Tras la baja de las retenciones al sector agroexportador, la industria pesquera argentina solicitó formalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, la eliminación o reducción de los derechos de exportación que gravan productos pesqueros. El rubro sostiene que estas cargas fiscales generan una desventaja frente a otras actividades que ya recibieron alivio impositivo y advierte sobre el impacto negativo en el empleo y en las economías regionales del litoral marítimo.
El pedido, presentado por las principales cámaras empresariales del sector, destaca la urgencia de la medida. Las entidades consideran que eliminar los derechos de exportación es indispensable para recuperar la competitividad internacional, sostener los puestos de trabajo y evitar un deterioro irreversible en las ciudades costeras cuya economía depende de la pesca.
En los últimos meses, manifiestan, el Gobierno nacional avanzó en la eliminación o reducción de retenciones para diversos complejos productivos con fuerte arraigo regional. Entre los beneficiados se encuentran las economías agroindustriales del NOA y NEA —como el limón, arroz, maní, tabaco, legumbres, algodón, yerba mate y forestación—, las cadenas frutihortícolas (peras, manzanas, uva y mosto), segmentos de la industria vitivinícola, la economía del conocimiento (desarrollo de software y servicios informáticos), parte del sector minero y el complejo petrolero y gasífero. En este contexto, la pesca quedó excluida de los beneficios, lo que profundiza el reclamo de igualdad de condiciones.
Las cámaras empresariales remarcan que todas estas actividades fueron reconocidas como estratégicas y recibieron un esquema impositivo orientado a promover inversiones, mejorar la competitividad y dinamizar el empleo en sus regiones. En contraste, la industria pesquera continúa siendo una de las pocas actividades netamente exportadoras que aún mantiene retenciones, a pesar de su impacto directo e inmediato en ciudades como Mar del Plata, Puerto Madryn, Rawson, Puerto Deseado y Ushuaia. Según el sector, la pesca no solo es el principal motor económico de la región del litoral marítimo, sino que también define la estructura social, el nivel de empleo y la actividad de decenas de encadenamientos productivos locales, como estibaje, logística, frío, transporte, talleres navales, metalmecánica y servicios portuarios.
La presión tributaria que enfrenta la pesca, según las cámaras, pone en riesgo la continuidad de plantas, flotas y empleos, con consecuencias inmediatas y profundas sobre la vida económica de las ciudades costeras. El sector destaca que su estructura es intensiva en mano de obra, altamente expuesta a la volatilidad de los mercados internacionales y extremadamente sensible a los aumentos de costos, debido a una estructura de gastos que consideran inevitablemente elevada.
En el plano internacional, la industria pesquera argentina advierte que compite en condiciones desiguales. Los productos pesqueros de otros países suelen contar con subsidios, acuerdos comerciales preferenciales a tasa cero y una menor presión fiscal, lo que, según el sector, coloca a la producción nacional en una clara desventaja. Además, los derechos de exportación aplicados en Argentina son inexistentes en otras pesquerías del mundo, lo que agrava la situación.
El sector enfatiza que más del 90% de su producción se destina al mercado externo, mientras que el consumo interno es muy bajo, de entre 5 y 6 kilogramos por habitante al año. Por este motivo, cualquier impuesto sobre la exportación afecta de manera directa la rentabilidad de la actividad.
Las cámaras sostienen que la eliminación de las retenciones en la pesca es más urgente y determinante que en otros sectores, y que representa una de las medidas de menor costo fiscal y mayor impacto social y económico para las economías regionales del litoral marítimo. Argumentan que esta decisión permitiría recuperar competitividad en el mercado internacional, amortiguar la fluctuación de los precios y evitar la paralización de actividades productivas ante la variabilidad de los ingresos y los altos costos fijos.
La estructura empresarial de la industria pesquera argentina está conformada por la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPECA), la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA), la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA), la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (AEPCYF), la Unión De Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT).
El sector reitera que la pesca argentina, como octavo complejo exportador del país, requiere el mismo tratamiento fiscal que el otorgado a otras economías regionales y al complejo petrolero, en función de sus particularidades productivas y su contribución económica.
La eliminación de las retenciones, según la industria, permitiría sostener el entramado productivo y social que depende de la pesca, especialmente en aquellas regiones donde existen pocas alternativas económicas.
Más allá de los reclamos a Caputo, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) dieron a conocer que los datos más recientes de la Subsecretaría de Pesca muestran que al cierre de noviembre, los desembarcos de la industria pesquera superaron los registros alcanzados en la misma etapa del año anterior (758.074 toneladas frente a 755.688 toneladas). Además, sobrepasa la cifra total de desembarques de 2023 por más de 50.000 toneladas.