Franco Bartolacci: “Necesitamos resolver la situación salarial y avanzar hacia una segunda reforma universitaria”

Franco Bartolacci es rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y, desde el viernes pasado, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el organismo que nuclea a los rectores de todas las universidades públicas. De filiación radical, Bartolacci reemplazó a Oscar Alpa como titular del CIN y quedó al frente del reclamo universitario por los recortes en el presupuesto educativo nacional, la caída de los salarios de docentes y no docentes y el incumplimiento de la ley de financiamiento aprobada en octubre de 2025.

Bartolacci es licenciado en Ciencia Política por la UNR, donde también da clases. En entrevista con Infobae, analizó la situación del conflicto por el presupuesto y reclamó el cumplimiento de la ley, ratificada esta semana por un fallo de la Justicia que volvió a exigir al Gobierno nacional la aplicación inmediata de los artículos referidos a la recomposición de salarios y becas estudiantiles. El nuevo titular del CIN planteó también la necesidad de una “segunda reforma universitaria”.

–¿Cuál es el punto más crítico hoy en el reclamo de las universidades?

–Estamos atravesando una situación extremadamente delicada. Venimos advirtiendo, con responsabilidad y también con firmeza, el estado de situación desde hace tiempo, para no llegar a este punto, que ya empieza a afectar el desarrollo normal de las actividades en el sistema universitario.

Hoy tenemos problemas en todas las dimensiones de la vida universitaria y científica del país. Pero lo más urgente es la situación salarial de docentes y no docentes. Es la más crítica de la que tengamos memoria en las últimas décadas.

Todos somos conscientes de la situación económica del país y de que hay muchos sectores que la están pasando muy mal. Pero sí estamos reclamando un salario digno para quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de profesionales que la Argentina necesita.

Hoy mucha gente está percibiendo salarios que son una miseria. Es inexplicable que cerca del 60% del personal de nuestras universidades esté cobrando por debajo de los 300 mil pesos mensuales.

–¿Qué lectura hace del fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que exigió al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario?

–Es una gran noticia. En este tiempo hemos priorizado siempre los caminos institucionales para reclamar los recursos mínimos e indispensables que el sistema requiere para funcionar.

El fallo judicial es muy claro en sus fundamentos y ratifica las razones que hemos señalado una y otra vez; que se trata de una ley razonable, que no compromete fiscalmente al Estado y que resguarda el derecho al acceso a la educación superior. Ahora el Gobierno nacional debe aportar las respuestas cumpliendo con lo que la ley dispone y la justicia ordenó.

–Desde el oficialismo suele señalarse que la situación de los bajos salarios universitarios es histórica.

–Muchas veces no estuvimos bien. Pero nunca estuvimos tan mal como ahora. Estamos perdiendo recursos humanos altamente calificados y, en todos los aspectos –particularmente en lo salarial–, lo que está ocurriendo empieza a lesionar la excelencia del sistema universitario.

Necesitaríamos cerca de un 47% de incremento salarial para recomponer el desfasaje acumulado en los últimos dos años. En ese período, los trabajadores de la educación superior perdieron más de siete salarios.

Esta semana estuvimos reunidos con el embajador chino para fortalecer los vínculos del sistema universitario con China. Ese país destina alrededor del 2,7% de su PBI a educación superior y ciencia: entienden que en la sociedad del conocimiento esa inversión es determinante para el desarrollo.

En Argentina estamos destinando alrededor del 0,4% del PBI a educación superior. Cuando se dice que hay que mirar lo que hacen los países desarrollados, hay que hacerlo también en este punto. Esos países invierten cinco, siete, ocho o diez veces más de lo que invierte la Argentina en educación superior y ciencia.

–El Gobierno justifica los recortes a partir del objetivo de eliminar el déficit fiscal para bajar la inflación. ¿Es lógico que la educación se vea afectada en ese proceso, o debería haber sido priorizada frente a otros ajustes?

–Todo presupuesto es una declaración de principios. Los recursos siempre son escasos y hay que decidir en qué se invierte y en qué no. Nosotros sostenemos que la educación pública y la ciencia son áreas que hay que cuidar, incluso en contextos de dificultad.

Es como en una economía familiar: en un momento de restricciones uno puede recortar muchas cosas, pero difícilmente deje de mandar a sus hijos a la escuela. Lo que decimos es: cuidemos esto, porque es de lo mejor que tiene la Argentina.

Hoy hay una sola institución pública que mantiene un alto nivel de reconocimiento social, según cualquier encuesta de opinión: el sistema universitario. En lugar de apoyarse en esa legitimidad para fortalecerlo y exigirle más, lo que se ha hecho es intentar socavar ese reconocimiento.

