
Varios propietarios extranjeros se han visto afectados por la orden de demolición de varias viviendas en el municipio mallorquín de Andratx, según ha informado el medio británico The Telegraph. Las propiedades, utilizadas como residencia vacacional por ciudadanos alemanes y británicos, fueron construidas en terreno no urbanizable y ahora el gobierno ha decidido echarlas abajo, sin ningún tipo de compensación para los dueños.
“Es desgarrador. Aún no se lo hemos dicho a nuestros hijos”, afirmó a The Telegraph Lee Pendleton, uno de los afectados. El señor Pendleton y su familia compraron hace 16 años una residencia en Port d’Andratx, un popular destino de vacaciones. Su propiedad es una de las 12 que se vieron involucradas en el caso Andratx, la primera gran causa de corrupción de Mallorca, que se saldó con 30 condenas.
El caso se remonta al año 2006 y en él fueron investigados varios cargos del Ayuntamiento de Andratx, entre ellos el exalcalde Eugenio Hidalgo (PP) y una arquitecta del consistorio, María Isabel Seguí, que admitió haber cometido un delito de falsedad imprudente. Según desveló el proceso judicial, la arquitecta, que también fue jefa de Urbanismo y Ordenación de Territorio, certificó una parcela del Port d’Andratx como urbanizable, con el visto bueno de Hidalgo.
El terreno en realidad tenía la consideración de suelo rústico protegido por la Ley de Espacios Naturales de Baleares, además de ser suelo no urbanizable de especial protección con categoría de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP). Pese a ello, se construyeron 12 edificios de viviendas con piscina. Los tribunales ordenaron en 2008 su demolición.
Sin compensación para los propietarios
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ratificó la demolición de los edificios en 2011, que se está ejecutando este 2024 tras “años de amenazas”, según la familia Pendleton. “No estábamos en el país cuando el tribunal emitió el aviso de desalojo. Tuvimos que pedir a nuestros amigos que guardaran nuestras cosas, de lo contrario habrían ido a parar al contenedor”, aseguró el señor Pendleton al diario británico.
Los Pendleton utilizaban la vivienda como residencia vacacional y, el resto del año, la tenían alquilada, según han confirmado a la prensa. A su inquilino le dieron tan solo dos días de aviso antes de cortar los servicios del edificio.
La demolición de las casas, además, se realizará sin compensar a los propietarios, pese a que su valor de mercado ha crecido a lo largo de los años. Desde que la compró, la vivienda del señor Pendleton casi ha triplicado su valor, de los 550.000 euros iniciales hasta los 1,6 millones de euros de la actualidad. “¿Cómo pueden hacerle esto a la gente? El gobierno debería darnos una compensación al nivel del valor de mercado”, reclama Lee Pendleton.
Después de pagar cuantiosas cantidades en cuotas de servicio e intereses de hipoteca (aproximadamente 400.000 euros), y perder 100.000 euros en servicios legales que no lograron evitar la demolición, la desolación de la familia crece aún más. “Me despierto por la noche pensando, ‘¿cómo pueden demoler nuestro apartamento que es nuestro hogar?’”, se pregunta Georgie Pendleton, esposa de Lee. A la familia todavía le queda por pagar 200.000 euros de hipoteca.
No son los únicos afectados: al menos uno de los otros propietarios en el edificio es británico y, el otro, alemán, según ha podido saber The Telegraoh. Todos ellos se sienten impotentes ante la situación. “Como no residente, no interactuarán contigo. Incluso si vas al ayuntamiento. Es como si estuvieras siendo bloqueado del país. Están muy contentos de que vengas, pero luego estás solo si surgen problemas”, sentencia el señor Pendleton.
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