La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció una serie de medidas fiscales para paliar el efecto de la prórroga del impuesto a las grandes fortunas, aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados. En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Ayuso reveló que su gobierno buscará incentivar la inversión y el empleo frente al mencionado impuesto, que Madrid intentó frenar judicialmente.
Ayuso criticó duramente el impuesto, calificándolo de “puro comunismo” y acusó al Gobierno nacional de implementarlo para “atacar a los patrimonios” madrileños. La mandataria aseguró que enfrentarse fiscalmente a Madrid sería complicado, dada la naturaleza atractiva de la región para el capital y la inversión.
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Como contramedida, la líder madrileña propuso incentivos que favorezcan a aquellos que se trasladen a Madrid con sus familias y que posean la capacidad de generar empresas y empleo local. También mencionó que se contempla aplicar deducciones en el IRPF a inversores que residan en Madrid por un mínimo de cinco años, buscando su asentamiento permanente.
Patrimonios mayores a tres millones de euros
El establecido Impuesto de Solidaridad, más conocido como impuesto a las grandes fortunas, grava a los patrimonios netos que excedan los tres millones de euros y es de carácter temporal, proyectado para ejercicios 2023 y 2024. No obstante, entidades como el Consejo General de Economistas ven probable su permanencia en el tiempo, lo que obligará a aquellos afectados a reconsiderar sus estrategias fiscales.
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El Tribunal Constitucional ha refrendado este impuesto, desestimando varios recursos que argumentaban la invasión de competencias autonómicas y posible carácter confiscatorio. El primer recurso rechazado fue interpuesto por la Comunidad de Madrid, que manifestó su inconformidad ante el impacto del tributo en su atractivo fiscal. Otros gobiernos autonómicos, como Andalucía, Galicia y la Región de Murcia, también presentaron recursos y solicitaron suspensiones cautelares, siendo igualmente denegadas por el Constitucional.
No obstante, el rechazo a estos recursos se acompaña de votos particulares de magistrados de tendencia conservadora, quienes argumentan que el impuesto atenta contra la autonomía financiera de las comunidades y perjudica los principios de un Estado democrático de Derecho, criticando también la forma en que se aprobó la normativa.
La Comunidad de Madrid ha delineado un plan de acción fiscal que intentará compensar la carga que supone el impuesto a las grandes fortunas. Este plan se centrará en atraer y retener inversión y talento a través de deducciones y beneficios fiscales, buscando minimizar el impacto negativo que perciben sobre su economía y competitividad. La batalla legal, pese a la firmeza mostrada por el Tribunal Constitucional, parece continuar en el terreno político y económico.
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