Uno podría entender que, en un contexto de restricciones, se discuta cómo asignar recursos. Pero cuando, al mismo tiempo que se niegan fondos para áreas como universidades, discapacidad o salud, se observan incrementos muy significativos en otros rubros -por ejemplo, en inteligencia-, eso también expresa una decisión.

Entonces, el problema no es solo la escasez de recursos, sino la falta de voluntad de priorizar determinadas áreas. Y ahí volvemos a la discusión de fondo: qué lugar le asigna la sociedad argentina a la educación pública, a la universidad pública y a la ciencia.

–¿Los efectos del ajuste se verán a largo plazo, o ya son palpables? El año pasado se dijo que habían renunciado 10.000 profesores, desde el Gobierno desmintieron esa cifra. ¿Cuál es el impacto hasta ahora?

–Yo trato de ser siempre muy cauteloso en las afirmaciones. ¿Están ocurriendo renuncias? Sí, hay muchas. En algunas áreas cuesta encontrar docentes que quieran asumir esas funciones. Es cierto que los cargos pueden cubrirse, pero no se vuelve automáticamente al punto anterior, porque muchas veces quienes se van son profesores con mucha experiencia y formación, y eso lleva años reconstruirlo.

El impacto es aún más grave en el sistema científico. Hay que recordar que el 70% de la ciencia nacional se produce en las universidades. Allí se están discontinuando proyectos de investigación, y lo que se pierde no se recupera con un trámite administrativo. En muchos casos son décadas de trabajo que se interrumpen.

Esto también afecta la autoestima de la comunidad universitaria, que no solo percibe salarios muy bajos, sino que además es injustamente desconsiderada. Es una comunidad que, aun en condiciones precarias, sigue haciendo un enorme esfuerzo para sostener el sistema y recibe un destrato inmerecido.

A esto se suman las dificultades para mantener la infraestructura –muchas universidades tienen edificios históricos y una gran extensión territorial–, y las limitaciones en la inversión tecnológica, que hoy es clave para el desarrollo.

El impacto se siente en la vida cotidiana. A medida que pasan los meses sin respuestas estructurales, la situación se vuelve cada vez más difícil. Si no aparecen soluciones de fondo, vamos a tener problemas para sostener el funcionamiento normal del sistema, y esas consecuencias no son de largo plazo: son presentes.

–Los sindicatos están impulsando un plan de lucha que incluye paros en varias universidades. ¿Qué piensa sobre esa medida, le preocupa que pueda restarle apoyo al reclamo?

–Hoy la responsabilidad central que tenemos es sostener en pie el sistema universitario y científico en un contexto extremadamente delicado y de enorme precariedad. Eso exige, a mi juicio, impulsar de manera simultánea tres líneas de acción.

La primera es reclamar, con firmeza pero también con responsabilidad y seriedad, los recursos mínimos indispensables para poder funcionar. En este momento, con un foco especial en la cuestión salarial, que es la más urgente.

La segunda es avanzar en la reforma del propio sistema universitario. Vivimos en un mundo que cambia de manera acelerada, y la Argentina también cambió. La universidad no puede seguir haciendo lo mismo que hacía hace veinte o treinta años. Parte de su defensa depende también de su capacidad de actualizarse y de ponerse en sintonía con los desafíos del presente.

Y la tercera es resguardar el reconocimiento que la sociedad argentina tiene hacia la universidad y el sistema científico. Eso se logra sosteniendo, incluso en condiciones adversas, el funcionamiento de la universidad pública: seguir enseñando, produciendo conocimiento, haciendo ciencia, manteniendo abiertas las instituciones.

El desafío es enorme. Requiere capacidad e inteligencia para hacer todo al mismo tiempo. Porque también hay sectores que aspiran a una universidad vacía. Y lo que nosotros no podemos hacer, bajo ningún punto de vista, es ser funcionales a ese objetivo.

Pero es importante hacer una aclaración: a medida que la situación se degrada, empiezan a aparecer tensiones y contradicciones dentro del propio sistema. Y este es un momento en el que hay que trabajar mucho en comunidad para poder procesarlas.

Es razonable que un estudiante se preocupe porque pierde clases o una mesa de examen. Eso debe interpelarnos a todos como comunidad universitaria. Pero también es razonable que un docente que está cobrando salarios muy bajos plantee que la situación es insostenible y que hacen falta medidas más contundentes. Ambas cuestiones deben ser atendidas.

–¿Cuáles son los puntos centrales que debería abordar una reforma del sistema universitario? ¿En qué están trabajando?

–Creo que el salto que tenemos que dar este año es avanzar hacia una “segunda reforma universitaria”. Hoy existe una distancia entre la universidad y la sociedad que, en algún punto, recuerda a la que había en 1918. En ese momento, la manera de resolverla fue transformar profundamente la universidad y ponerla en sintonía con su tiempo. Creo que hoy enfrentamos un desafío similar.

