Presentan una nueva manera de medir la desigualdad educativa: brechas de cobertura y crisis de los aprendizajes

A partir del informe titulado “Educación, desigualdad y desarrollo social inclusivo”, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó una propuesta para modificar la forma en que la región mide y analiza sus avances educativos.

Este informe entró en diálogo con el evento “Nuevas métricas para viejos problemas: desigualdad educativa y movilidad social”, que tuvo lugar en Chile, en el marco del Sexto Seminario Regional de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.

¿Por qué es necesario afilar la mirada?

Desde 2024, la CEPAL viene trabajando el diagnóstico de las “tres trampas del desarrollo” donde se da una alta desigualdad, una baja movilidad social y la débil cohesión social. Tres trampas que limitan el crecimiento de América Latina en términos de producción, inclusión y sostenibilidad.

Dentro de ese marco, la debilidad de los sistemas educativos y de formación profesional aparece señalada como una de las diez grandes brechas estructurales de la región, y como un área que la CEPAL considera indispensable transformar. El planteo central del nuevo documento es que la región arrastra un doble desafío educativo: “Brechas en el acceso y una profunda crisis de aprendizajes. Para abordarlo, se propone el Índice Bidimensional de Desigualdad de Oportunidades Educativas (IBE), que permite evaluar simultáneamente ambas dimensiones y orientar políticas públicas integrales.”

“Aunque en las últimas décadas se han logrado avances importantes en la cobertura de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, la región sigue enfrentando importantes brechas de inclusión y calidad. Persisten desafíos en el acceso a la educación preprimaria, en la finalización de la educación secundaria, y en el ingreso y permanencia en la educación superior. A ello se suma una crisis de aprendizajes, agravada por la pandemia, evidenciada en que la escolarización no garantiza que quienes estudian adquieran los conocimientos necesarios para enfrentar las exigencias del mundo actual (CEPAL, 2022, 2025)”, destacan en el documento. Y agregan: “Existe un rezago generalizado en las competencias de los estudiantes en América Latina y el Caribe.”

En el informe también se destaca que “Los resultados muestran que el IBE en la región supera ampliamente al de la OCDE, evidenciando mayores déficits en cobertura y una alta desigualdad de oportunidades en los aprendizajes, fuertemente asociada al capital cultural y la riqueza del hogar. Se examinan los casos de Chile y Perú, países que han logrado reducir la desigualdad de oportunidades educativas en la última década mediante reformas estructurales.”

Y detallan: “En efecto, solamente el 22,4% de los estudiantes de la región alcanza el nivel mínimo esperado en las tres competencias evaluadas en PISA, frente al 64,9% en los países de la OCDE. Más aún, el país con menor desempeño dentro de la OCDE se sitúa por encima del de mejor desempeño en América Latina y el Caribe, lo que da cuenta del carácter estructural de esta brecha.”

Un nuevo camino

Esta falta de equivalencia no es novedosa, pero desde CEPAL decidieron ofrecer una herramienta metodológica concreta para medirlo de forma integrada en términos de dos dimensiones: cobertura y aprendizajes.

La propuesta apunta a que los países puedan ver dónde exactamente se concentra la desigualdad para, por ejemplo, poder responder a las preguntas ¿en el acceso? ¿en la permanencia? ¿en lo que efectivamente se aprende?; en lugar de conformarse con un número agregado que puede esconder brechas muy distintas entre grupos sociales.

“Un sistema educativo ideal sería aquel que, junto con garantizar una cobertura universal, logra desvincular las condiciones de origen de los estudiantes de sus resultados de aprendizaje. Es decir, un sistema que asegure una educación de calidad para todas y todos, donde el desempeño responda principalmente al talento y al esfuerzo, y no a características predeterminadas asociadas a su origen social, económico o cultural. En este marco, niveles elevados de desigualdad de oportunidades educativas evidencian limitaciones estructurales de los sistemas educativos para compensar las desventajas de origen y, por tanto, para cumplir su rol como mecanismos de movilidad social ascendente.”, resaltan.

Y detallan: “Para la construcción del índice, se utilizan los datos de PISA, que además de proveer información comparable en el desempeño educativo para tres asignaturas, otorga información sobre un abanico de potenciales circunstancias exógenas que pueden estar afectando los resultados de aprendizaje a partir de sus cuestionarios complementarios.” Para ello, el IBE se construye a partir de la multiplicación de dos componentes: un índice de desigualdad de oportunidades en cobertura, y un índice de desigualdad de oportunidades en resultados de aprendizaje.

El trabajo fue elaborado por Daniela Trucco, Oficial Superior de Asuntos Sociales, y Mariana Huepe, Oficial de Asuntos Sociales, ambas de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y por Javier Muñoz y Alexis Zucker, Consultores de la misma División, en el marco del acuerdo de colaboración con la Fundación Ford “Transformar los modelos de desarrollo regional en América Latina y el Caribe y avanzar en la reducción de la desigualdad”.

Inclusión real

Si bien siempre es motivo de celebración hablar de cada vez más jóvenes y niños y niñas en el sistema educativo, esa “inclusión” puede tener más aristas que un simple número.

UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, por citar algunos organismo, vienen alertando desde hace años que América Latina y el Caribe necesitan abordar la brecha de aprendizajes y que permita observar e identificar puntos exactos del recorrido educativo como acceso, permanencia o aprendizaje real en el cruce con la desigualdad económica de cada país y región.

El estudio concluye con recomendaciones para fortalecer el papel de la educación como motor de movilidad social, priorizando la inversión en la primera infancia, la conclusión de la secundaria, la inclusión de grupos desfavorecidos, el fortalecimiento de la profesión docente, el desarrollo de competencias, y la sostenibilidad financiera y fortalecimiento institucional de los sistemas educativos. El informe cierra con una aseveración clave: “Resulta fundamental reconocer que invertir en educación para cerrar las brechas de cobertura y calidad es una decisión política estratégica. No se trata de una consecuencia del desarrollo, sino de una de sus condiciones fundamentales.”