Ajuste fiscal: los gobernadores buscan fondos para pagar jubilaciones y la Nación asegura que auditará los pedidos

Las cajas jubilatorias de las provincias vuelven a ser un tema de tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores. La Casa Rosada no envió un solo peso de transferencias en lo que va del año para que las provincias cubran el déficit de sus sistemas previsionales no transferidos y asegura que solo lo hará cuando finalice una serie de auditorías, que en algunos casos, aseguran, dieron como resultado cifras distintas a las reclamadas por los gobernadores. La cuestión de los envíos discrecionales a las provincias no es menor para las arcas provinciales, ya que hasta julio acumulaban cerca de un 80% de caída.

Reclamos de este tipo recibió este miércoles en la reunión de comisiones del Senado el secretario de Hacienda Carlos Guberman, quien asistió para defender la posición del Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley con media sanción en Diputados que cambia el esquema de movilidad jubilatoria, y en una reunión en la que el funcionario de Luis Caputo reconoció que el Gobierno podría ceder y aceptar una compensación mayor por la inflación pasada.

Durante el intercambio de preguntas y respuesta con el funcionario del Palacio de Hacienda, senadores de la oposición insistieron en distintas oportunidades sobre cuál es el plan del Gobierno sobre los fondos para cajas jubilatorias no transferidas a la Nación, que son unas trece: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

“En los casos en que se hicieron auditorías, hay una (provincia) que debía plata al Estado nacional y dos casos que tenía una determinación menor a la que reclamaban”, respondió a Guberman. “La pretensión de la provincia no coincidía con el resultado de la auditoría. Se había determinado déficit pero no había acuerdo porque a veces no solo hay diferencia en cuanto a los egresos -la población que genera el déficit- sino los ingresos, los aportes y contribuciones”, amplió el director de la Anses Mariano de los Heros.

No hay estimaciones consolidadas sobre cuánto es el dinero que los gobernadores le piden al Ministerio de Economía por este concepto, pero la vía de reclamo es múltiple, ya llegó a oídos de los funcionarios más altos del gobierno nacional en distintas ocasiones, fue parte de reuniones plenarias de ministros de hacienda provinciales con el de la Nación desde principio de año, y las provincias aseguran haber cosechado promesas variadas sobre esta cuestión.

El mecanismo por el cual la Nación cubre el déficit de las cajas previsionales provinciales implica que la Casa Rosada presupuesta para determinado año un déficit proyectado que tendrán las gobernaciones y que tendrá que financiar con fondos del Tesoro. Una vez que se alcanza el cálculo de ese monto total, se divide en doce partes y es enviado mensualmente a ese grupo de provincias. Sobre ese presupuestado, si al finalizar el año hubiese un diferencial a favor de esas jurisdicciones, Nación deberá luego recomponerlo.

La cuestión es que para estimar el déficit la Anses debe realizar, con información que proveen las provincias, una “simulación” de ese desequilibrio para poder presupuestarlo. Este año el “circuito” se cortó en esa instancia: el cálculo del déficit exacto de cada gobernación terminó por ser la razón principal que esgrimen desde la Nación para no enviar fondos.

En el único informe de Jefatura de Gabinete presentado por el Gobierno desde diciembre, cuando al frente de esa cartera estaba Nicolás Posse, la Casa Rosada ya había explicado que “la Anses se encuentra abocada al requerimiento de información necesaria que deben entregar las cajas Previsionales provinciales, tanto de recursos como de erogaciones”.

Cálculos preliminares hechos por las propias provincias daban cuenta del tamaño de los envíos que reclaman. Córdoba estimaba que a esta altura del año deberían recibir $10.000 millones mensuales. En otros casos, al menos tres, hay provincias que, hace tiempo, ya presentaron reclamos ante la Corte Suprema de Justicia, que es donde se dirimen los conflictos entre jurisdicciones provinciales y la Nación, para buscar fondos adeudados de cajas jubilatorias no transferidas. Santa Fe reclama $700.000 millones que estiman que deberían haber recibido entre 2020 y 2023, Córdoba pulsea por otros $117.000 millones y Entre Ríos por $145.000 millones.

En la Casa Rosada aseguran que, más allá de todo, las provincias tienen una situación fiscal sólida y que terminarán el año con un nivel de superávit en sus cuentas públicas que les permitirá “afrontar sin inconvenientes sus gastos operativos y de funcionamiento”.

Así lo dejaron planteado en el adelanto del Presupuesto 2025: “Las proyecciones para el ejercicio 2024, prevén un desmejoramiento del Resultado Financiero para el Consolidado de Jurisdicciones, producto de lo mencionado anteriormente. En efecto, este Resultado empeoraría un 0,1%, mientras que el Resultado Primario proyectado mejoraría en un 0,1%, ambos en relación al PIB”, mencionaron desde Economía.

“Tomando en cuenta los datos provisorios de ejecución presupuestaria relevados para el primer trimestre, para el conjunto de jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se observa que se mantiene un déficit financiero equivalente al 1% de los Ingresos Totales”, continuaron. Y mencionaron que lo que suceda en adelante con las cuentas de las provincias dependerá de las decisiones de ingresos y gastos que tomen, para así tomar distancia del reclamo de recortes de transferencias que derraman desde la Nación.

“Este resultado proyectado, aunque deficitario, representa una mejora respecto al del ejercicio anterior. Las definiciones de políticas de ingresos propios y gastos que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomen serán determinantes para mantenerlo o mejorarlo, como así también a la hora de la elaboración y aprobación de sus respectivos presupuestos para el año 2025″, concluyeron.

Estimaciones privadas como las que elabora la consultora Politikón Chaco mencionaron que en julio las transferencias no automáticas desde Nación a las provincias acumulaban un 80% de caída interanual. Entre las automáticas -principalmente coparticipación- el recorte fue 18,5% en julio y acumula un -13,1% en lo que va de 2024. Este número es negativo en términos reales en todos los meses desde septiembre pasado salvo en mayo cuando un ingreso extraordinario de Ganancias al fisco hizo mejorar los envíos del reparto general.