Mientras el Gobierno impulsa cambios en la legislación laboral, se multiplican los reclamos de pequeñas y medianas empresas que advierten por el impacto de sentencias judiciales que consideran desproporcionadas. El último caso es el de El Bahiense, una empresa de aditivos alimenticios, cuyo dueño, Mario Fiore, enfrenta una condena laboral que asciende a unos $250 millones tras un juicio iniciado por un ex empleado.
Según relató Fiore, las dificultades con el trabajador habían comenzado cuando alegó tener problemas psicológicos y se ausentó durante 12 meses con goce de sueldo. Al reincorporarse a la planta —donde tenía 12 años de experiencia—, se produjo la pérdida de un proceso de 3.000 kilos de producto.
“Fue por un descuido, por no prestar atención a su trabajo”, explicó el empresario. Tras ese episodio, la firma dispuso una suspensión de 15 días, pero el empleado se consideró despedido y avanzó con la demanda judicial. “No es que vino a hablar conmigo o con alguno de mis hijos para decir que le parecía injusto”, sostuvo Fiore en “Alguien tiene que decirlo”, el programa de Eduardo Feinmann en Radio Mitre.
El monto final de la condena, explicó Fiore, se incrementó de manera significativa por la aplicación de intereses. “Se aplicaron cargos e intereses. Si yo pudiera conseguir esa tasa de interés que ellos aplican, que no sé si es de Marte o de la Luna, sería del 20% mensual, aproximadamente”, cuestionó.
La sentencia, dictada el 13 de junio de este año, había fijado originalmente una condena de $3.018.834. Sin embargo, a partir del índice de actualización aplicado por la jueza Lucrecia Pedrini, la misma magistrada que intervino en el caso Piegari, ese monto se disparó hasta alcanzar los $250 millones.
El empresario también destacó que el ex empleado vivía en Chacabuco y que la empresa le había dado una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires para que pudiera instalarse con su esposa. “Yo no puedo entender realmente esta situación”, afirmó.
Fiore remarcó que El Bahiense tiene 72 empleados, todos registrados, y aseguró que la compañía cumple con todas sus obligaciones fiscales y laborales. “No se puede seguir castigando a las empresas. Tengo 73 años, no somos los papás de las personas. Nosotros nos ocupamos de dar trabajo”, señaló.
Además, apuntó contra el accionar legal en el caso. Mencionó que el trabajador “contrató al abogado José Luis Guillot, socio de Álvaro Ruiz, ex subsecretario de Relaciones Laborales en el ministerio de Trabajo que condujo Carlos Tomada" durante el gobierno de Cristina Kirchner.
“No se imaginan la voracidad de los abogados, en decir cualquier cosa y poner a cualquier testigo. A mí, en un punto, me daría vergüenza”, expresó Fiore.
El caso de El Bahiense se suma a otros que trascendieron en las últimas semanas y que alimentan el debate sobre el funcionamiento de la justicia laboral.
Uno de ellos es el ya mencionado del restaurante Piegari. Su dueño, Alberto Chinkies, cuestiona una sentencia que ordenó un embargo preventivo de $155 millones en un juicio iniciado por un ex empleado que se consideró despedido durante la pandemia.
La demanda total asciende a $270 millones, incluyendo intereses y multas. El empresario sostiene que el trabajador abandonó sus tareas, que los sueldos estaban al día y que incluso se le ofreció trabajo a domicilio, opción que —según su versión— no fue aceptada.
Del otro lado, el ex empleado, que trabajó 26 años como mozo, reclama salarios adeudados, indemnización y la regularización de su contrato. Niega haber abandonado el puesto y asegura que se encontraba con licencia por una enfermedad de base durante la pandemia.
Otro caso emblemático reciente es el de Naranja Mandarina, una micropyme dedicada a la fabricación y venta de ropa infantil en la provincia de Buenos Aires. La empresa enfrenta una deuda judicial de $190 millones y un embargo de $330 millones, montos que superan ampliamente su facturación anual.
El conflicto se originó tras la demanda de un distribuidor que se consideró despedido, y el fallo laboral incrementó la deuda en más de un 1.200%. Aunque la firma apeló ante la Suprema Corte bonaerense, el embargo paralizó su actividad comercial y puso en riesgo su continuidad.