El europeísta Nicusor Dan gana, por sorpresa, la segunda vuelta de los comicios de Rumanía frente a los ultranacionalistas

El actual alcalde de Bucarest y candidato independiente, Nicusor Dan, ha vencido este domingo al ultranacionalista George Simion en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Rumanía, según los datos oficiales que cuenta con el 99,2% del escrutinio, algo que confirmaban también las dos encuestas que se han hecho a pie de urna a las 20 de esa misma tarde. El resultado ha sido interpretado como una muestra del compromiso del país con la Unión Europea, ya que su candidato se ha caracterizado con un perfil europeísta.

Nicusor Dan habría obtenido un 54,0% de los votos que superan casi con diez puntos de diferencia en cuanto a su contrincante, Simion, quien ha obtenido el 46,0%. Además, los ciudadanos se han congregado en las diferentes sedes antes de conocer el resultado oficial. Algo promovido por sendos candidatos, que se han autoproclamado como ganadores de las elecciones antes de conocer la suma total de los votos.

Ana Vaquerizo, periodista de 24 horas, ha podido confirmar que los rumanos agrupados en la sede de Nicusor se sienten “aliviados” por el aparente resultado de las elecciones, ya que en la primera vuelta, celebrada hace dos semanas, Simion se impuso con el 41% del recuento. Sin embargo, la participación, de más del 60%, ha supuesto la gran diferencia con la del 4 de mayo, en la que tan solo acudieron el 35% de los ciudadanos. La elevada actuación se debe en gran medida a la implicación de la diáspora, que comenzó a votar el viernes. Según datos aún provisionales, 1.299.960 rumanos en el extranjero han ejercido su derecho, lo que representa un 75% más que en la primera vuelta.

Una campaña marcada por la injerencia rusa

Estos comicios, considerados los más relevantes desde el retorno a la democracia, marcarán la orientación geopolítica del país. La repetición de las elecciones fue necesaria después de que Calin Georgescu, un candidato prorruso y extremista, apoyado por Simion, ganara en una polémica primera vuelta en noviembre. El Tribunal Constitucional anuló entonces el proceso por supuesta injerencia rusa, lo que provocó una crisis política en esta nación del este europeo, que ha despertado las alertas en Bruselas.

Simion, conocido admirador del expresidente estadounidense Donald Trump, acudió a votar a primera hora junto a Georgescu y expresó sus motivaciones: “He votado contra las injusticias cometidas contra el pueblo rumano, he votado contra las desigualdades y humillaciones a las que fueron sometidas nuestras hermanas y hermanos y aquí en las fronteras actuales y en todas partes, he votado contra los abusos y la pobreza, contra quienes nos desprecian a todos, pero también para que nuestro futuro sea decidido únicamente por los rumanos”.

A su lado, Georgescu —actualmente investigado por fraude electoral— afirmó: “He votado por la familia rumana en la que las palabras madre y padre sean santas, por nuestro país aquí y en todas partes, que necesita amor, curarse y reconciliarse”.

La sombra de escenarios extremos

En el caso de que Simion alcanzase la presidencia de Rumanía, existirían cuatro posibles escenarios. El primero: el nombramiento de Georgescu como primer ministro. Por sus medidas económicas podría llegara a crear una importante crisis económica por su falta de conocimientos y sus ideas poco ortodoxas.

En un segundo escenario, Simion podría forzar su propia designación como jefe del Gobierno. Si no se elige a Georgescu en 60 días, el Parlamento —donde las fuerzas de extrema derecha suman el 32% de los escaños— se podría disolver y obligar a ir a unas elecciones legislativas anticipadas.

El tercero sería un referéndum para que los rumanos decidan si fue correcta la decisión del Tribunal Constitucional de anular la primera vuelta en noviembre. Si gana que no se debieron cancelar, se celebraría de nuevo supuestamente para volver a la vida democrática.

Por último, Simion ha planteado otro plebiscito para transformar el país de una república en una monarquía, una iniciativa que la Constitución prohíbe, pero que el candidato podría intentar imponer incluso por decreto presidencial, ignorando al Tribunal Supremo.