Se aproximan semanas decisivas en la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, en un contexto en el que el Gobierno busca sostener su esquema de política económica con brecha cambiaria bajo control a costa de menor acumulación de reservas. La novena revisión de metas comenzará en breve y más adelante, con una fecha todavía no determinada, la negociación hacia un nuevo programa.
Lo que el mercado intenta interpretar desde temprano es qué dinámica tendrá el ida y vuelta entre Buenos Aires y Washington, y busca en los acuerdos más recientes firmados por el Fondo Monetario con otros países alguna señal que permita anticipar qué condiciones podría ponerle a la Argentina el directorio a cambio de más financiamiento.
El Gobierno avanza con sus cartas en la mano: las metas de junio fueron sobrecumplidas y la novena revisión no debería representar ningún desafío para el equipo económico -llegarían por ese motivo unos USD 540 millones a las reservas-, aunque asoma una duda entre los inversores sobre si la caída de reservas en el BCRA que se agudizó en el tercer trimestre dejará a la meta de acumulación de fines de septiembre en terreno comprometido.
En los despachos oficiales prefieren no arriesgar si la compulsa por venir será más o menos friccionada, pero aseguran, a la defensiva, que el Fondo plantea objeciones al plan económico a pesar de tener el Gobierno las metas cumplidas, y ven una vara distinta en comparación con la administración del Frente de Todos, que terminó el mandato con un programa fuera de cualquier zona de cumplimiento de objetivos.
Claro que hay una diferencia y es que el FMI se pondría más duro en sus exigencias ante la posibilidad de aumentar su exposición de deuda con la Argentina, algo que deberá poder justificar ante su directorio y los países accionistas. La bucrocracia del Fondo Monetario volverá a la actividad tras el receso de verano en los Estados Unidos y retomará su agenda, que tendrá rápidamente una escala en Buenos Aires.
Para el caso de las metas que tuvieron finalización el último día de junio, el panorama es favorable para el Poder Ejecutivo: el Banco Central deberá mostrar una acumulación de reservas de USD 10.900 millones en comparación con diciembre de 2023 y según estimaciones privadas, lo superó en más de 1.200 millones de dólares.
Los objetivos fiscales también fueron sobrecumplidos. Según un relevamiento de la consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, a fin de junio el sector público había alcanzado un superávit primario, antes del pago de intereses de deuda -que es el número que toma en consideración el FMI- de $6,9 billones. La meta para esa fecha de corte era de $4,6 billones. Con el último dato disponible, a junio, el excedente primario de $7,8 billones ya está $167.000 millones por encima de la meta de septiembre.
De esa forma, a cinco semanas de que tengan lugar las fechas de corte de las últimas metas del programa financiero iniciado en marzo de 2022, el Gobierno se perfila para poder cumplir con comodidad el objetivo fiscal y deberá acumular unas USD 1.000 millones más de reservas netas para pasar el examen de acopio de divisas en el BCRA.
Desde ese momento comenzará la discusión más grande sobre la puesta en marcha de un acuerdo nuevo, distinto, y que eventualmente tenga financiamiento adicional. Son pocas las precisiones que hay hasta el momento sobre ese proceso, comenzando con el timing: aún no se iniciaron las conversaciones de manera formal y no hay fecha determinada, reconocen en el Palacio de Hacienda.
Por eso, el mercado aún mantiene un manto de dudas sobre la continuidad del programa económico y eso se refleja en el precio de los activos argentinos y en el riesgo país. ¿La nueva fase llegará o no con aporte de dólares por parte del Fondo Monetario? ¿Esperará el Poder Ejecutivo un resultado electoral favorable a Donald Trump para contar con un “empuje” en el directorio desde la Casa Blanca? Y la pregunta que los inversores y analistas se hacen con mayor insistencia: ¿qué pedirá el FMI a cambio de fondos frescos?
