Prepagas y los detalles de una madrugada tensa: el “no” final de Caputo, las claves del acta y las dudas de las grandes

Como destacó Infobae esta mañana, finalmente hubo acta de acuerdo entre el Gobierno y las prepagas. Fue una muy dura negociación que se dirimió recién de madrugada, alrededor de las 2 de hoy, y luego de casi 15 horas de discusión. Así, unas 40 empresas y representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y de la secretaría de Comercio –desde donde se señaló a las principales compañías del sector por cartelización– firmaron el acta y los anexos en el juzgado civil y comercial federal de Juan Rafael Stinco, quien los había citado para resolver el tema e hizo todo lo posible para que el tema se dirimiera ayer mismo.

En términos generales se acordó devolver en 12 cuotas con interés lo que, según el Gobierno, cobraron de más desde diciembre en adelante con una actualización por la tasa de interés mensual de los plazos fijos del Banco Nación; que partir de julio las cuotas se ajustarán libremente en lugar de hacerlo en octubre; y que se reincorporará a sus planes a quienes fueron dados de baja por falta de pago.

A priori, parece un acuerdo beneficioso para las empresas, que si bien no querían devolver nada por considerar que no correspondía hacerlo, ya que el Gobierno había liberado los precios con el decreto 70/2023 de Javier Milei, tendrán un año para reintegrar lo cobrado por sobre la inflación, con una actualización bastante menor al IPC. Además, si van poder aumentar sin límites desde julio, ¿valía la pena la puja y el desgaste que se generó? ¿Desde julio será sin límites de verdad o deberán subir con el IPC como teche? Si será de esta última manera, ¿por qué no quedó así escrito?

La primera discusión de ayer se dio sobre la fórmula de devolución del dinero “extra” que se cobró. Las empresas propusieron un 24% en 12 cuotas y sin ajuste; luego subieron a 36%. Mientras los funcionarios decían que de ninguna manera se haría así, las siete grandes del sector –las que están siendo investigadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia– exigieron como parte de la negociación, que se deje sin efecto esa pesquisa. Son Galeno, Omint, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, OSDE y Swiss Medical.

En medio de ese álgido debate llegó Pablo Lavigne al juzgado. Si bien había en la audiencia funcionarios de Comercio, el secretario no estaba presente. Las compañías le reiteraron el pedido y Lavigne, que siempre dijo que era inviable dejar de lado la investigación, involucró en el tema a su jefe. Fue a ver al ministro de Economía, Luis Caputo, y regresó con un mensaje contundente. “No vamos a dar un paso atrás con la acusación, de ninguna manera. Se va a seguir con esa investigación hasta el final”, dijo, palabras más, palabras menos, el titular del Palacio de Hacienda.

Así, la mesa de negociación volvió a centrarse en los números y se acordó la actualización por plazo fijo. Las propuestas iban y venían, de piso a piso: en uno de ellos estaban unos 150 ejecutivos y abogados de las 40 empresas y arriba estaban los funcionarios de la SSS y de Comercio. Stinco y sus colaboradores bajaron y subieron durante varias horas. El Gobierno confirmó el acuerdo alrededor de las 20 horas, aunque las empresas no lo ratificaron. Tampoco aparecía el acta, que recién se firmó de madrugada.

“Demoraron todo. Quisieron empantanar el acuerdo al final, pero no pudieron. Nuestra idea era acordar, no fundir a nadie, como decían las empresas. Para nosotros fue un acuerdo positivo”, aseguraron fuentes oficiales. Desde algunas empresas aseguraron que fue todo un “mamarracho” y que hubiese sido mucho peor salir del juzgado sin firmar nada. No son pocos los que creen, sin embargo, que fueron las grandes ganadoras luego de semanas de incertidumbre.

“Los usuarios de prepagas quedaron perjudicados porque al devolver lo que se cobró en exceso en 12 cuotas calculado por la tasa pasiva del Banco Nación, termina licuándose el crédito, porque el monto que se va devolviendo es muy inferior con respecto a la inflación actual y futura. Además, a partir de julio se liberan otra vez los precios de las prepagas, es decir que, nuevamente, van a poder realizar aumentos sin límite alguno”, resumió Fiorella Bianchi, abogada especializada en salud.

Los puntos de los anexos del acta que firmaron el Gobierno y las empresas dan algunas pistas de lo álgida que fue la discusión a lo largo del lunes. Usando lenguaje legal y con formas muy cuidadas, quedaron plasmadas las posturas de ambos sectores.

