La trascendencia del acuerdo que el Fondo Monetario Internacional firmó con la Argentina en 2018, renegoció en marzo 2022 bajo un nuevo formato y que todavía sigue recalibrando con las autoridades actuales fue tal que no solo tuvo un impacto en la economía y en la política nacional, sino que el propio funcionamiento y dinámica del organismo se vio alterado, y disparó, en distintos momentos, instancias de evaluación interna y de “autocrítica”. Una de esas instancias está por comenzar en breve, a la luz del fallido acuerdo Stand By original.
El FMI cuenta con una Oficina de Evaluación Independiente (OEI) que hace informes y análisis sobre distintas decisiones del directorio, en un temario amplio que incluye las políticas que fueron recomendadas por parte del staff técnico y la actuación general del FMI durante las negociaciones con el país.
La Argentina forma parte de la historia fundacional de la OEI, ya que hizo en 2004 una evaluación exhaustiva de la relación entre el Fondo y la Argentina antes de la crisis de 2001. “(La Oficina) se ha establecido para realizar sistemáticamente evaluaciones objetivas e independientes sobre cuestiones, y sobre la base de criterios, pertinentes para el mandato del Fondo. Su objetivo es servir como un medio para mejorar la cultura de aprendizaje dentro del Fondo, fortalecer su credibilidad externa y respaldar las responsabilidades de supervisión y gobernanza institucional de la Junta Ejecutiva”, explica la OEI en su página web.
El objetivo de la OEI es servir como un medio para mejorar la cultura de aprendizaje dentro del Fondo, fortalecer su credibilidad externa y respaldar las responsabilidades de supervisión y gobernanza
En los últimos meses esta oficina tuvo un cambio de autoridades. En octubre de 2022 el economista español Pablo Moreno, que actuaba como es director ejecutivo en el Fondo, representando a la silla que reúne a su país junto con Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, tomó el mando de la OEI.
El organismo planteó en distintos documentos, uno de ellos de los últimos días, cuáles serán sus lineamientos de trabajo. Uno de ellos tiene que ver con evaluar, en un ejercicio que aparece periódicamente en el seno del FMI, si funciona o es perfectible el mecanismo de acceso excepcional de fondos en el marco de programas de asistencia financiera.
Esto es, el préstamo de dinero por encima de la cuota que le correspondería a un país según su posición en el FMI, como sucedió en el caso argentino en 2018. No es la primera vez, en lo que va del siglo, que el Fondo se replantea la efectividad de ese tipo de créditos.
Sin ir más lejos, según los datos recopilados por la Oficina de Evaluación Independiente, más de la mitad de los programas financieros que tuvieron estas características fallaron o, como se suele nominar en la jerga del organismo, devinieron off-track (descarrilar).
De 134 programas implementados por el FMI entre 2002 y 2022, 96 tuvieron acceso a fondos “normal” y 38 implicaron desembolsos “excepcionales” en su nivel de cuantía. De esos 38, hay 11 que siguen vigentes, entre ellos el de la Argentina.
Ahora bien, respecto a su efectividad, hay una diferencia clara entre un tipo de programa y otro. De los 138 programas totales, unos 54 descarrilaron. De ese total, 21 fueron acuerdos con acceso excepcional. Así, el 55% de los programas de estas características pueden ser considerados fallidos bajo este criterio, contra 33% de los programas con acceso “normal” a fondos.
Otra categoría que analizó la OEI es la de quickly off-track, es decir, los programas que se salieron del camino con velocidad. Ahí la cuenta es más equilibrada: el 13% de los acuerdos con acceso normal y el 11%, con acceso excepcional.
De los 138 programas totales, unos 54 descarrilaron. De ese total, 21 fueron acuerdos con acceso excepcional de fondos. Así, el 55% de los programas de esta características pueden ser considerados fallidos
Según el documento discutido y publicado por la OEI, el trabajo de evaluación “cubrirá el contexto en el que se diseñó el acuerdo, la eficacia con la que el Fondo manejó este caso, con un enfoque especial en la implementación del programa de acceso excepcional, y los resultados del acuerdo para la Argentina”.
En rigor, lo que examinará es el Stand By de 2018, reformateado en 2022 a un Extended Fund Facility (EFF). Por tradición, la OEI no suele evaluar programas que todavía están en negociación.
Cuestiones a dilucidar
En ese sentido, el documento detalla cuáles son las cuestiones que buscará dilucidar, a manera de preguntas para responder, entre ellas si estaba justificado el acceso excepcional para el caso del programa argentino -también evaluará los casos de otros países, como Ecuador-, qué peso terminó teniendo ese préstamos para la cartera del Fondo en comparación con otros acreedores oficiales.
También buscará echar luz sobre otras cuestiones, entre ellas cómo se utilizó para “apoyo presupuestario” el acceso a fondos excepcionales para el país en cuestión, si hubo un correcto diagnóstico del FMI en sus supuestos y proyecciones, las recomendaciones de política económica y la “condicionalidad sobre el ajuste macro, flexibilidad tarifaria y reformas estructurales” y cómo manejó “la gestión de desviaciones de los objetivos del programa y la elaboración ex ante de planes de contingencia”.
Otros elementos que aparecen en ese examen: si los criterios bajo los que se otorga financiamiento excepcional fueron “adecuados para su propósito” y “evaluados con suficiente rigor e imparcialidad”.
También hay, por último, una necesidad de la OEI de evaluar los “procedimientos de toma de decisiones”, entre los que considera buscará respuestas sobre “cómo se integraron los análisis técnicos y las consideraciones políticas en la toma de decisiones crediticias y si “fueron los procesos formales e informales de construcción de consenso, tanto dentro del FMI como con las autoridades de los países, para decidir la estrategia a implementar en cada caso”.
No hay previsto, de acuerdo con la información disponible, una fecha de finalización de este tipo de trabajos. El programa Stand By de 2018 ya tuvo una instancia de evaluación interna en el Fondo Monetario, pero fue realizado por el propio staff técnico, no por la oficina independiente de evaluación.
Aparecen en ese examen para el caso Argentina si los criterios bajo los que se otorgó financiamiento excepcional fueron “adecuados para su propósito” y “evaluados con suficiente rigor e imparcialidad”
En ese trabajo, que se dio a conocer en diciembre de 2021, concluyó, por ejemplo, que “la estrategia del programa resultó demasiado frágil para los desafíos estructurales profundamente arraigados y las realidades políticas de Argentina. El problema fundamental fue la falta de confianza en la sostenibilidad fiscal y externa”.
El informe destacó que el gobierno de Mauricio Macri “abrió rápidamente la cuenta capital y los préstamos en el extranjero, al tiempo que adoptó un enfoque gradual para enfrentar los desequilibrios, en particular el déficit fiscal, preparando el escenario para un ‘sudden stop’ y un pedido de Stand By”. Tras ese comienzo, ingresaron “capitales de cartera” al país, pero “al mismo tiempo que persistieron los desequilibrio macroeconómicos y las distorsiones estructurales”.
“Se siguió el marco de acceso excepcional, pero su aplicación no fue sencilla”, reconocieron. “Se siguieron los procedimientos estándar para evaluar los riesgos para el FMI, pero los riesgos más amplios podrían haber aparecido de manera más prominente en las deliberaciones”, argumentaron.
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