La madrugada del 21 y 22 de agosto de 1982, la violencia militar tiñó de sangre las orillas del río Amatitán, en el municipio de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente.
En ese arenal conocido como El Calabozo, más de 200 personas fueron asesinadas, según la Comisión de la Verdad. Sin embargo, cifras de organizaciones de derechos humanos estiman que la cantidad de víctimas se acerca a los 300, en su mayoría campesinos, mujeres, ancianos y niños.
La operación militar “Teniente Coronel Mario Alberto Azenón Palma”, ejecutada por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), dejó una huella de horror que persiste hasta hoy.
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El operativo comenzó el 18 de agosto de 1982 y recorrió tanto la zona norte como la sur de San Vicente durante las últimas semanas de ese mes.
Según la reconstrucción de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la operación fue extensa y planificada, combinando ataques aéreos y terrestres, incursiones de batallones especializados como el Batallón Atlacatl, y un rastreo sistemático de comunidades rurales.
Las fuerzas armadas emplearon bombardeos, artillería y maniobras de cerco, bajo la justificación de combatir la presencia de la insurgencia del FMLN en la región. El cerco militar dejó sin escape a cientos de campesinos que huían de las incursiones y bombardeos.
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Testimonios recogidos por la CNB y Pro-Búsqueda relatan cómo familias enteras buscaron refugio en la ribera del Amatitán, hasta ser alcanzadas por el fuego militar.
El ataque fue indiscriminado: no hubo distinción entre civiles y supuestos combatientes. Muchas víctimas fueron ejecutadas a corta distancia, mientras otras sufrieron violencia sexual y sus cuerpos fueron arrojados al río o tratados con ácido, imposibilitando su identificación posterior.
Tras la masacre, la versión oficial negó los hechos. El entonces ministro de Defensa, José Guillermo García, aseguró que no hubo masacre, pese a la evidencia documentada por la Comisión de la Verdad y organismos de derechos humanos.
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La aprobación de la Ley de Amnistía en 1993 bloqueó durante años cualquier investigación judicial. Solo la derogación de esa ley, en 2016, permitió la reapertura de la causa y la emisión de órdenes de captura contra ex jefes militares.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado salvadoreño la adopción de medidas de reparación para las víctimas y sus familias. A pesar de este mandato, la impunidad persiste y el acceso a los archivos militares sigue siendo limitado.
Desapariciones de niños y el registro de Pro-Búsqueda y la CNB
Una de las dimensiones más dolorosas de la masacre de El Calabozo es la desaparición de niños y niñas. De acuerdo con registros de Pro-Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al menos 17 menores (11 niñas y 6 niños) desaparecieron durante el operativo militar.
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De estos casos, cuatro han sido reencontrados con su familia biológica, dos han sido localizados fallecidos y once siguen desaparecidos. Entre los nombres registrados se encuentran Gregoria Hernández, Serapio Cristian, Julia Inés Contreras, Ricardo Ayala Aburca y Manuel Antonio Bonilla Osorio, quienes desaparecieron entre el 21 y 25 de agosto de 1982.
El trabajo de la CNB y Pro-Búsqueda ha permitido reconstruir los hechos y dar seguimiento a los casos de desaparición forzada infantil. Estos datos han sido fundamentales para la apertura de investigaciones judiciales y para la exigencia de justicia y reparación, tanto nacional como internacionalmente.
Exhumaciones y memoria
En noviembre de 2018, Silvana Turner, antropóloga del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), junto a otros especialistas, realizó la exhumación de seis cuerpos en una fosa de San Sebastián, San Vicente. Este hallazgo representó un acto de justicia simbólica para las familias, aunque insuficiente frente a la magnitud de la desaparición.
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La mayoría de los cuerpos no han sido recuperadas: el río y los procedimientos militares borraron evidencia e identidades, dejando solo listas de nombres y la certeza del vacío.
Las comunidades mantienen cada año actos conmemorativos en el arenal de El Calabozo, donde hoy se levanta un memorial. Las organizaciones y familiares insisten en la necesidad de reparación integral, reconocimiento estatal y garantías de no repetición.
El Calabozo se mantiene como una herida abierta en la historia salvadoreña. La masacre, la desaparición de niños y la lucha por la verdad y justicia atraviesan las generaciones. Los nombres de los menores desaparecidos, las exhumaciones recientes y las demandas de reparación evidencian que el pasado sigue presente. La memoria de las víctimas y la persistencia de las comunidades impiden que el silencio borre lo ocurrido en las orillas del Amatitán.
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