El pasado jueves 21 de noviembre, el Congreso de los Diputados votó un conjunto de medidas fiscales destinadas a regular la tributación de diferentes sectores económicos. Entre los puntos más destacados, estaba el futuro régimen fiscal de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi). Sin embargo, en un giro inesperado, el PSOE decidió no respaldar las enmiendas acordadas previamente con Sumar, su socio de coalición, que buscaban aumentar la tributación de estos vehículos de inversión inmobiliaria. Este movimiento ha abierto una brecha en el Gobierno de coalición y ha intensificado las críticas por la falta de soluciones efectivas frente a la crisis de la vivienda en España.
Las Socimis son sociedades anónimas cotizadas diseñadas para invertir en activos inmobiliarios de naturaleza urbana, ya sea para su alquiler o su venta. Este modelo, inspirado en los Real Estate Investment Trusts (REIT) estadounidenses, opera en España desde 2009, y fue reformado en 2012 para fomentar su uso.
El atractivo de las SOCIMI radica en su régimen fiscal especial, que incluye:
- Un tipo reducido del 1% en el Impuesto de Sociedades.
- Bonificaciones de hasta el 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
- La obligación de repartir al menos el 80% de sus beneficios en dividendos, lo que las convierte en un instrumento rentable para sus accionistas.
Aunque este régimen busca dinamizar el mercado inmobiliario y atraer inversión, sus detractores argumentan que no ha logrado mejorar el acceso a la vivienda, un problema estructural en España.
Un pacto roto entre socios de Gobierno
En el marco de las negociaciones fiscales en el Congreso, el PSOE y Sumar habían alcanzado un acuerdo para reformar la tributación de las Socimis, eliminando sus privilegios fiscales y sometiéndolas al tipo general del 25% en el Impuesto de Sociedades. La medida buscaba incrementar la recaudación y redistribuir la carga fiscal entre las rentas del trabajo y las del capital, además de presionar a estas sociedades para que contribuyan a aumentar la oferta de vivienda asequible.
Sin embargo, en el momento de la votación, el PSOE decidió no apoyar esta propuesta, rompiendo de facto el pacto alcanzado con Sumar. Además, tampoco respaldó otra enmienda acordada que planteaba un aumento de la fiscalidad para los seguros privados de salud. Desde Sumar, la portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero lamentó la falta de apoyo, aunque evitó un enfrentamiento directo con el PSOE, destacando que la legislatura será “larga” y los acuerdos “deben cumplirse”.
Presión del sector
El giro del PSOE ha coincidido con una intensa campaña de presión por parte de las principales Socimis del país, como Merlin Properties y Colonial, que han advertido sobre las consecuencias de un cambio fiscal radical. Estas compañías, que cotizan en el Ibex 35, incluso amenazaron con trasladar sus operaciones fuera de España si se aprobaban las medidas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también alertó de que eliminar el régimen especial podría desincentivar la inversión en el mercado inmobiliario, afectando a un sector clave para la economía española.
La decisión del Congreso de mantener el régimen fiscal de las Socimis ha generado un debate sobre su papel en la crisis habitacional que afecta a millones de personas en España. Diversos colectivos y partidos de izquierda, entre ellos Sumar, han señalado que estas sociedades no han cumplido con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda asequible.
Por el contrario, consideran que las Socimis se han convertido en un instrumento que fomenta la mercantilización de la vivienda, alejando estos inmuebles de su función social y priorizando la rentabilidad para los accionistas. Mientras tanto, los precios del alquiler siguen en máximos históricos, y la oferta de vivienda social sigue siendo insuficiente para atender la demanda.
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