El desequilibrio de las cuentas públicas financiado con emisión monetaria complica el frente cambiario y es producto, en gran medida, del enorme gasto público destinado a los subsidios para mantener congelados los precios del agua y la energía. En ese mecanismo reside el núcleo duro de las dificultades que enfrenta hoy el Gobierno para estabilizar la economía.
En ese cuadro, la normalización de las tarifas surge no sólo como inevitable sino como la llave para alcanzar el imprescindible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: ese entendimiento, se presume, incluirá una meta de déficit fiscal en torno a 2,5% del PBI, exactamente la misma cifra que representará este año el gasto en los subsidios energéticos.
De acuerdo a los cálculos de Julián Rojo, del Instituto Argentina de la Energía, contemplando la última ampliación presupuestaria de la semana pasada (que implica USD 1500 millones adicionales para subsidios a la energía) el monto total en 2021 trepa a los USD 10.500 millones. El gasto es mayor si se considera también el congelamiento en las tarifas del agua.
“El retraso de las actualizaciones tarifarias permitió, como buscaba el Gobierno, modificar la estructura de consumo de las familias. Mientras que las tarifas de electricidad, gas y agua en 2018 eran el 7% del gasto de los hogares, hoy representan apenas el 3%” (informe de consultora Analytica)
Pero el enorme escollo para subsanar este agujero por el que se escurren los fondos públicos va más allá del costo político. Si se apuntara a eliminar casi por completo los subsidios a las tarifas, el nivel de aumento necesario en las boletas de los servicios se ubicaría en torno a 150% lo cual, en términos de inflación, implicaría llevarla a un nivel en torno al 65% anual. Dicho de otro modo, es de tal magnitud el esfuerzo fiscal para sostener invariables las tarifas -o su nivel de atraso- que recuperar el equilibrio precario que se había alcanzado hace dos años implicaría un salto de 14 puntos en la inflación, de acuerdo al último informe semanal de la consultora Analytica, en el que se ensaya un ejercicio posible de segmentación de tarifas y se analiza su impacto inflacionario.
“El retraso de las actualizaciones tarifarias permitió, como buscaba el Gobierno, modificar la estructura de consumo de las familias. Mientras que las tarifas de electricidad, gas y agua (EGA) en 2018 eran el 7% del gasto de los hogares, hoy representan apenas el 3%”, señala el informe, en el que advierte que “si el gobierno decidiera llevar todas las tarifas domiciliarias de la EGA a los niveles de inicios de gestión (diciembre de 2019), se requeriría un salto superior al 100%. Hacerlo de una vez y para todos implicaría 14 puntos más de inflación, ubicándola en la zona del 65% anual. Este resultado es claramente insostenible desde lo social y pone a la economía al borde un cambio de régimen inflacionario”.
De ahí que la segmentación en la que insiste el ministro de Economía, Martín Guzmán, pero que expertos consideran de escasa viabilidad, surge como la alternativa preferida para avanzar en la solución.
“Evidentemente el aumento de tarifas según nivel de ingresos es difícil de implementar. Lo más probable, entonces, es que haya ineficiencias en el proceso. Pero el costo de la segmentación es inferior a recortar otras partidas de gasto, como la asistencia social, las jubilaciones o la obra pública” (informe de consultora Analytica)
De acuerdo al ejercicio teórico de la consultora, el impacto inflacionario de una segmentación que implique que el 50% de los hogares, aquellos de menores recursos, mantienen el subsidio sin ningún incremento en sus boletas y que el otro 50%, el de mayores recursos, afronte un incremento de 155%, sería infinitamente menor. En ese escenario, el ajuste sumaría a la inflación del año apenas 2,5 puntos dado que, según explicó el economista Claudio Caprarulo, “se relaciona con el peso del pago de tarifas en la canasta de consumo de los hogares de mayores ingresos según pondera el INDEC. Ciertamente es el efecto más difícil de medir al segmentar”. Con esos supuestos, el Gobierno se ahorraría 0,7% del PBI en subsidios.
Aunque tal vez la principal, el impacto inflacionario no es la única dificultad. La complejidad central de la segmentación de tarifas pasa por determinar con la mayor precisión posible aquellos hogares que deberían mantener el subsidio en detrimento de aquellos que pueden soportar un incremento mayor al que afrontarían en caso de una suba generalizada. Es por esto que para Rojo, por ejemplo, la mejor herramienta es la ampliación de la tarifa social en lugar de establecer nuevos parámetros que podrían derivar en nuevas distorsiones o resultar, en el peor de los casos, inaplicables.
“Evidentemente el aumento de tarifas según nivel de ingresos es difícil de implementar. Lo más probable, entonces, es que haya ineficiencias en el proceso. Pero el costo de la segmentación es inferior a recortar otras partidas de gasto, como la asistencia social, las jubilaciones o la obra pública”, consideraron en Analytica.
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