El Gobierno aseguró que el Estado nacional ya pagó los subsidios del mes de abril a las líneas de colectivos y que aplicará sanciones a las empresas que no cumplan con el compromiso de mejorar la frecuencia del servicio.
La Secretaría de Transporte señaló en un comunicado que, a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), “se encuentra fiscalizando la prestación de los servicios de transporte urbano de pasajeros, habiéndose detectado en el día de la fecha una disminución en la cantidad de unidades de colectivos en circulación respecto de la jornada de ayer”.
"Esta situación se verifica luego de que el Estado Nacional cumpliera con el pago de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil del mes de abril, y pese al compromiso asumido por las empresas prestatarias de sostener y mejorar la frecuencia de los servicios", agregó el comunicado, tras las quejas de las empresas del sector justamente por el atraso en la cancelación de esos pagos y por el aumento en el costo del gasoil, uno de sus insumos esenciales.
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“La Secretaría de Transporte reafirma su compromiso de garantizar la correcta prestación del servicio público y de proteger a los usuarios, aplicando todas las medidas necesarias ante cualquier incumplimiento”, apuntó el comunicado.
El organismo recordó que la violación del régimen diario de frecuencias, tanto diurnas como nocturnas, en el transporte urbano de pasajeros puede ser sancionada con multas que van de 500 a 15.000 boletos mínimos. Asimismo, cuando la prestación del servicio se interrumpa por un lapso de 5 días consecutivos o 10 días alternados en un mismo año, se considerará que el servicio ha sido abandonado por el operador. Ese abandono puede ser causal suficiente para disponer la caducidad del permiso de explotación.
A última hora de ayer, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) había emitido un comunicado en el que destacaba “la situación de extrema gravedad financiera que atraviesa las empresas de colectivos del AMBA”. Las causas de ese escenario extremo, explicó la entidad, son “la suba del costo del gasoil y el atraso del pago de compensaciones, la cual obligó a una readecuación operativa de emergencia en las líneas de jurisdicción nacional y provincial del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.
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Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se asegura que la Nación no transfirió 46.000 millones de pesos correspondientes adiciembre, enero y febrero y que esa deuda incrementa las dificultades para cumplir con los compromisos asumidos por las empresas y para mantener la prestación normal de los servicios.
La estructura de costos de las empresas de transporte público se compone en un quince por ciento del gasto en combustible. El incremento del precio del gasoil, sumado a la exigencia de pago en efectivo por parte de las petroleras, agravó la situación de las compañías. El ministro de Transporte convocó a las cámaras empresarias del sector para buscar alternativas y definir estrategias que permitan afrontar la coyuntura. El objetivo de la reunión es encontrar un equilibrio entre la capacidad de financiamiento estatal y la necesidad de mantener el servicio.
Así lo explicó Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense, en una entrevista a Infobae en Vivo. Ante este contexto, el Gobierno provincial decidió adelantar pagos de subsidios correspondientes al mes de abril y aumentar el porcentaje de anticipo, que asciende a un 60% del total. El funcionario explicó que se trata de una medida excepcional para evitar la interrupción del servicio mientras continúan las negociaciones con las cámaras empresarias y las autoridades nacionales.
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El ministro subrayó que el mayor riesgo para el sistema es la quiebra de empresas. La falta de rentabilidad y la imposibilidad de cubrir los costos operativos ponen en peligro la continuidad de servicios esenciales para miles de bonaerenses. Marinucci afirmó que “el mayor riesgo que se da en esta situación es que muchas empresas están al borde de la quiebra y eso significa no reducción del servicio, eliminación de servicios y desconectividad por parte de los bonaerenses hacia sus lugares de manera cotidiana”.
El debate sobre el financiamiento del transporte incluye la discusión acerca del impuesto al combustible, que recauda el Estado nacional. Marinucci señaló que la Nación no coparticipa estos fondos con las provincias y que ese ingreso creció al ritmo del aumento del precio del combustible. La falta de transferencia de estos recursos limita la capacidad de las provincias para sostener el sistema y obliga a buscar alternativas dentro de los márgenes presupuestarios disponibles.