La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este martes la casa del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por orden del juez del Tribunal Supremo que instruye el ‘caso Koldo’. Los agentes están desde las siete de la mañana en la residencia que el hoy diputado del Grupo Mixto tiene en la ciudad de Valencia. Buscan información sobre el supuesto pago de comisiones en obras del Ministerio de Transportes que había denunciado el comisionista Víctor de Aldama.
El que fuera secretario de Organización del PSOE y mano derecha del presidente Pedro Sánchez está siendo investigado en el Tribunal Supremo por varios delitos de corrupción, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. La UCO no solo está registrando la casa de Ábalos, sino las sedes de varias empresas. Lo que busca la UCO, por orden del Supremo, son datos sobre los contratos modificados de obra pública que Aldama, también imputado en la trama, señaló que podrían estar amañados. Se trata de una pieza declarada secreta.
Aldama ya aportó al juez una copia de conversaciones que mantuvo con Koldo García a través de WhatsApp con mensajes genéricos sobre la adjudicación amañada de obras públicas entre ambos. También entregó una nota manuscrita que atribuye al exasesor de Ábalos y en la que se hablaba de obras que se habrían realizado en capitales de provincia como Valladolid, Huesca, Jaén, Ourense o Lugo. Koldo García aseguró en una entrevista a ‘La Sexta’ que esa no era su letra y que no sabía lo que había escrito en ese documento. Según destacó el Supremo cuando asumió la investigación, Ábalos presuntamente “participaba en beneficios derivados” de la actividad supuestamente encabezada por Koldo García y el comisionista Aldama. El juez decidió entonces abrir una pieza secreta y ahora busca pruebas en casa de Ábalos de cobro de comisiones.
En el registro se han intervenido varios dispositivos electrónicos y los agentes están realizando el clonado de su contenido, diligencia que se puede prolongar durante horas. Ábalos vive en la avenida de la Constitución de Valencia, en un bajo que ha unido a un primero. El juez del Supremo que lleva el caso encargó en abril a la UCO que investigase la adjudicación de las obras públicas y los supuestos modificados que aparecían en unos documentos aportados a la causa por Aldama y cuya adjudicación, según el empresario, se había pactado con Ábalos a cambio de comisiones ilegales. El juez reclamó a la Guardia Civil que identificase a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas licitaciones y fiscalizase el procedimiento de licitación.
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