Un año más, aunque con cambios significativos, Felipe VI protagonizó este 24 de diciembre el tradicional mensaje de Navidad. Lo hizo de pie, con traje azul marino y en una intervención más breve de lo habitual —apenas nueve minutos— desde el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, un escenario elegido expresamente cuando se cumplen cuarenta años de la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas y medio siglo desde el inicio de la Transición democrática, dos hitos que el monarca quiso situar como referencias históricas del presente.
En este marco, Felipe VI articuló su discurso en torno a tres grandes ideas: la necesidad de preservar la convivencia democrática, el llamamiento al compromiso colectivo y la confianza en el futuro. Reivindicó la Transición como un ejercicio de responsabilidad compartida, defendió la Constitución de 1978 como el marco común que permitió edificar el “vivir juntos” y destacó la integración europea como motor decisivo de modernización.
Al mismo tiempo, introdujo una mirada social muy directa: alertó sobre el aumento del coste de la vida, las dificultades de acceso a la vivienda —especialmente entre los jóvenes— y las incertidumbres derivadas de los cambios tecnológicos, apelando a la ejemplaridad de los poderes públicos, a la empatía y a situar en el centro a los más vulnerables. Recordó que la convivencia es una construcción “frágil”, que exige cuidado permanente, y cerró con un mensaje de confianza: “Somos un gran país”, antes de felicitar la Navidad en todas las lenguas cooficiales.
El PSOE celebra la orientación del discurso y destaca su defensa de la convivencia
El PSOE recibió el discurso con satisfacción y con un respaldo explícito a los ejes marcados por el Rey. La presidenta del partido, Cristina Narbona, celebró el llamamiento a la convivencia y al diálogo y destacó que Felipe VI situara la defensa de las instituciones en el corazón del mensaje, como condición imprescindible para preservar el bien común. Los socialistas remarcan que el monarca acertó al advertir de cómo los extremismos y populismos se alimentan de la desconfianza y encuentran terreno en un contexto de desigualdades y desinformación, dos factores que, sostienen, preocupan y condicionan a la ciudadanía.
Narbona puso en valor que el Rey reivindicara la Transición como un ejemplo histórico de voluntad compartida entre fuerzas políticas muy diferentes, que supieron anteponer el interés general y que siguen siendo referencia para el presente. También destacó su defensa de los valores constitucionales y europeos, recordando que ambos marcos han permitido consolidar derechos, libertades y pluralismo, así como abrir España al exterior y sostener avances económicos y sociales.
El PSOE aseguró que está comprometido con la integridad institucional y con garantizar “la máxima ejemplaridad en la acción pública”. En el plano más social, el partido se alineó con las preocupaciones mencionadas por el monarca: vivienda, coste de la vida, emergencias climáticas y retos tecnológicos, y reivindicó su trabajo para afrontar estos desafíos. Narbona subrayó además la importancia de la corresponsabilidad entre todas las administraciones en un país descentralizado como España, al tiempo que expresó confianza en la capacidad de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, para seguir construyendo convivencia democrática y una prosperidad más justa y compartida.
El PP “asume como propio” el mensaje
Desde el Partido Popular, la reacción fue igualmente clara y contundente. El secretario general, Miguel Tellado, calificó el discurso de “oportuno, sereno y profundamente necesario”, y destacó que Felipe VI volvió a demostrar, a su juicio, su compromiso con los problemas reales de la gente al hablar no solo de convivencia democrática, sino también de vivienda, coste de la vida, conciliación y revolución tecnológica. Para los populares, esa doble dimensión, institucional y social, refuerza la autoridad y utilidad del mensaje.
Tellado insistió en que el Rey situó la convivencia democrática como el gran patrimonio común de los españoles y recordó el esfuerzo de las generaciones que protagonizaron la Transición, así como la importancia de la pertenencia a la Unión Europea. A su entender, todos los avances de estas décadas descansan sobre esos pilares y la gran misión colectiva del presente es preservarlos, reforzar la confianza en las instituciones y evitar que extremismos y populismos determinen el rumbo del país.
