
La batalla judicial entre Italia y Ryanair ha desembocado en una sanción sin precedentes: la aerolínea irlandesa deberá pagar una multa de 255,76 millones de euros por abuso de posición dominante y por bloquear durante dos años la venta de pasajes a través de agencias de viajes. La resolución, comunicada este martes por la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM), afecta a los hechos ocurridos entre abril de 2023 y abril de 2025, y supone la sanción más elevada impuesta a una empresa aérea en el país.
La AGCM sostiene que Ryanair Holdings diseñó e implementó una estrategia para dificultar el acceso de las agencias de viajes -tanto en línea como físicas- a los vuelos de la compañía, lo que redujo la competencia en el mercado turístico italiano y, en consecuencia, perjudicó a los consumidores.
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En este sentido, la autoridad italiana identificó varias fases en la conducta de la aerolínea: primero, la introducción de controles de reconocimiento facial para billetes adquiridos por agencias; después, el bloqueo de medios de pago y la cancelación masiva de cuentas ligadas a agencias de viajes en línea; finalmente, la imposición de acuerdos restrictivos a intermediarios que pretendían ofrecer vuelos de Ryanair combinados con otros servicios turísticos.
El impacto sobre las agencias de viajes y la competencia
La investigación de la AGCM detectó que Ryanair, con una cuota de mercado superior al 30% en Italia, aplicó desde fines de 2022 distintas medidas que progresivamente restringieron la actividad de las agencias. Durante 2023, la empresa bloqueó de manera total o parcial las reservas realizadas por agencias y eliminó cuentas de numerosas OTAs (agencias de viajes en línea). En 2024, la presión se trasladó a la firma de acuerdos con condiciones limitantes, dirigidos tanto a las OTAs como a las agencias físicas, en los que se prohibía ofrecer vuelos de Ryanair combinados con servicios de otros operadores.
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El organismo antimonopolio italiano subraya que las acciones de la compañía “han perjudicado la posibilidad de las agencias de adquirir vuelos de Ryanair para combinarlos con los vuelos de otros transportistas o con servicios turísticos adicionales, reduciendo la competencia, directa e indirecta, ejercida por las propias agencias y, en consecuencia, la calidad y cantidad de los servicios turísticos ofrecidos a los consumidores”.
Plataformas de gran volumen como Booking y eDreams, así como agencias tradicionales, vieron limitado su acceso a los pasajes de la aerolínea, lo que alteró la oferta global para el usuario final y restringió las alternativas de compra. Además, el bloqueo de reservas y la cancelación de cuentas se emplearon también como instrumentos de presión para forzar la adhesión de los intermediarios a los nuevos acuerdos promovidos por Ryanair.
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La respuesta de Ryanair y el nuevo frente judicial
La reacción de Ryanair ha sido inmediata. El consejero delegado, Michael O’Leary, calificó la sanción de “absurda” y “legalmente insostenible”, y anunció que la empresa apelará la resolución. O’Leary criticó duramente a la AGCM, a la que acusó de actuar bajo presión de una OTA española y de un “pequeño número de agencias físicas italianas”, e insistió en que la sanción contradice una sentencia previa del Tribunal de Milán, que validaba el modelo de distribución directa de la compañía y atribuía a esa modalidad beneficios para los consumidores.
Según el directivo, “la resolución de la AGCM es un agravio a la protección del consumidor y a la ley de competencia”. La empresa sostiene que su política de distribución directa, a través de su sitio web, permite eliminar comisiones y trasladar ahorros en los precios de los billetes, una posición que quedó respaldada en la sentencia del Tribunal de Milán de enero de 2024. Además, Ryanair subraya que mantiene acuerdos con la mayoría de las agencias de viajes, siempre que estas no cobren sobreprecios al cliente final.
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La sanción de la AGCM supera ampliamente los 107 millones de euros impuestos en 2024 a Ryanair en España por otras prácticas comerciales. La compañía irlandesa considera que la autoridad italiana “manipuló” los límites del mercado para justificar la posición dominante de la aerolínea y que el fallo responde a intereses particulares de un grupo reducido de intermediarios. “No se puede confiar en que la AGCM proteja a los consumidores o haga cumplir el derecho de la competencia cuando puede ser inducida a error por un pequeño número de agencias tradicionales y una OTA española”, añadió O’Leary.
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