El Consejo General de la Abogacía Española se ha unido este martes a las denuncias por la imposibilidad para conseguir citas en Extranjería, en especial en los procedimientos para solicitar asilo, que sufren los migrantes en España. “Se está vulnerando el derecho de miles de personas a pedir asilo ante el Gobierno español ante la imposibilidad de obtener cita previa por internet para formalizar la solicitud”, ha declarado la Abogacía Española en un comunicado. Es una queja que ya han formalizado tanto el Defensor del Pueblo como numerosas ONG.
El colapso del sistema de cita previa es frecuente en otros trámites relacionados con los procesos de documentación de ciudadanos extranjeros e imposibilita a las personas extranjeras formalizar sus peticiones de protección internacional. La subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española ha considerado que los obstáculos para presentar las solicitudes “sitúa a los demandantes de asilo en un limbo legal que, en la práctica, deja sin efecto sus derechos más elementales para vivir en nuestro país”.
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La situación, explican, “ha sido oficial y reiteradamente notificada al Ministerio del Interior” en al menos tres ocasiones desde mayo de 2023, pero no han obtenido respuesta del Gobierno en ningún momento. Entregar su solicitud les autoriza a permanecer en España hasta que su expediente se resuelva, a obtener asistencia letrada gratuita, contar con intérprete cuando tienen una entrevista con funcionarios, que se informe de su caso a la oficina de ACNUR en España, recibir asistencia sanitaria si fuera preciso e incluso a trabajar pasados los seis meses, informa el Consejo.
Las organizaciones criminales empeoran el problema
Los huecos para acudir a las oficinas de Extranjería a formalizar trámites como la residencia o la protección internacional son escasos y se publican de forma aleatoria, sin previo aviso, como han denunciado diversas organizaciones. A la falta de turnos, se une el trabajo de las mafias, que se adelantan en reservar las citas para después venderlas por precios que alcanzan los 600 euros en algunos casos.
La Policía Nacional desarticuló el año pasado una organización criminal que, mediante un bot, bloqueaba las demandas de trámites en materia de extranjería en webs oficiales para después vender las citas previas entre quienes las necesitaban para formalizar peticiones o renovaciones de documentación. Pero las intervenciones policiales no han logrado solucionar los problemas, presentes en el sistema desde hace años.
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“El problema no solo no se ha resuelto, sino que podría decirse que se ha agravado”, aseguran desde el Consejo General de la Abogacía Española. “El paso del tiempo no hace hace más que agravar una situación en la que se acumulan el número de casos en los que los extranjeros se encuentran desamparados por una autoridad que incumple de forma flagrante sus obligaciones con los derechos de los más débiles”, añaden. En 2023, se registraron más de 163.000 solicitudes de asilo, pero faltan medios para dar respuesta a todas. A pesar de las medidas adoptadas, el Defensor del Pueblo tramita más de 2.500 quejas al respecto.
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