Las Letras de Liquidez son instrumentos de política monetaria utilizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para poder controlar el exceso de la cantidad de dinero que circula en la economía a través del sistema financiero institucionalizado sobre la demanda de crédito, y evitar que se destine a la compra de bienes y dólares.
Sólo pueden ser compradas por los bancos comerciales y no por el público en general, por lo que constituyen una suerte de “encaje remunerado” en una proporción mayor al costo del dinero transaccional (colocaciones en cuentas corrientes y a la vista en caja de ahorro), y neutra para la mayor parte de las imposiciones a plazo fijo, con excepción -algunos meses- de las ajustables por la inflación.
Al inicio de la presidencia de Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019 las Leliq más las operaciones de Pases, son otro instrumento de regulación monetaria a menor plazo, sumaban $1,04 billones y en conjunto representaban 34,4% del total de los depósitos bancarios del sector público y privado (empresas y personas) no financiero.
Pero, primero por los efectos del largo período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que provocó la irrupción de la pandemia de Covid-19 en 2020, porque deprimió la actividad económica y el uso del crédito, pero luego esa relación se disparó a más de 45% en 2021, y posteriormente se intensificó a más de 55% en la actualidad, con la política fiscal expansiva que alimentó el déficit de las finanzas públicas y la necesidad de mayor financiamiento a través de la emisión de pesos por parte del BCRA.
Como se trata de instrumentos remunerados que desde el 27 de abril 2023 generan una renta de 91% anual a 28 días, y equivale a una tasa efectiva anualizada (renovación sostenida de capital más intereses) de 141,004%, su crecimiento sostenido se ha constituido en una de las mayores preocupaciones de los economistas, porque no sólo se nutre de la reinversión de renta por parte de las entidades financieras que no encuentra otro mejor destino (crédito al sector privado no financiero), sino también del financiamiento del exceso de gasto público sobre los crecientemente debilitados recursos tributarios, que debe ser absorbido, para no generar más inflación; y genera “emisión reprimida”, o esterilizada en la jerga de los técnicos monetaristas, y con ello expectativas de más suba del ritmo de los precios al consumidor.
De ahí que constituye un ingrediente relevante en todos los análisis de planes de estabilización, desde los más extremos, como la dolarización, hasta los más ortodoxos de ajuste fiscal y monetario, porque no es sostenible el crecimiento del 1.092% (se multiplicó por 11,9) en 41 meses, mientras los depósitos totales se expandieron 642% y la tasa de inflación acumuló en ese período un 445 por ciento.
Se trata de un aumento en valores reales de 118,5%, a un ritmo de 1,92% por mes, más de tres veces la tasa de incremento ajustado por inflación de los depósitos, y 7 la suba real de la cotización del dólar libre. El tipo de cambio oficial en ese período se atrasó 33,5% real.
Superación del problema
Frente a ese cuadro, cada vez más economistas consideran la necesidad de cortar de cuajo ese proceso, sea a través de la dolarización compulsiva, sea a través de un rápido ordenamiento de las finanzas públicas que evite la emisión para financiar el déficit y consecuente posterior absorción a través de la colocación de Leliq y Pases en los bancos.
Pero, al parecer, poco se repara en que la contrapartida son los depósitos transaccionales y de ahorro, principalmente de empresas y personas del sector privado.
Según las estadísticas del BCRA en abril último el saldo promedio en cuenta corriente bancaria representó 20,6% del total, y el de caja de ahorro (a la vista) 23,1%. En el primer caso significó un recorte de 5,6 puntos porcentuales y en el segundo un aumento de 3,7 pp, arrojando un movimiento neto contractivo de 1,9 pp (huida del dinero transaccional en busca de renta y bienes que proteja a los titulares de la inflación creciente), en comparación con las relaciones de noviembre de 2019 (último dato del gobierno anterior).
Por el contrario, las imposiciones a plazo fijo, en su mayor parte a 30 y 60 días, se elevaron en ese período en 3,9 pp, a 54,5% del total, en su mayor parte a una tasa de interés de 91% anual, similar a la que paga el BCRA por las Leliq.
De lo anterior se desprende que prácticamente la mitad del dinero en bancos es de carácter transaccional, esto es para hacer frente a los pagos corrientes del mes: consumos, impuestos, cuotas de créditos y comisiones bancarias, principalmente, y por tanto los titulares no están en condiciones que algún plan de estabilización los incorpore como parte, como fue el caso de la salida de la convertibilidad al cierre de 2001, principios de 2002, con el corralito y corralón que limitó el retiro de efectivo de esas cuentas.
La otra mitad tampoco admite en su mayor parte la posibilidad de tolerar una inmovilización mayor, como fue el Plan Bonex de 1989, que provocó el canje compulsivo a gran parte ahorristas que tenían entonces colocaciones a plazo fijo a 7 y 30 días por un bono en dólares a 10 años de plazo con 4 de gracia (sin retiro de intereses ni recuperación parcial del capital), y luego pago semestral.
De ahí que gran parte de los economistas ahora plantea que una eventual dolarización de la economía debe pensarse como punto de llegada de un plan de estabilización que de partida, para que, logrado ese objetivo, ningún gobierno posterior tenga la posibilidad de dar marcha atrás, y restablecer la emisión monetaria como fuente de financiamiento de un Estado que perdió el acceso al crédito voluntario de deuda, internacional y ahora local, a tasas de mercado.
De lo contrario, analizan, no sólo se produciría una “licuación” compulsiva de lo que queda del ahorro privado en bancos, menos de 6,3% del PBI, sino que además tendría efectos depresivos sobre una actividad económica que perdió vitalidad, como lo demuestra la cuarta baja mensual consecutiva de la recaudación tributaria en términos reales.
Y que, además, para peor, con políticas heterodoxas de controles de precios, cepo a las importaciones y a la cancelación de deuda externa del sector privado, que condujeron no sólo a aumentos de costos transaccionales, sino también a afectar las expectativas de devaluación e inflación futuras más altas que en el presente, llevó a incrementar la economía informal, como también se desprende de la brecha que se observó en abril entre la baja real de la recaudación de la AFIP y el modesto aumento del PBI agregado en blanco y en negro.
Por tanto, consideran que el regreso a la ortodoxia, que implica no sólo la consistencia entre las políticas fiscal de equilibrio presupuestario final (primario y financiero) con la monetaria de expandir la cantidad de dinero en función de la demanda voluntaria de los agentes económicos (empresas, individuos y Estado), junto a reformas estructurales que mejoren el escenario laboral, impositivo y de apertura al comercio exterior, se reactivará la inversión productiva y la demanda de crédito bancario que se nutrirá de la cancelación de las Letras de Liquidez y de los Pases pasivos del Banco Central.
De ese modo se podrá cortar de raíz el “efecto Ponzi” de las Leliq que definió el economista Ramiro Castiñeira “porque el BCRA no tiene ninguna inversión genuina para pagar los intereses de su pasivo. Sólo le da a la maquinita para pagar los intereses, estafando con inflación a otros más abajo en la pirámide. Volarán por el aire, una vez más”, sentenció en sus informes privados que dio a luz a través de las redes sociales.
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