Allí se describe que “frente a las gravísimas consecuencias que podría producir el cumplimiento de la cautelar en los términos dictados, no solo a la ecuación económica financiera del contrato de medicina prepaga, sino y fundamentalmente en forma íntegra al servicio prestacional médico asistencial que las empresas otorgan, en los que se encuentran involucrados más de 6.000.000 de afiliados un sinnúmero de prestadores de salud (Sanatorios, Clínicas, médicos, enfermeros, trabajadores, etc., etc.) imponen a las partes realizar ingentes esfuerzos destinados a superar el desfasaje real entre los costos efectivamente incrementados en forma general y similares para todo el sector y los límites regulatorios que impusieron restricciones para su adecuación denegatorias de incrementos de costos individuales y autorizaciones únicas y generalizadas para todas las empresas desde el año 2011 hasta el dictado del DNU 70/2023)”.

Según argumentos de la SSS, entre enero y abril hubo una dispersión en los aumentos de 42,22 puntos porcentuales entre la empresa que menos incrementó el valor de la cuota en dichos meses, que registró un suba total del 121,71%, y la empresa que más incrementó la cuota, que lo hizo en un 163,93 por ciento. Pero se aclaró, seguramente a pedido de las empresas, que “no corresponde limitar el periodo temporal al indicado precedentemente toda vez que el desfasaje en el valor de las cuotas se produce y lleva un arrastre cuanto menos desde el año 2011, y el que se exacerba especialmente en el último trimestre del 2023 lo que genera un atraso que ineludiblemente debe ser ponderado”.

También quedó plasmado lo que piensan las prepagas sobre los laboratorios y los precios de los medicamentos, un tema que señalan cada vez que pueden. “El índice IPC no incluye rubros necesarios para el sector, ni puede ser parámetro de validación de incremento de cuotas, ya que en la estructura de costos del sector de Salud tienen un peso específico rubros tales como medicamentos, el precio dólar, así como el impacto adicional en costos por la incorporación de nuevas tecnologías, ampliación de prestaciones incluidas en el PMO, entre otros rubros”, detalló el acta judicial.

Y agregó: “Las Empresas de Medicina Prepaga aumentaron en el año 2023 el 134,78 % el valor de sus cuotas vs. un incremento del 211,41% del IPC, 275,45% de los insumos médicos y 355,16% del dólar oficial, mientras que los subsidios que recibieron las clínicas no compensan la brecha mencionada ya que no representan más del 1% de las cuotas de los prepagos”.

En la última parte del Anexo I (el II tiene gráficos y números que justifican el texto) hay un cierre titulado de manera muy armoniosa: “Esfuerzo compartido”. Allí se remarcó que:

• “Ninguna duda asiste que el sinceramiento de precios y/o la adecuación de precios relativos en una economía fuertemente impactada por desequilibrios estructurales, déficits fiscales y financieros y con una inflación incremental que perfiló el desborde incontenible, repercute principalmente en los sectores sociales de menores recursos produciendo desequilibrios y exclusiones con la realidad económica y en la evolución natural de las políticas generales y en especial de aquellas destinadas a preservar uno de los derechos básicos constitucionales: LA SALUD (así, en mayúsculas en el texto)”.
• “En tal orden de ideas recalculando la ecuación económica financiera del contrato tal y como se afirmara, sin que ello vaya en desmedro de la calidad prestacional, se sugiere adecuar las necesidades del consumidor a la realidad económica concurrente, como así también alinearse con políticas públicas que enfrentan la crisis existente y los valiosos intentos judiciales de contemporizar bienes jurídicos protegidos sin lesionar pilares de nuestra estructura jurídica”.

Y cerraron de esta manera: “En virtud de todo lo expuesto y como corolario de los argumentos y la realidad descripta nos encontramos dispuestos a reformular incrementos de cuotas, postergar reacomodamientos de precios relativos y facilitar el pago diferido de exigencias financieras, privilegiando a los sectores más carenciados”.

Está claro que no hubo “amor y paz”, más bien todo lo contrario. “Lo más increíble de esta película es que un gobierno supuestamente promercado y procapitalismo, terminó haciéndoles devolver plata al sector privado. Hicieron socialismo con la guita de otro. Es insólito. Mataron al sector privado para mostrar un enemigo de la clase media y tapar los aumentos de todos los servicios públicos”, aseguraron desde una de las “grandes”.

Y señalaron, con cierta lógica, que el Gobierno los acusa de cartelización y la justicia las terminó reuniendo a todas para que firmen un acuerdo común. “No hay mercado oligopólico con más de 40 empresas”, argumentaron.

La investigación de la CNDC es lo que más preocupa en el sector privado, en el fondo. Podrían enfrentar multas millonarias y la contraparte es la CNDC, que depende de “Toto” Caputo, el ministro que ya las acusó de haberle declarado la guerra a la clase media.