La farsa electoral de Maduro: la secuela

Para los pocos que no lo sabían, fue un espectáculo convincente. El 25 de marzo, el presidente Nicolás Maduro apareció exultante en la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas para presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de Venezuela, previstas para el 28 de julio.

En el exterior, se congregó una multitud supuestamente espontánea de partidarios -el convoy de autobuses que los trajo a la ciudad quedó oculto a la retransmisión de la televisión estatal-. Dentro, el candidato, vestido con un chándal blanco con los colores de la bandera venezolana, saludó a los funcionarios electorales antes de pronunciar un encendido discurso, en el que describió a su oposición como un grupo de oligarcas nepotistas. Su mujer y su hijo, ambos políticos influyentes, estaban sentados en primera fila. “El pueblo tiene el poder”, declaró el presidente.

Pero no es así. Si lo tuviera, Maduro ya no estaría en el poder. El impopular autócrata ha supervisado una desastrosa recesión que ha provocado la emigración de alrededor de una cuarta parte de la población en la última década. Su gobierno continúa solo porque ha pisoteado la democracia de Venezuela. Su anterior reelección, en 2018, fue una farsa, en la que fue fundamental impedir que muchos líderes de la oposición se presentaran. La contienda de este año será una repetición.

En una lucha justa, el presidente se enfrentaría a María Corina Machado. Machado, conservadora y crítica con el gobierno desde hace tiempo, obtuvo un aplastante 93% de los votos en las primarias de la oposición celebradas en octubre. El año pasado, una encuesta le dio un 70% de apoyo, frente al 8,3% de Maduro. Pero el Tribunal Supremo, controlado por el régimen, le ha prohibido ejercer cargos políticos durante 15 años. Para superar este obstáculo, el 22 de marzo la ex diputada y la coalición de partidos que la apoyan presentaron un candidato alternativo para sustituirla.

Su candidata era Corina Yoris, de 80 años, distinguida profesora de filosofía. Abuela de siete hijos y con tres hijos emigrantes, su historia podía resonar en casi todo el país. Y había otra razón por la que parecía una elección inspirada: seguramente incluso el régimen de Maduro, con su reputación de crueldad, dudaría en encarcelar a una abuela afable.

En lugar de ello, bloqueó a Yoris impidiendo a los partidos políticos que la apoyaban registrar su candidatura en el ordenador del consejo electoral antes de la medianoche del 25 de marzo, el mismo día en que Maduro celebraba su inscripción sin esfuerzo. Al día siguiente, la autoridad electoral confirmó la inscripción de otros 12 candidatos. La mayoría pueden clasificarse como leales al régimen o como falsos opositores totalmente inofensivos.

La única persona con la más mínima posibilidad de presentar un desafío y que -quizás sospechosamente- logró inscribirse minutos antes de que expirara el plazo, es el gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales. Ya se había presentado a las elecciones presidenciales de 2006 y perdió frente al fallecido Hugo Chávez. Esta vez ni siquiera participó en las primarias de la oposición. Su partido lo describe como un “hombre de diálogo”. Muchos en la oposición temen que sea un títere, colado para dar un barniz de legitimidad a unas elecciones amañadas que claramente ganará Maduro. “Hace tiempo que se bajó los pantalones”, dice un habitante del Zulia. Yoris le llama “Judas”. Machado se niega a apoyarle. “El régimen ha elegido a sus candidatos”, responde.

La verdadera oposición parece haber logrado inscribir a un candidato, a pesar de que Yoris está bloqueada. Edmundo González, antiguo embajador, es al parecer un candidato provisional, que puede ser sustituido por otra persona hasta el 20 de abril.

En medio de este caos, algunos venezolanos cansados recurren al humor socarrón. Tras la publicación de la lista inicial de candidatos, todos hombres, apareció en las redes sociales una imagen en la que todos lucían idénticos bigotes a lo Maduro. Pero para quienes están en la vanguardia de la resistencia contra un régimen que está consolidando su poder dictatorial, los acontecimientos de los últimos meses no son ninguna broma.

El 20 de marzo, el fiscal general dictó órdenes de detención contra el director de campaña de Machado y otros ocho miembros de su equipo. Una de ellas, una asesora política llamada Dignora Hernández, fue filmada gritando “¡Socorro! Por favor, ¡no!”, mientras era introducida a la fuerza en la parte trasera de un coche por la policía de seguridad del Estado en Caracas. Desde entonces no se sabe nada de ella. Se cree que muchos miembros del personal que aún no han sido detenidos buscan refugio en la embajada argentina. El 26 de marzo, el régimen cortó la electricidad en la residencia del embajador, lo que llevó a Argentina a presentar una queja oficial.

La supuesta creencia de Maduro en la democracia es cada día más absurda. Alabó la victoria electoral de Vladimir Putin, presidente de Rusia, como “un proceso electoral impecable” que “demostró la democracia de manera ejemplar”. El autoritarismo de Maduro ha suscitado incluso reproches de los gobiernos de izquierda de Brasil y Colombia, habitualmente afines a él. El 26 de marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia expresó su preocupación por las “dificultades que enfrentan los sectores mayoritarios de la oposición” a la hora de inscribir candidatos. Brasil declaró que seguía con preocupación el proceso electoral. El régimen no tardó en acusar a ambos gobiernos de “grave injerencia” en los asuntos venezolanos.

El problema es que, para Maduro, el precio de perder el poder es demasiado alto para arriesgarse a unas elecciones mínimamente justas. Una de sus principales preocupaciones es la Corte Penal Internacional, que está investigando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Pero el abandono de la democracia tampoco está exento de costes.

El pasado mes de octubre, los representantes de Maduro y la principal alianza de la oposición firmaron un acuerdo destinado a allanar el camino para unas elecciones competitivas este año. El acuerdo abarcaba cuestiones como el acceso a los medios de comunicación y la garantía de que cualquier candidato presidencial pudiera presentarse a las elecciones si estaba legalmente habilitado para ello. Al día siguiente del acuerdo, y junto con la liberación de algunos presos detenidos en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos acordó un levantamiento temporal de sus sanciones a gran parte de los sectores petrolero, minero y financiero venezolanos durante seis meses. La fecha para la renovación del levantamiento, o la reimposición de las sanciones, es el 18 de abril.

Sin sanciones, los beneficios petroleros de Venezuela se dispararon: este año se prevé que alcancen los 20.000 millones de dólares, frente a los 12.000 millones de 2023, según Ecoanalítica, una consultora con sede en Caracas. Todo eso está ahora en peligro. El 22 de marzo, el asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que las detenciones de los miembros del equipo de campaña de Machado “nos hacen reflexionar sobre la seriedad” de los compromisos del régimen. Kirby añadió que su gobierno “sigue dispuesto a considerar una reducción de las sanciones” si el régimen cambia de actitud. Después de la semana pasada, eso parece menos probable que nunca. Maduro parece dispuesto a ser presidente al menos hasta 2031.

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