Zohra y su familia enfrentan un nuevo intento de desahucio en Madrid pese a cumplir los criterios de vulnerabilidad

*Gracias a la organización vecinal y de las inquilinas, el desahucio de Zohra ha sido aplazado hasta el 24 de julio

Pese a su paralización el pasado 26 de junio, Zohra y su familia pueden ser desahuciados este martes de su piso de Lavapiés pese a cumplir los requisitos de vulnerabilidad dictados por la ley para suspender los desalojos. Según denuncian desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, el juez encargado del caso decidió no aplicar la suspensión marcada por el Real Decreto para la protección de colectivos vulnerables porque considera que la mujer no ha conseguido demostrar que su casero posee 27 viviendas.

No obstante, la organización asegura que “se ha presentado documentación que acredita que el casero posee un bloque de viviendas en Lavapiés, así como varias otras propiedades”. El propietario es residente en Tenerife y tendría 27 pisos a su nombre en España, entre ellos el bloque entero en el que se encuentra la familia vulnerable. La vivienda en la que residen Zohra, su marido y su hijo menor de edad está en unas “condiciones deplorables”, según el sindicato. “La casa presenta muchísima humedad, infestaciones de chinches y cucarachas y problemas estructurales graves, como techos a punto de colapsar y filtraciones de agua desde el baño de los vecinos de arriba”.

Estos elementos han afectado la salud de Zohra y su hijo: ambos sufren problemas respiratorios desde hace casi dos años. Desde el sindicato, defienden que el casero “es una persona con los recursos suficientes para arreglar el edificio” en el que residen, pero simplemente “ha optado por no hacerlo”. De hecho, dejó tanto a Zohra como a otros inquilinos sin agua caliente durante meses.

Un caso “de manual”

El caso de Zohra “es de manual”, señala a Infobae España Víctor Palomo, portavoz del sindicato: se trata de un gran tenedor y una familia vulnerable que se enfrenta a un desahucio, algo que “está acreditado en el informe de vulnerabilidad”. Zohra y su familia sobreviven con una pensión y una pequeña cuantía del ingreso mínimo vital. “Actualmente, los precios de alquiler alcanzan los 1.400 euros al mes, con requisitos de contrato fijo y un año de trabajo estable, condiciones imposibles para Zohra debido a su situación económica y de salud”, añaden desde la organización.

Los Servicios Sociales, recuerda el sindicato, tampoco le han ofrecido una alternativa habitacional “a pesar de que lo ha solicitado durante más de un año”. “Las administraciones no han dado respuesta”. Desde la asociación, insisten en que no se trata de un caso aislado. “Cada vez más, observamos cómo los jueces deciden no aplicar el Real Decreto que protege a las personas vulnerables, tomando decisiones de manera deliberada y sin justificación en favor del rentismo”.

El pasado mes de mayo, el Gobierno aprobó una prórroga de cuatro años para la suspensión de los desahucios hipotecarios de la vivienda habitual para deudores en situación de vulnerabilidad, que se mantendrá hasta el 15 de mayo de 2028.

Entre los supuestos de especial vulnerabilidad, destacan las familias numerosas, las monoparentales con al menos un hijo a cargo, las unidades familiares con un menor de edad, con algún miembro con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o incapacidad permanente; o las unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo, en las que haya una víctima de violencia de género, y en las que el deudor sea mayor de 60 años. Pese a la norma vigente, cada día se producen en España más de 80 desahucios.