El Gobierno ya colocó más de la mitad de la deuda que necesitará en 2021 para cubrir el déficit fiscal

En los primeros seis meses del año obtuvo $356.000 millones en el mercado local. Según estimaciones privadas, el aumento en el financiamiento al Tesoro estuvo vinculado al cambio regulatorio que permitió a los bancos reemplazar tenencia de Leliq por bonos

Ramiro Tosi y Mariano Sardi, los delegados de Martín Guzmán en el mercado de deuda local.

El Ministerio de Economía obtuvo hoy financiamiento por $173.885 millones a través de la colocación de seis títulos de deuda en pesos, por lo que pasados los primeros seis meses del año la Secretaría de Finanzas consiguió un fondeo equivalente a poco más del 50% de las necesidades netas en moneda local que tiene para cubrir el déficit primario. Parte del incremento en el flujo de pesos hacia los títulos públicos estuvo explicado en el cambio regulatorio que permitió a los bancos computar como encajes parte de sus tenencias en bonos.

Tras la última licitación de junio, que fue la tercera del mes, el Tesoro Nacional acumuló un financiamiento neto positivo cercano a los $158.000 millones, en un mes en el que los vencimientos previstos sumaban $244.500 millones. En la operación de este lunes el Palacio de Hacienda recibió 741 ofertas, de las que se adjudicaron un total de $204.654 millones de valor nominal, lo que representó un valor efectivo de $ 173.855 millones.

Del total de financiamiento obtenido, el 60% correspondió a instrumentos a tasa de interés fija y variable, en tanto que el 40% restante fueron instrumentos con ajuste vía CER (inflación). En la última licitación de junio se ofrecieron seis bonos, de los cuales cinco tienen vencimiento en 2021 y el restante en junio de 2022.

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Como resultado de esta licitación se alcanzó un financiamiento neto positivo en la primera mitad de 2021 de $356.000 millones, alcanzando así una tasa de refinanciamiento (roll over) del 125% para el primer semestre del año. De acuerdo a estimaciones privadas, el Tesoro necesitaría cerca de $700.000 millones netos (es decir, descontados los vencimientos) para poder cubrir el déficit primario previsto en el Presupuesto, que es de 4,5 puntos del PBI.

Tras la licitación, el secretario de Finanzas, Mariano Sardi, dijo que el resultado de la jornada le da al Gobierno la chance de “consolidar el financiamiento del Tesoro en el mercado de capitales local a tasas sostenibles que permiten, además, dar previsibilidad a la ejecución del programa financiero y cumplir con la composición del financiamiento previsto en el Presupuesto 2021”.

Martín Guzmán consiguió poco más de la mitad del fondeo que necesita del mercado de deuda local para cubrir el déficit.

“La cantidad de ofertas recibidas (741) son un reflejo también del amplio universo de inversores que concurren regularmente a las licitaciones del Tesoro Nacional, de las cuales unas 396 corresponden al tramo no competitivo al que concurren principalmente inversores minoristas”, subrayó Sardi.

Para los analistas, uno de los factores que explica el aumento del financiamiento con el que contó el Gobierno este mes fue un cambio regulatorio que se puso en marcha en los últimos días de mayo, y que permite a los bancos que parte de la porción de encajes que están en Letras de Liquidez (Leliq) del Banco Central pasen a ser tenencias de bonos en pesos del Tesoro.

Según estimó la consultora Empiria, en las dos primeras colocaciones de bonos de junio, “el 60% de la demanda de las dos primeras licitaciones desde que entró a regir la medida estuvo traccionada por bancos públicos y privados”, mencionó Juan Ignacio Paolicchi en diálogo con Infobae.

A fines de mayo el BCRA habilitó a las entidades financieras a integrar un porcentaje de los encajes de depósitos actualmente en Leliq -cerca del 10%, por unos $700.000 millones en todo el sistema financiero- para comprar títulos del Tesoro con vencimientos a más de 180 días que, en este caso, aplica a las Lecer con vencimiento en 2022.

La medida busca darle profundidad al mercado de deuda en pesos y, a su vez, quitarle al Tesoro la necesidad de apelar a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal en caso de ser necesario.

El BCRA aspira a que con la medida que volcará más pesos hacia el Tesoro comenzará a reducirse el stock de Leliq, que actualmente supera los 2 billones de pesos. REUTERS/Agustin Marcarian

El BCRA aspira a que de este modo comenzará a reducirse el stock de Leliq, que actualmente supera los 2 billones de pesos. De ese monto, entre $700.000 y 800.000 millones, según cálculos oficiales, pueden ser colocados por los bancos en las licitaciones de deuda pública que regularmente realiza la secretaría de Finanzas.

“Fue una buena licitación, es un 165% de roll over, algo que no se lograba desde la colocación de bonos dollar linked, pero hay que matizarlo, porque entró a jugar el financiamiento de los bancos al Tesoro. Necesitaron apelar a cambios regulatorios que agregan en el límite cierto riesgo sistémico, pero les ayuda para financiarse en pesos. Uno hubiera esperado que mejore el financiamiento por una mejora de las tasas, pero fue un aumento marginal”, consideró.

La medida forma parte de un grupo de regulaciones que espera poner en marcha el Ministerio de Economía en los próximos meses para aumentar el flujo de pesos -que el Palacio de Hacienda considera que son “ociosos”- al fondeo del Tesoro. Tal como consignó Infobae, Economía busca dar continuidad a un programa creado en 2019 por la Secretaría de Finanzas, llamado Creadores de Mercado, con la asistencia de técnicos del Fondo Monetario Internacional.

A grandes rasgos, el objetivo es poder volcar a bonos o letras nacionales, provinciales o a compañías privadas parte de los pesos que actualmente retira del sistema el Banco Central a través de las Letras de Liquidez (Leliq) y operaciones de Pases -instrumentos de regulación monetaria- y otro universo de pesos que están en fondos de corto plazo (money market) y en cuentas remuneradas en entidades financieras.

El diagnóstico oficial es que existen en el sistema financiero local unos 6 billones de pesos que “no tiene uso productivo”, y que podrían ser destinados -con las medidas y regulaciones necesarias- a financiar al sector público y a las empresas y familias.

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