La recaudación nacional de impuestos registra una caída desde hace ocho meses, lo que impacta en las transferencias automáticas que perciben las provincias. En ese contexto, el Gobierno implementó un sistema de adelantos de coparticipación, aunque solo 12 provincias podrán acceder a estos recursos. La decisión genera tensiones con las jurisdicciones excluidas. Además, tanto la autorización para recibir los fondos como el monto y el momento de la transferencia quedarán sujetos a la aprobación del Ministerio de Economía, lo que le otorga poder de fuego a Luis Caputo.
Con el dato de marzo, que la recaudación fue de $16,07 billones, se confirmó que en el primer trimestre del año las provincias perdieron cerca de $ 1,1 billones por la coparticipación. Las cifras fueron presentadas en un informe del diputado Guillermo Michel, quien calculó que, en lo que va del año, los gobernadores recibieron $16,2 billones, lo que implica una caída de 5,6% descontando la inflación en comparación con los primeros tres meses de 2025.
En ese escenario fue que el Ministerio de Economía respondió a estos pedidos con la instrumentación de adelantos financieros, que se canalizaron mediante el régimen previsto en el Decreto 219 que se publicó en el Boletín Oficial este lunes. Esta norma autoriza anticipos a cuenta de la coparticipación federal, a reintegrar dentro del ejercicio fiscal, con una tasa fija nominal anual del 15% y con devolución a través de retenciones automáticas sobre los fondos coparticipables. Según el decreto, la Secretaría de Hacienda es la encargada de definir el monto para cada jurisdicción, en función de su capacidad de pago y su participación en la recaudación de tributos nacionales.
El listado de beneficiarios incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, provincias con algun tipo de alineamiento con la Casa Rosada. El monto máximo autorizado asciende a $400.000 millones, repartidos conforme a las necesidades expuestas por cada provincia y la evaluación técnica de la Secretaría de Hacienda.
Una fuente provincial consultada por Infobae en off the record definió el proceso: “Las 12 lo van a pedir. Ya está acordado, cada uno pidió un adelanto en base a necesidades y el Gobierno ordenó el número”. Esta declaración revela un acuerdo previo entre las provincias seleccionadas y la administración nacional, que estableció los parámetros para la distribución de los anticipos. Aunque en el Ministerio de Economía, fuentes oficiales confirmaron la dinámica de negociación: “Se está conversando con cada una el monto y el cronograma de desembolso”.
El Decreto 219, base legal de la operatoria, justifica la medida en la imposibilidad transitoria de varias provincias para atender compromisos urgentes, tanto en gastos como en amortización de deudas. “Que los Gobiernos de varias provincias de la República Argentina manifiestan que se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”, marcaron en el Decreto. La norma faculta a la Secretaría de Hacienda a disponer las condiciones de desembolso, las formas de cancelación y la suscripción de acuerdos individuales con las jurisdicciones beneficiarias.
Estos adelantos de la coparticipación le va a dar el ministro Caputo poder de negociación con los gobernadores, con quienes asegura tiene dialogo permanente y bueno. Hasta el momento no hay ningún tipo de definición por parte de Economía sobre cómo y cuándo se van a distribuir los adelantos de la coparticipación a las 12 provincias.
“El monto del anticipo es arbitrario. El total del anticipo financiero para todas las provincias que se indican en el Decreto es por hasta la suma máxima de $400.000 millones y debe ser reintegrado dentro del Ejercicio Fiscal 2026″, destacó Michel. Como también el mecanismo para distribuirlo, el monto a otorgar a cada provincia lo determinará la Secretaría de Hacienda, que también podrá disponer la cancelación de los anticipos otorgados, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual 15 por ciento.
Las que quedan afuera
La operatoria no abarca la totalidad de las provincias argentinas. Sólo las doce incluidas en el decreto recibieron el visto bueno, tras exponer su situación financiera y acordar los términos de la asistencia. Las provincias no incluidas en el listado quedaron al margen del esquema, sin acceso a los adelantos de coparticipación. Entre las cuales están Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero.
“En el 1º trimestre del 2026 las provincias vieron una merma en los recursos tributarios coparticipables de -$1,1 billones. Frente a esta situación, el Gobierno decide compensar de manera selectiva a determinadas provincias con un monto que, en el mejor de los casos, llegará al 36% ($400 mil millones) de lo que perdieron, pero debiendo pagar intereses del 15% anual”, destacó Michel.
La cuestión también está en que los fondos van a salir del Tesoro Nacional. Hasta el 30 de marzo, según el ultimo informe diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), $3 billones. La utilización de estos fondos como adelanto a las provincias, aunque se devuelvan este año y con intereses, implica una mayor condicionalidad para la Secretaría de Finanzas ante los vencimientos de deuda pública en moneda local y la necesidad de bajar las tasas para que la actividad repunte.
La explicación de la caída de la recaudación
El ministro Caputo sostuvo en una entrevista con LN+ que la caída en la recaudación se debe a la baja de impuestos que llevó a cabo el Gobierno. “Estas comparando contra meses del año anterior cuando se recaudaban impuestos que hoy no se recaudan. Cuando vos mirás el impuesto a los Débitos y Créditos, que no cambio, ese impuesto sigue exactamente la inflación”, afirmó.
Lo que en parte se corrobora con los datos, ya que en marzo, Débitos y Créditos sumó a las arcas públicas $ 1.304.386 millones, con un incremento interanual de 38,4%, por encima de la inflación interanual del 33% marcada en febrero. El problema está en impuestos ligados al consumo como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en el tercer mes recaudó $ 5.619.607 millones, una variación interanual de 28,7% por debajo del ritmo de avance del nivel general de precios..