
La nota de prensa dice así en uno de los párrafos: “En una de las viviendas ubicada en Ávila, los agentes encontraron un auténtico taller clandestino de armas de fuego y munición de guerra. Se intervinieron 44 armas de fuego, algunas con el número de serie borrado y modificadas con silenciadores, munición de guerra y un vehículo blindado bélico con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior”. La Policía Nacional introdujo esta información para comunicar que había realizado una operación conjunta con la Agencia Tributaria en la que había desarticulado “una organización criminal” que había defraudado unos 300 millones en IVA.
Hubo ocho detenidos y otros diez investigados, una operación realizada por la UDEF bajo la tutela de la Audiencia Nacional. Muchos de ellos vinculados con la empresa Biomar Oil, una operadora que se especializó en la compraventa de hidrocarburos. El propietario de ese supuesto “taller clandestino” ha explicado a Infobae que “no entiende cómo la Policía pudo incluir esa información en su comunicado, cuando no es cierta”. Lo que los investigadores llaman “taller clandestino es en realidad una pequeña armería donde una empresa que nada tiene que ver con Biomar guarda estas armas inutilizadas que se alquilan para rodajes en películas”. Todo, asegura, se puede visitar en una finca que hay en el municipio abulense de Mingorría. “Todo, la armería y las armas tienen el permiso de la Guardia Civil”, señala.
El tanque también se alquila para series y películas. El blindado en cuestión es un BMR de seis ruedas de los utilizados en misiones internacionales y que ya están en desuso dentro de las Fuerzas Armadas, mientras que la torreta lleva incorporada una Browning M2 del 12.7 x 99 mm que está inutilizada. “Lo compramos por unos 10.000 euros en un desguace de Burgos, donde se vendían más modelos como este. Se alquila por unos 2.500 euros para estos rodajes”. En cuanto a las 44 armas, “había varias de la Guerra Civil, una mía personal para mi protección, armas de caza y las de los rodajes. Todas con permiso, incluida la ametralladora que usaba ‘Rambo’ en sus películas”, matiza. “Todo en regla”, señala. Este diario ha tenido acceso a la documentación de la compra del tanque, que incluye el número de bastidor que tenía el vehículo cuando se utilizó en el Ejército y que deja claro que el blindado listo para el desguace se vendía al comprador “para rehabilitar como vehículo histórico”. De hecho, los agentes que registraron esta nave no han requisado ni inmovilizado el vehículo.

Los agentes también encontraron 60 vehículos de lujo, entre los que hay Ferraris y Porsches, junto con motocicletas de alta cilindrada. “Todos están destinados al alquiler. Es el negocio de un familiar”. También hay otro vehículo militar de la II Guerra Mundial, un sidecar del ‘Afrika Korps’, las unidades nazis que Hitler envió al norte de África, la icónica motocicleta BMW R75. La ametralladora es de juguete y los proyectiles tienen los culotes disparados, por lo que no se pueden volver a utilizar. La Policía Nacional dio muchos datos de esta operación. En los nueve registros que realizaron, encontraron 130.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo y activos financieros que superan los 14 millones de euros. Además, se han bloqueado cuentas con más de 12,5 millones, más de 3,6 millones de litros de carburante y 46 inmuebles por un valor de cinco millones.
218 millones de multa
Biomar Oil irrumpió con fuerza en el mercado de los combustibles en 2021 como proveedor a nivel mayorista de unas 2.500 gasolineras alternativas a los grandes grupos, donde destacan las cadenas low cost. Su facturación se disparó hasta los 1.000 millones anuales después de que ampliara el negocio y se lanzara a la compra de combustibles refinados fuera de España que traía por barco para posteriormente venderlos en el mercado nacional. Las empresas que comercializan con gasolina o diésel al por mayor tienen en España la obligación de sumar una parte de combustibles de origen renovable a su producto final.
La medida es clave para cumplir los objetivos europeos de penetración de energía verde en el transporte y, por ende, de descarbonización. El Gobierno sancionó a la empresa con 218 millones por no cumplir con estos objetivos, decisión que está judicializada por parte de Biomar, que por la sanción perdió la licencia para operar a finales de 2024. Actualmente, está en concurso de acreedores.
La investigación comenzó a principios de 2023 cuando la UDEF tuvo conocimiento de grandes movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos compatibles con un posible blanqueo de capitales. Esto puso de manifiesto la existencia de dos operadoras petrolíferas (Biomar y BioZenite) que estaban incumpliendo sistemáticamente con sus obligaciones fiscales (impago de IVA). Esta nueva trama vendía el carburante incluso a pérdida, por debajo del precio al que lo compraron. Su secreto estaba en el IVA: no lo pagaban, no abonaban el IVA repercutido, se quedaban ese dinero y eso les permitía conseguir unos márgenes inasumibles para el resto de la competencia. Gracias a esa mecánica ilegal tenían la capacidad de ofrecer gasolina y gasóleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios mucho más bajos que los de cualquier competidor que sí cumpliera con sus obligaciones tributarias.
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