Para asegurar un nivel de superávit primario que le permita mostrar cumplimiento con las metas fiscal comprometidas ante el FMI, el Gobierno ejecutó en lo que va del año un recorte del gasto en subsidios del 60% y ajustó a la mitad las erogaciones para obras públicas financiadas con presupuesto nacional.
Así surge de los últimos datos elaborados en base a información oficial por parte de la consultora Analytica. Los números de mayo reflejan que hubo, por segundo mes consecutivo, una leve poda en comparación con el mismo mes del año anterior. El inicio del 2025 había estado marcado con un primer trimestre de expansión del gasto, principalmente por las jubilaciones que están indexadas a la inflación.
Para compensarlo, el Ministerio de Economía apretó las clavijas sobre el fondeo a otras áreas como los subsidios económicos y los proyectos de obra pública. Para el caso de las subvenciones a tarifas de energía, el Gobierno aplicó en los últimos meses una recalibración de la ayuda estatal para que los usuarios paguen una proporción mayor del costo del servicio.
Los datos recopilados por Analytica muestran que en mayo el ajuste sobre los subsidios fue de 62,4%, y en el acumulado entre enero y mayo fue de 60,3 por ciento. Para el caso de la obra pública, el recorte fue de 51% en mayo y de 52,1% en los primeros cinco meses del año. No fueron los únicos dos renglones del gasto que tuvieron podas.
También estuvieron el gasto en personal -salarios públicos- con una caída de 7,1% en mayo y 9,7% en términos acumulados en 2025. En otros programas sociales (por fuera de asignaciones familiares y AUH) el retroceso fue de 12,8% en el quinto mes del año y 20,7% en lo que va del año. Por el contrario, hubo incrementos reales en jubilaciones y pensiones (10,8% en mayo y 20,7% en 2025), mientras que asignaciones familiares y AUH fueron de 39,7% y 24,8%, respectivamente. Estas últimas partidas están atadas a la evolución de la inflación.
Una presión adicional sobre los fondos de obra pública y subsidios, así, fue la vía por la que el Gobierno buscó asegurar el excedente fiscal para poder cumplir el compromiso de superávit, en un mensaje al mercado de que sostendrá el equilibrio en las cuentas públicas incluso en año electoral.
Respecto a la obra pública, un hombre de Luis Caputo puso de manifiesto en las últimas horas cuántos proyectos eligió sostener la Casa Rosada y cuáles fueron cancelados o traspasados a las provincias. De las 2.337 obras bajo jurisdicción nacional que había al inicio del gobierno libertario, la Nación se quedó bajo su ala 183, solo el 7 por ciento. De ese último número, 122 fueron reiniciadas y 61 están paralizadas. Otras 500 obras fueron transferidas a la órbita de los gobernadores y otras 1.600 fueron dadas de baja.
Una preocupación en el sector privado está relacionada a la falta de mantenimiento de rutas. Un cálculo de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) indica que los corredores viales que el Gobierno puso a disposición para concesionar necesitarían una inversión inicial de unos USD 100 millones en cada vía solamente para “ponerlas a punto”.
A diferencia de los objetivos de reservas en el Banco Central, de acuerdo a los últimos datos de la Secretaría de Hacienda, la meta fiscal estaba más encaminada. En ese sentido, el Ministerio de Economía debía poder demostrar que el excedente primario -sin contar el pago de intereses de deuda- alcanzó los 6 billones de pesos.
Con los datos acumulados hasta abril, según la Secretaría de Hacienda, el superávit primario fue de $5,2 billones, por lo que requeriría que en mayo haya habido al menos un excedente de $800.000 millones para llegar con lo justo a esa primera meta de referencia. A priori, el objetivo de superávit primario estaba estipulado para fines de mayo, aunque también quedaría aplazada para fines de julio.
De todas formas, en el equipo económico confían en que la superarán. Eso se explica porque para todo 2025 el superávit pactado con el Fondo Monetario es de $10,5 billones, lo que equivale a 1,3% del PBI. El Gobierno, no obstante, anunció el mismo día que presentó el nuevo acuerdo con el organismo que la meta fiscal, por iniciativa propia, sería en realidad más exigente que lo plasmado en el programa, por un total de 1,6% del Producto Bruto.