La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha comenzado su propia investigación sobre el apagón masivo que dejó sin electricidad a prácticamente toda la península ibérica el pasado 28 de abril. Si el organismo identifica posibles infracciones de alguno de los agentes, podría abrir procedimientos sancionadores que llevarían a multas de hasta 60 millones de euros a las compañías que hayan cometido infracciones graves o muy graves. Además, el Gobierno también dispone de la facultad de imponer sanciones que incluyen la inhabilitación de dichas empresas durante un máximo de tres años.
Así lo ha confirmado Cani Fernández, presidenta de la CNMC, durante su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander. En declaraciones recogidas por El Periódico, Fernández ha explicado que el organismo regulador ha abierto un expediente propio para determinar las causas del cero energético.
Asimismo, ha detallado que, aunque la investigación la instruye la CNMC, la responsabilidad de imponer sanciones puede recaer también en el Ministerio para la Transición Ecológica. El procedimiento sancionador contempla la posibilidad de suspender las autorizaciones para operar en el sector eléctrico y de retirar el acceso a subvenciones o ayudas públicas durante el mismo periodo de tiempo.
Foco en el origen del apagón y el papel de cada operador en la red
La investigación de la CNMC se centra en identificar el origen de las oscilaciones que provocaron el apagón y en comprobar si se produjo una falta de control de la tensión en el sistema eléctrico: “Los informes de Red Eléctrica y del Gobierno nos vienen a contar qué pasó y nosotros vamos a investigar por qué pasó”, ha aclarado la presidenta.
Fernández ha señalado esta mañana que todas las instalaciones tienen la obligación de responder a la regulación de tensión y que no todas cumplieron con ese cometido. El análisis abarca tanto centrales convencionales como fuentes de generación renovable y grandes consumidores, con el objetivo de esclarecer si existió una respuesta inadecuada por parte de alguno de estos actores.
El proceso incluye también la revisión de las primeras desconexiones que se produjeron durante la incidencia, para determinar si se ejecutaron correctamente o si obedecieron a fallos técnicos u operativos. La CNMC estudia el posible impacto de los distribuidores eléctricos y si una mayor coordinación en la red podría haber evitado la propagación del apagón.
Medidas y propuestas tras el análisis del incidente eléctrico
Con esto, la CNMC pretende arrojar luz sobre el motivo del incidente y evaluar la gestión del sistema eléctrico durante la crisis. Los informes finales podrían incluir propuestas de mejora y medidas de alivio para sectores indirectamente afectados, como las telecomunicaciones y el transporte ferroviario, que también experimentaron el impacto del apagón.
“Una vez analizados hechos y entendido los porqués elaboraremos informes con las conclusiones y las propuestas que consideremos oportunas”, ha matizado Fernández. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se reunirá con la presidenta de la CNMC para coordinar las acciones entre el Ejecutivo y el organismo regulador en la investigación.
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