Muchas prestaciones, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital o las pensiones, se han visto lastradas por el colapso de la administración, que ve como sus funciones se multiplican con la introducción de nuevas ayudas mientras los efectivos se mantiene o, en algunos casos, disminuyen. Así, para poner fin a esta situación, el Gobierno ha lanzado una importante oferta de empleo público, que reforzará estos organismos, generando una mayor agilidad en los procesos relacionados con estas ayudas.
Tras más de una década en la que la Seguridad Social ha sufrido una importante pérdida de trabajadores, Escrivá ha asegurado que se van a reforzar las plantillas de funcionarios este año para evitar “cuellos de botella” en la atención a la ciudadanía. Evidencia de este colapso ha sido el afloramiento de un mercado negro de citas con este organismo, en el que los ciudadanos compraban citas con el fin de agilizar sus consultas a la hora de solicitar prestaciones.
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Una situación muy similar es la relacionada con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Los diferentes cambios en los requisitos han generado un aluvión de consultas a los que los funcionarios no pueden hacer frente por la falta de efectivos, lo que ha generado que en muchas ocasiones, los plazos para que los solicitantes reciban estas ayudas se dilate más de lo esperado.
Más de 1.000 plazas para la gestión del IMV
Para poner fin a esta situación, el Gobierno ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al año 2023, que incluye un total de 39.574 plazas entre los distintos departamentos de la Administración. La oferta de empleo incide también en el objetivo de mantener la tasa de temporalidad del empleo público por debajo del 8%, como recoge la ley que aprobó el Ejecutivo para dar estabilidad al empleo en la Administración y actuar como una referencia para el conjunto del mercado laboral.
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Con esa finalidad, la OEP incluye 1.025 plazas en la Seguridad Social para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, y 500 plazas en la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional, que fundamentalmente desarrollan su trabajo en la Administración Local.
La ministra de Hacienda y Función Pública ha destacado, igualmente, la oferta de 2.500 plazas para entidades gestoras de la Seguridad Social, con el objetivo de facilitar la atención presencial y la asistencia a la ciudadanía. Montero ha remarcado la necesidad de reforzar las plantillas para seguir avanzando en la digitalización de la Administración y para garantizar que quienes tienen derecho a una prestación la reciban sin retrasos.
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