Por el escenario internacional, se complicó el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias acordadas con el FMI

Desde que las autoridades argentinas y el FMI llegaron a un acuerdo sobre el programa que deberá aplicarse durante los próximos 30 meses, el panorama económico cambió abruptamente. En el medio sobrevino nada menos que la invasión de Rusia a Ucrania, con un fuerte impacto en los precios de las materias primas, entre otros aspectos. Pero nada de esto está contemplado en las proyecciones consensuadas por el staff del ministerio de Economía y los técnicos del organismo.

Como consecuencia de esta situación ya se empezaron a escuchar las primeras advertencias respecto a posibles incumplimientos de las metas impuestas. Claro que no sería tan grave, ya que la excusa será justamente que se produjo un acontecimiento sorpresivo y disruptivo.

Entre los que advirtió que las metas serán difícilmente cumplibles, en particular a partir de estas nuevas circunstancias fue el economista Gabriel Rubinstein. “Seguramente el déficit primario no caiga al 2,5% como pide el FMI para 2022 y se ubique nuevamente en 3% del PBI. La emisión monetaria tampoco sería del 1% como indica el acuerdo y lo más probable es que termine en 2% del PBI”. Sin embargo, consideró que estos posibles incumplimientos no son graves ni harían peligrar la continuidad del programa con el Fondo.

Luciano Cohan, que ocupó la secretario de Programación Económica durante el macrismo, fue un poco más duro al indicar por redes sociales que “lo que está pasando con los precios del gas y el petróleo, la soja y otras commodities en el mundo vuelven obsoleto presentado hace pocos días”. En ese sentido, el economista que está al frente de la consultora Alphacast, indicó que se trata de movimientos “con impacto fiscal millonario. Es absurdo estar aprobando y firmando un programa que nace viejo”.

El acuerdo firmado con el FMI, de todas maneras, reconoce que el “el escenario base” está sujeto a importantes incertidumbres, lo que podría obligar a “recalibrarlo”. Entre los riesgos que menciona el punto 11 se señala la posibilidad de que se vuelva a intensificar la pandemia por el surgimiento de nuevas variantes del Covid-19, lo que llevaría a nuevas restricciones de movilidad y complicaciones por el lado del comercio exterior. Pero además alude específicamente al riesgo geopolítico –en particular aquellos relacionados a un escenario de guerra- que aumente los subsidios en energía. Sin embargo, se trata de la única alusión específica al tema.

Los supuestos no incluyen el escenario de la soja superando los USD 600, como ocurrió en los últimos días, como también que el petróleo podría ubicarse por encima de los USD 120. Ambas variables implican un fuerte cambio que juega a favor por un lado, ya que aumentarán las exportaciones, pero también un mayor peso sobre las cuentas públicas por el lado de las importaciones de energía en el invierno y un incremento de los subsidios energéticos.

Extrañamente, no hubo comentarios directos a los efectos de la guerra en las cuentas públicas por parte de los legisladores que pudieron efectuar consultas, en el marco de la visita del ministro de Economía al plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, donde presentó los detalles del acuerdo. Tampoco resultó un tema abordado en detalle por el propio Martín Guzmán, a pesar de que claramente se trata de una cuestión que tendrá impacto en la actividad económica, en algunos aspectos a favor y en otros claramente en contra.

Por lo pronto, la búsqueda de refugio por parte de los inversores de todo el mundo sigue afectando a los activos argentinos. Los bonos continuaron cayendo y el riesgo país llegó a los 2.000 puntos, reflejando una amplia chance de default de la deuda en los próximos años. Esta situación llevó al diputado Luciano Laspina a reiterar el concepto de “bomba de tiempo” que el actual gobierno le dejará a la próxima administración, que posiblemente se verá obligada a renegociar la deuda con el sector privado ni bien llegue al poder.

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