“El PP asume este mensaje como propio”, afirmó, asegurando que la formación se siente plenamente identificada con él y que trabajará para restaurar la confianza institucional, garantizar la convivencia y construir “una España de todos y para todos”, sin muros ni divisiones permanentes. Alberto Núñez Feijóo reforzó esa posición al suscribir públicamente las palabras del Rey, defender la convivencia y reivindicar la Constitución y Europa como garantes de libertad y prosperidad.
Sumar, IU y Podemos denuncian falta de compromiso y desconexión con los problemas materiales
La lectura fue muy distinta en el espacio de la izquierda alternativa. Desde Sumar, la portavoz del grupo parlamentario, Verónica Martínez Barbero, calificó el mensaje de “decepcionante” y criticó lo que considera una “falta de compromiso” del monarca y su negativa a “tomar partido” ante problemas estructurales como la desigualdad, la precariedad laboral o la crisis de la vivienda. A su juicio, no basta con exaltar el pasado cuando Europa atraviesa un momento decisivo y se viven situaciones internacionales de extrema gravedad. “La democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora”, afirmó, lamentando además el silencio sobre cuestiones como el avance del “trumpismo” en Europa o la situación en Palestina.
Más dura fue la valoración de Izquierda Unida. Su coordinador general, Antonio Maíllo, habló de un “preocupante distanciamiento” entre el discurso del monarca y la realidad de la mayoría social. Criticó que, mientras miles de personas sostienen su vida con esfuerzo, precariedad y escaso reconocimiento, el Rey se limitara —según su interpretación— a una enumeración superficial de problemas, sin concretar ni abordar sus causas. Maíllo reprochó que el mensaje destacara “más por lo que no dice que por lo que dice”, echando en falta referencias claras a la crisis económica, a la situación de la sanidad y la educación públicas o a la violencia de género.
Podemos fue aún más frontal en su crítica. La secretaria de Derecho a la Vivienda, Lucía Muñoz, consideró el discurso “vacío” y ejemplo de “lo lejos que le queda a la Casa Real la realidad de la gente trabajadora”. Denunció que Felipe VI pida reducir la crispación mientras ignora —dijo— que esa tensión nace de desigualdades crecientes que afectan precisamente a los más vulnerables. Muñoz acusó al monarca de “sumarse a la antipolítica” y de construir un relato “tramposo” sobre convivencia y concordia, equiparando, según su denuncia, víctimas y victimarios, fascistas y antifascistas, racistas y antirracistas, machistas y feministas. La dirigente de Podemos lamentó además la ausencia de referencias al rearme europeo, a la situación en Palestina, al auge de la extrema derecha o al movimiento feminista, y criticó que no hubiera una mención clara a la dictadura franquista.
Del rechazo frontal del independentismo a la llamada a bajar la crispación
Las reacciones del resto de fuerzas completaron un panorama político muy amplio. EH Bildu anunció que no valoraría el discurso porque “las vascas y los vascos no tenemos Rey”, calificando a Felipe VI como heredero de un legado “franquista y reaccionario”. En Cataluña, dirigentes de Junts, ERC y la CUP cuestionaron la credibilidad del monarca para pedir moderación y fin de los extremismos, recordando su intervención tras el 1-O y acusándole de haber actuado entonces como factor de confrontación. Desde Galicia, el BNG interpretó el mensaje como prueba de una Monarquía alejada de las preocupaciones reales, centrada —a su juicio— en una visión complaciente de la Transición y la Constitución. En una posición distinta se situó Coalición Canaria, que valoró el llamamiento del Rey a rebajar la crispación política, recuperar la confianza ciudadana y evitar privilegios territoriales, defendiendo acuerdos útiles, centrados en las personas y en la cohesión territorial.