Un agente de la Guardia Civil frustra un robo, es agredido por uno de los ladrones y el Estado le indemniza con 111.000 euros: el agresor se declaró insolvente

Un agente de la Guardia Civil ha sido finalmente indemnizado con 111.845,58 euros por las lesiones que sufrió durante una intervención en La Mojonera (Almería), en noviembre de 2020, cuando impidió un robo en una vivienda. La compensación ha sido asumida por la Administración General del Estado, tras demostrarse la insolvencia del agresor condenado por los hechos.

Aunque el fallo judicial que reconocía el derecho a esta cuantía se dictó en septiembre de 2023 por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Almería, el agente no había podido recibir la suma hasta fechas recientes. El motivo: el condenado se declaró insolvente, lo que obligó a activar un procedimiento excepcional de responsabilidad subsidiaria por parte del Estado.

“El hecho de que el agresor demostrase su incapacidad para cumplir con sus obligaciones financieras provocó que tuviésemos que reclamar la cuantía indemnizatoria a la Administración General del Estado en base a la normativa específica de cobertura a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", explica Fran Peláez, abogado de PenalTech y responsable de la asesoría jurídica de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), entidad a la que pertenece el agente.

Los hechos se remontan al 21 de noviembre de 2020, en plena pandemia. El acusado, acompañado por otra persona que no llegó a ser identificada, accedió a dos viviendas del municipio almeriense con la intención de sustraer objetos de valor. Fue entonces cuando una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar, frustrando el robo.

En su intento de huida, el delincuente se enfrentó a uno de los agentes. Durante el forcejeo, empujó con violencia al guardia civil, que cayó al suelo y sufrió lesiones de gravedad, necesitando 437 días para su completa estabilización.

El Juzgado de lo Penal n.º 2 de Almería condenó al agresor por tres delitos: robo con fuerza en grado de tentativa (con pena de 1 año y 8 meses de prisión), atentado contra agente de la autoridad (6 meses de prisión) y lesiones (con multa de 720 euros). Asimismo, se le impuso el pago de la indemnización de más de 111.000 euros, que nunca llegó a abonar por su falta de recursos.

Ante esta situación, el abogado Fran Peláez recurrió a la vía contemplada en la normativa de protección a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, solicitando que fuera la Administración General del Estado quien asumiera el pago.

“Desde el inicio, este asunto nos ha exigido mucha dedicación y esfuerzo en el despacho”, asegura Peláez. “El caso se archivó en instrucción y, tras lograr la sentencia favorable a los intereses de nuestro cliente, nos tuvimos que enfrentar al obstáculo de la declaración de insolvencia del condenado”, añade.

Finalmente, el Estado ha asumido el pago íntegro de la indemnización, lo que pone fin a un proceso largo y complejo. “Sin embargo, la Administración ya ha abonado la cuantía íntegra al agente y, ahora sí, junto al incansable apoyo de la Asociación, podemos evidenciar nuestra satisfacción total al confirmar que el asociado ya ha sido resarcido conforme a la resolución judicial dictada en 2023″, concluye el letrado.