Eso exige reformas en múltiples dimensiones, pero especialmente una transformación –casi una revolución– académica, pedagógica y curricular. Digo “revolución” porque tiene que implicar ruptura, velocidad y capacidad de adaptación. Y la pienso organizada en tres ejes: los tipos de carreras, los planes de estudio y los modos de enseñar.

No hay mucho margen para postergar estas discusiones. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser un problema o una oportunidad, pero lo que no podemos hacer es ignorarla. Es un fenómeno que ya está transformando el conocimiento, el lenguaje y el perfil de los estudiantes.

También tenemos que repensar qué ocurre en las aulas para que la experiencia universitaria siga siendo relevante en este contexto, cómo mejorar el pasaje de la escuela secundaria a la universidad y cómo diversificar la oferta formativa para dar respuesta a nuevas expectativas y trayectorias juveniles. Esto implica revisar la duración de las carreras, la organización de los contenidos y las formas tradicionales de cursada.

–¿Cómo está avanzando la implementación del sistema de créditos académicos?

–El sistema de créditos está avanzando y, a mi entender, va a ser una de las reformas más importantes de las últimas décadas. Tiene varias virtudes: pone al estudiante en el centro, facilita la internacionalización, acerca nuestro sistema a lo que ocurre en otros países y permite una mayor movilidad dentro del propio sistema universitario.

Hoy todas las universidades están trabajando en esa dirección. El CIN tiene un rol clave en la coordinación, para que la implementación tenga criterios comunes y homologables. El punto de partida previsto es 2027, así que es un objetivo cercano. De todos modos, ya hay experiencias en marcha: algunas carreras empezaron a incorporar criterios de créditos en sus planes de estudio.

–En comparación con países vecinos, Argentina tiene buenos niveles de acceso a la universidad, pero baja graduación y alta deserción. ¿Cómo están abordando este tema?

–Se han desarrollado muchas políticas para acompañar a los estudiantes en términos económicos. Sin embargo, el desafío ahora es avanzar con igual fuerza en otras dimensiones que explican por qué los estudiantes abandonan.

La cuestión económica sigue siendo crítica. Los programas de asistencia, como las becas Progresar, no han tenido actualización en los últimos años. Hoy el monto, de 35.000 pesos, es muy bajo en relación con las exigencias que se les plantean a los estudiantes.

Pero más allá de eso, hay un conjunto de factores institucionales y académicos que también inciden en las trayectorias. Uno de los puntos centrales es el pasaje de la escuela secundaria a la universidad, que históricamente no hemos logrado resolver bien. Las dificultades de los ingresantes son cada vez más visibles.

En la provincia de Santa Fe estamos trabajando en una idea que llamo “quinto año compartido”, que apunta a construir una instancia de articulación más fuerte entre ambos niveles. La idea es que el último tramo de la secundaria no sea responsabilidad exclusiva de la escuela media, sino que también tenga participación la universidad. Eso debería implicar un trabajo coordinado con los ministerios provinciales, pero también una agenda común a nivel nacional.

Lo importante es que el tema se ponga en discusión, porque hoy es uno de los puntos donde se concentran muchas de las dificultades del sistema. Por eso digo que esta “segunda reforma universitaria” debería priorizar tanto las políticas de asistencia económica como aquellas orientadas a mejorar las trayectorias académicas.

–¿Cómo está hoy la relación con el Gobierno nacional? ¿Existen instancias donde estén discutiendo políticas para la educación superior?

–Hoy no hay una instancia formal de diálogo. Ha habido conversaciones informales, pero no una convocatoria institucional para discutir estos temas. Y eso se vuelve más complejo cuando tampoco se resuelven otras cuestiones de fondo.

Mi impresión es que, hasta ahora, no hay una voluntad clara de abordar estructuralmente el problema del sistema universitario y científico. Y eso es un error, porque en el mundo actual estas áreas son estratégicas.

Ojalá pudiéramos construir una agenda consolidada de educación superior en la Argentina. Creo que esa agenda tiene que ser el resultado de un proceso amplio, que involucre no solo a las autoridades, sino también a los distintos actores del sistema universitario y científico. Cuanto más horizontal y participativo sea ese proceso, más sostenibles van a ser las transformaciones en el tiempo.

Ahora bien, también es cierto que resulta difícil encarar esa discusión cuando hay problemas básicos sin resolver, como los que hoy afectan el funcionamiento del sistema. Es una cuestión de responsabilidad: primero hay que atender lo urgente.

La herramienta para empezar a resolver esta situación es la Ley de Financiamiento Universitario, que fue construida colectivamente. Desde el sistema hemos seguido todos los canales institucionales: diálogo con el Ejecutivo, trabajo con el Congreso, presentación en la Justicia y también el acompañamiento de la sociedad. La pregunta es qué más hay que hacer para obtener respuestas.