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Éxodo y mudanza fiscal: en lo que va del año, más de 500 argentinos pidieron dejar de pagar impuestos en el país

Lo confirmó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Lo confirmó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Durante todo el 2019 se registraron 498 cambios de residencia fiscal

Uruguay y sus beneficios fiscales tienta a los argentinos

En medio de un proceso en donde la discusión sobre la decisión de continuar en la Argentina o irse del país se repite, los estudios contables reciben consultas de empresas y sus dueños para mudarse al vecino país de Uruguay y aprovechar sus beneficios fiscales, se conoció la cantidad de bajas fiscales que se dieron durante los primeros nueve meses del año.

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, detalló hoy que en los primeros nueve meses del año 504 contribuyentes concretaron la baja de impuestos por cambio de residencia fiscal y ratificó la decisión de la actual administración de “no reeditar las prácticas persecutorias” llevadas adelante por el Gobierno anterior.

El número es superior a todas las operaciones de cambio de residencia fiscal que se realizaron durante el 2019. Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, durante el año pasado se registraron 498 cambios de residencia fiscal.

Los dichos de Marcó del Pont se conocen unos días después de que la publicación The Economist señalara que unos 20.000 argentinos aplicaron para mudar la residencia fiscal a Uruguay con el fin de “escapar” de la presión impositiva local, en especial para los de mayores recursos; y aprovechar los beneficios impositivos y el “verano fiscal” que ofrece el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

La titular de la AFIP, conferencia Mercedes Marco del Pont

n lo que respecta a Uruguay, la funcionaria detalló que los pedidos de baja de impuestos por cambio de residencia fueron presentados por 229 contribuyentes en los primeros nueve meses del año, equivalente al 46% del total.

En líneas generales, estos números contrastan con publicaciones y declaraciones formuladas durante las últimas semanas desde distintos sectores -medios de comunicación, estudios contables y cámaras empresarias- respecto a la presunta existencia de un incremento sustancial en materia de cambio de residencia fiscal.

“Observamos un incremento en la cantidad de personas que tramitaron el cambio de residencia fiscal que lejos está de manifestar una conducta generalizada. Desde la AFIP monitoreamos en forma permanente el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la ley para el cambio de residencia fiscal con el objetivo de evitar maniobras elusivas”, subrayó Marcó del Pont.

Vista aérea de Punta del Este

La funcionaria reiteró que en la actual administración “no vamos a reproducir las prácticas persecutorias llevadas adelante por el Gobierno anterior. Desde la AIFP tomamos conocimiento de estas prácticas y, a partir de distintas denuncias públicas, ya dimos intervención a la justicia penal y las áreas técnicas correspondientes. Nuestro Gobierno no va a reeditar las prácticas persecutorias”.

Uruguay modificó la norma que establece los requisitos para obtener la residencia fiscal, flexibilizando los requisitos, lo que está haciendo que sea más simple y más accesible que muchos argentinos piensen seriamente en cambiar de residencia.

La nueva norma reduce el monto de del valor de inversión en propiedades, que bajó de USD 1,7 millones a USD 380.000. También bajó la cantidad de días al año que tenes que estar en Uruguay. Antes era 180 ahora son 60 en un año. Pero el punto más importante es que en el caso de tener una empresa que se quiera radicar, en la previa a esta modificación el interesado tenía que hacer una inversión de USD 5,3 millones y ahora la nueva cifra es de USD 1,6 millones, pero se le agrega la condición de que tiene que garantizar 15 empleos directos.

En paralelo el Ejecutivo envió un proyecto de ley en donde se ajustan algunas normas al régimen de residencia fiscal, en particular, lo que refiere a la opción por el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) para los rendimientos de capital mobiliario provenientes del exterior o lo que se conoce popularmente como “vacaciones fiscales” que el Congreso aprobó. Con esta norma el nuevo residente no pagará impuestos al patrimonio y a la renta por diez años

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