En los últimos días distintos informes de mercado abordaron precisamente esa cuestión y buscaron respuestas en los últimos acuerdos firmados por el organismo. Un informe de la consultora 1816 planteó que “a priori pensamos que no habrá un nuevo programa (que es lo que haría falta para tener desembolsos a partir de 2025) salvo que se libere el mercado de cambios, prior action requerido por el Fondo para aprobar desembolsos recientes a Egipto y Etiopía”.
En un informe más amplio, PxQ aseguró que “El ‘manual’ del organismo no es muy distinto al del pasado: la llegada de financiamiento se condiciona a la implementación de una unificación cambiaria, eliminación de controles de la cuenta comercial y de capital, implementación de reglas claras de intervención y política monetaria contractiva (suba de tasa de interés) para contener el efecto inflacionario”.
“Tomando en cuenta el último Reporte del Sector Externo, el FMI consideraba que, tras la devaluación de diciembre y la posterior apreciación, el tipo de cambio real se encontraba en equilibrio para fin de marzo. Desde ese momento, el tipo de cambio se siguió apreciando, encontrándose ahora 17% por debajo de ese nivel de equilibrio”, continuó la consultora fundada por Álvarez Agis.
En tanto, la consultora FMyA (Fernando Marull y Asociados) analizó en detalle las condicionalidades de los últimos países que firmaron acuerdos como el que buscaría la Argentina y las conclusiones fueron:
- Egipto: “Luego de aprobada la ampliación del programa, el Banco Central de Egipto debió eliminar controles de cambio y dejar flotar la libra, que pasó de $30 por dólar a casi $50 a fin de febrero. El Fondo también solicitó mayor endurecimiento de las políticas fiscal y monetaria”;
- Pakistán: “El FMI ya había puesto como condición una devaluación de la rupia en enero de 2023 para acceder al último desembolso del acuerdo que mantenía con el país desde 2019. Con el Stand By de mediados del último año, el Fondo pidió profundizar el proceso de consolidación fiscal, llevar adelante reformas en el sector energético y finalizar la transición a un esquema de tipo de cambio flexible que había comenzado en enero. Con la economía estabilizada desde comienzos de este año, el nuevo programa apunta a fortalecer las políticas monetaria y fiscal y encarar reformas pro-crecimiento”;
- Etiopía: “Previo a la aprobación del programa, el gobierno devaluó la birr, que pasó de $57 por dólar a $77,5. A diferencia del caso de Egipto, la devaluación fue llevada adelante en una etapa previa a la aprobación del programa, y no como parte de las políticas convenidas con el staff del Fondo. Los analistas consideran que este movimiento fue una de las condiciones que impuso el FMI para dar luz verde al acuerdo”, concluyó FMyA.
“El Fondo va a pedir algún esfuerzo extra para conceder nuevos desembolsos. Basándonos en los arreglos con los tres países, eliminar los controles de cambios muy probablemente sea una condición ineludible para acceder a un nuevo acuerdo y más desembolsos. Como el gobierno ya tiene como objetivo levantar el cepo y eliminar el impuesto país, esta no debería ser una traba. También será importante cumplir las metas en las dos revisiones que restan del programa actual”, planteó FMyA.
También a la luz de esos últimos acuerdos firmados, PxQ finalizó su informe con cuatro “patrones” que identificó que podrían extenderse hacia la Argentina en ocasión de un acuerdo a negociar:
- Política monetaria contractiva con una tasa al nivel de la inflación corriente.
- Devaluación del peso al nivel del tipo de cambio “libre”.
- Flexibilización de los controles sobre la cuenta comercial y sobre la cuenta capital, de la balanza de pagos.
- Autorización de intervención en el mercado de cambios sobre la base de reglas claras.
“Mientras más se demore la salida del cepo, con un crawling peg que viaja por debajo de la inflación, mayor será el salto necesario para llegar al tipo de cambio real que pide el FMI”, concluyó PxQ.