La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias sumó un nuevo capítulo. Un grupo de enviados de los gobernadores se reunieron con un hombre del gabinete de Luis Caputo y, luego de tres horas de intercambio, se fueron del Ministerio de Economía sin un acuerdo concreto o una contrapropuesta pero con la promesa de otros encuentros en las próximas semanas.
Pasado el mediodía, un grupo de ministros de economía provinciales ingresaron al Salón Belgrano del quinto piso del Ministerio de Economía para continuar la conversación que los gobernadores iniciaron hace algunos días y en el que plantearon ante la Casa Rosada un proyecto de ley consensuado para obtener más recursos del reparto federal.
Una veintena de funcionarios de las provincias fueron recibidos por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, el hombre fuerte en el manejo del presupuesto nacional y el custodio del superávit fiscal. La promesa nacional había sido elaborar una contrapropuesta a la iniciativa pactada entre los mandatarios provinciales. Pasadas las 14, y luego de haber desarrollado un primer temario de la agenda del Consejo Federal de Inversiones, comenzó el ida y vuelta para encontrar un punto medio.
“Más allá de lo que nos digan, no podemos los ministros tomar una decisión distinta a la que tomaron nuestros jefes que ya lo decidieron”, explicó el ministro de Economía de una provincia del centro del país. Las provincias propusieron reformar el artículo 19 de la ley 23.966, que establece el esquema de distribución de los fondos que la Nación recauda a través del impuesto a los combustibles líquidos.
En la actualidad, esos recursos se asignan de la siguiente forma: el 10,40% se destina al Tesoro Nacional; el 15,07% corresponde al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); el 28,69% se transfiere al Sistema Único de Seguridad Social; el 4,31% queda en el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; el 28,58% se dirige al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% se asigna a la Compensación para el Transporte Público.
Así, solo el 10,40% restante se distribuye entre las provincias, lo que representa una porción menor de los más de 2.500 millones de pesos recaudados por la Nación en concepto de este impuesto, según datos oficiales. Con esta iniciativa, los gobernadores buscan que la suma se reparta únicamente entre las provincias —que pasarían a recibir el 58,36%— y el Tesoro Nacional, el sistema previsional y la compensación al transporte público, que conservarían sus porcentajes actuales.
Para lograrlo, el segundo artículo del proyecto contempla la eliminación de todos los fondos fiduciarios, de modo que el remanente se transfiera de manera directa a las 24 jurisdicciones del país. Además, la propuesta plantea modificar el criterio de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional —conocidos de forma informal como transferencias discrecionales— que hoy la Casa Rosada otorga según su criterio.
Según comentó otro funcionario provincial al salir de la reunión, la Casa Rosada esgrime como argumento una modificación de esa naturaleza tal como está planteada desde las provincias implicaría un costo fiscal que afectaría el superávit de las cuentas públicas.
Desde Economía aseguraron que “durante el encuentro, se continuó trabajando sobre el compromiso de sostener la cultura de la responsabilidad fiscal como una decisión estratégica permanente”. “En este sentido, tras el planteo realizado en el Consejo Federal de Inversiones por las provincias, el Gobierno Nacional realizó una contrapropuesta que garantiza el equilibrio de las cuentas públicas”, mencionó un comunicado del Palacio de Hacienda y reiteraron que el proyecto empujado por las provincias “genera un impacto fiscal que perjudica a las cuentas públicas.
En detalle, Hacienda mencionó que ela Casa Rosada “planteó la posibilidad de transferir recursos y gastos a las provincias y aclaró que el Gobierno Nacional tiene equilibrio financiero y otro tipo de transferencia de recursos implicaría entrar en déficit”. “El Gobierno propuso la transferencia de las obras viales junto al financiamiento pertinente siempre y cuando esté acompañada de la responsabilidad de la ejecución de las obras”, continuaron.
“Estamos convencidos de que la única forma de estabilizar la macro es el equilibrio fiscal. Este redunda en beneficios para las provincias como la baja de la inflación del 25 al 1,5%”, mencionó Guberman durante la reunión, según el comunicado difundido por Economía, y señaló que “con el proyecto de las provincias pasaríamos de estar balanceados a estar en déficit”.
Respecto a los ATN, la contrapropuesta oficial es “discutir un monto máximo a repartir de acuerdo a los coeficientes de coparticipación”, aunque no implicaría toda la masa de recursos acumulados en esa cuenta.
Los ATN son administrados por el Gobierno nacional con “un criterio de distribución discrecional y no automática fijada por guarismos específicos”, explicó un informe la consultora Politikón Chaco. Según ese trabajo, “la conformación del fondo ATN es automática, pero su distribución se realiza de modo discrecional por la autoridad de turno”.
En el período 2017-2024, los remanentes del fondo ATN sin ejecutar alcanzan los $4,3 billones a precios constantes de mayo. Politikón Chaco precisó que, considerando solo el período de la actual gestión de gobierno, esos remanentes suman $1,2 billones a precios actuales: $0,9 billones en 2024 y $0,3 billones en el parcial de 2025. Esa suma representa “el 30% de un mes promedio de transferencias automáticas del período 2024-2025”.
De acuerdo con el informe, durante la actual administración nacional “los ATN no llegaron a la totalidad de los distritos, sino, hasta el momento, a dieciséis”. Entre los que no captaron esos recursos figuran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En contrapartida, las provincias que más ATN recibieron desde diciembre fueron Misiones, con el 12,3% del total; Salta, con el 11,9%; y Neuquén, con el 11,5%. También se destacan Tucumán, Chubut, Santa Fe y Buenos Aires. Chaco y Corrientes figuran al final de la tabla entre los distritos que sí recibieron fondos.
Al aplicar la fórmula de reparto propuesta por los gobernadores para el período enero-mayo de 2025, Politikón Chaco estima que deberían haberse repartido $214.949 millones (a precios corrientes), en lugar de los $80.500 millones que efectivamente se distribuyeron.