Un aspecto poco conocido del sistema de Seguridad Social en España podría ser el puente para aquellos que buscan dejar de trabajar lo antes posible. Según ha informado la propia institución, el tiempo dedicado al servicio militar o a la prestación social sustitutoria podría completar los años mínimos de cotización exigidos.
Esto es debido a los cambios en la normativa, que podrían facilitar el acceso a la jubilación para ciertos colectivos. Estas modificaciones incluyen la posibilidad de contabilizar periodos no tradicionales de cotización, como “la mili”, las prácticas laborales no remuneradas o el trabajo realizado en la prisión, lo que permitirá a los trabajadores adelantar hasta cinco años su jubilación.
De acuerdo con la normativa vigente, los periodos de servicio militar o prestación social sustitutoria puede ser computados para alcanzar el tiempo mínimo de cotización requerido.
Sin embargo, este beneficio tiene limitaciones: solo se puede contabilizar un máximo de un año y no influye en el cálculo del importe de la pensión, ya que se considera un periodo vacío en términos de cotización.
Es decir, si dicho año se encuentra dentro de los últimos 25 años cotizados, podría reducir el monto final de la pensión. No obstante, esto cambiará a partir de 2026, cuando los futuros jubilados podrán optar por calcular su pensión considerando los últimos 29, eliminando los dos peores años.
La normativa que regula estas medidas se encuentra en el Real Decreto-Ley 2/2023, que establece un marco de sostenibilidad para el sistema público de pensiones y busca reducir la brecha de género.
Prácticas laborales no remuneradas
Desde el 1 de enero de 2024, el tiempo dedicado a las prácticas laborales no remuneradas también será considerado como periodo de cotización para la jubilación. Se estima que esta medida beneficiará a 1,2 millones de estudiantes universitarios, quienes podrá sumar ese tiempo a su historial laboral, además alumnos de formación profesional y enseñanzas artísticas.
A diferencia del servicio militar, este periodo no se considera vacío, ya que la Seguridad Social cubrirá el 95% de costo de la base reguladora mínima, mientras que el 5% restante será asumido por las empresas, o en su defecto, por las universidades, dependiendo del tipo de prácticas.
Por su lado, aquellos que realizaron prácticas antes de 2024, existe la posibilidad de “comprar” hasta cinco años de cotización mediante un convenio especial. Según los datos, el precio de esta regularización oscilará entre 40 y 140 euros por mes cotizado, dependiendo del año en el que se realizaron las prácticas, específicamente entre 1980 y 2006.
El trabajo en prisión también cuenta para la jubilación
Otro de los cambios destacados es la inclusión del tiempo trabajado en prisión como período de cotización. Según la normativa, los internos que realizan actividades laborales bajo la gestión de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) cotizan a la Seguridad Social, lo que les permite sumar este tiempo a su historial laboral.
Sin embargo, el salario reducido que perciben los presos implica que la base de cotización sea más baja que la habitual. Además, para acceder a la jubilación anticipada, los internos deben cumplir los mismos requisitos que cualquier otro trabajador, sin excepciones especiales.
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