP y revela una fractura que Montero tendrá difícil coser.
Tampoco los socios habituales del Ejecutivo se alinean de forma automática. El BNG, clave en la investidura, ha calificado el modelo de “refrito” y reclama para Galicia la “llave de su dinero”, una formulación que se aleja del esquema de régimen común que propone el Ministerio de Hacienda. En Cataluña, Comuns sí se ha posicionado a favor, pero lo ha hecho poniendo el acento en la lucha contra el “dumping fiscal” del PP, una reivindicación que, aunque conecta con el discurso socialista, no suma apoyos suficientes para cambiar el equilibrio de fuerzas.
ERC, por su parte, trata de presentar el acuerdo como un paso, aunque no definitivo. Elisenda Alamany ha respondido a las críticas de Junts con una frase que resume la disputa en el campo independentista: “Los tuits aportan cero recursos”. Pero esa pulla no esconde que Junts, imprescindible para cualquier mayoría alternativa, no tiene incentivos para respaldar un modelo que no rompe con el “café para todos” y que no le permite exhibir una victoria diferenciada para Cataluña.
Con este mapa, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se perfila más como un escenario de choque que como una mesa de pacto. El Gobierno llegará con una propuesta diseñada para ser presentada como generosa y correctora de desigualdades, pero enfrente tendrá a un PP decidido a bloquearla y a varios ejecutivos autonómicos —incluidos socialistas— dispuestos a cuestionar sus fundamentos. La aritmética parlamentaria tampoco ofrece un refugio claro: sin PP ni Junts, y con socios como el BNG desmarcándose, el margen para transformar el acuerdo PSOE-ERC en un nuevo sistema de financiación se estrecha hasta rozar lo simbólico.
En ese contexto, las apelaciones a la responsabilidad de Estado y a la oportunidad histórica suenan más a un intento de ganar tiempo que a una estrategia con visos de éxito. La propuesta nace con la etiqueta de provisionalidad y con la sospecha de haber sido diseñada más para sostener una mayoría que para cerrar un debate que lleva décadas abierto, un lastre que pesa tanto como los 21.000 millones prometidos y que explica por qué, a día de hoy, las posibilidades de que vea la luz parecen casi inexistentes.