Tras la aprobación de cambios en la Ley de Alquileres en el Senado, el proyecto regresará a la Cámara de Diputados para una nueva revisión. En medio de la incertidumbre legislativa, el mercado inmobiliario muestra una tendencia hacia la extensión de contratos y el aumento de acuerdos informales.
Desde la implementación de la actual ley, hace 39 meses, muchos dueños han optado por acuerdos informales con inquilinos o por dejar sus propiedades vacías, prestarlas o venderlas.
Las recientes modificaciones aprobadas en el Senado, con mayoría oficialista, han generado aún más rechazo.
Enrique Abatti (h.), abogado especializado en derecho inmobiliario y directivo de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, indicó a Infobae que la situación de los alquileres en Argentina podría empeorar. “El problema es multifactorial, pero se centra en la inflación y en la sensibilidad del mercado a intervenciones estatales”, dijo.
El experto sostuvo que los contratos se establecen entre particulares y deberían regirse por reglas claras y equitativas. “Sin embargo, cuando el Estado interviene en la fijación de precios, se genera incertidumbre y escasez de propiedades, lo que a su vez eleva los valores. El proyecto del Senado propone mantener el plazo mínimo de alquiler en 3 años resulta excesivo en el contexto argentino actual”, afirmó Abatti (h.).
El experto cree que el proyecto de la Cámara de Diputados ofrecía más flexibilidad para elegir sistemas de actualización, mientras que la versión del Senado impone un único sistema que genera confusión e incertidumbre. Además, establece que los alquileres no podrán reajustarse con una periodicidad menor a seis meses, a pesar de que los precios de productos y servicios suelen aumentar más frecuentemente.
Desde la implementación de la ley, la oferta de alquileres residenciales en CABA disminuyó en un 80%, según la Cámara de Propietarios. En su lugar, surgieron otras modalidades, como alquileres turísticos o comerciales, que permiten mayor flexibilidad en la actualización de precios.
Otro marco jurídico y desalojo exprés
En sintonía con el rechazo a la normativa y a las modificaciones introducidas por el Senado –que aún no son suficientes para reformar la Ley de Alquileres vigente– existen otras voces críticas entre los dueños de inmuebles.
Germán Matienzo, miembro de la agrupación Propietarios Unidos de Argentina, manifestó su desacuerdo con lo aprobado en el Senado. “El ajuste a través del índice Casa Propia sería el único que se actualizaría cada seis meses en un contexto de hiperinflación”, opinó.
Criticó además otros aspectos como la duración de tres años del contrato, la prohibición de prórrogas, la publicidad en dólares y la posibilidad de que el inquilino cancele el contrato a los seis meses sin indemnización, entre otros puntos que, en su opinión, empeoran la situación actual.
Se destaca el consenso en que una ley no es justa simplemente por su existencia, especialmente cuando afecta a quienes han invertido su capital y esfuerzo durante toda una vida.
Karina González, de la agrupación Propietarios Unidos de Argentina, señaló que muchos propietarios alquilan sus viviendas como una fuente adicional de ingresos, ya sea para complementar su jubilación o para costear gastos diarios.”
Un estudio del Colegio Profesional Inmobiliario de Buenos Aires (Cucicba) indica que el 81% de los propietarios en Argentina son mayores de 65 años y dependen de los ingresos por alquiler.
Los dueños también reclaman la necesidad de una defensoría de la propiedad privada. González agregó que, “además de los aspectos económicos, hay cuestiones jurídicas que requieren atención, como la agilización de los procesos de desalojo por falta de pago, que actualmente pueden tardar hasta tres años”.
Cómo se sale de esta situación
Los propietarios argumentan que para incentivar la oferta de alquileres sería beneficioso evitar regulaciones como las de la ley vigente y las recientemente aprobadas en el Senado.
Entre las medidas criticadas se encuentran la prohibición de prórrogas, la penalización de la publicidad en dólares, la limitación a un solo mes de depósito para contratos de tres años y la posibilidad de que el inquilino cancele el contrato a los seis meses sin indemnización.
“Se necesita sancionar una normativa de desalojo exprés y modificar el Código Civil y Comercial de 2015 para permitir ajustes en los alquileres. Esperamos un cambio significativo en la política económica que permita mayor libertad contractual y, como resultado, un aumento en la oferta de inmuebles en el mercado”, concluyó Matienzo.