El ministro de Economía, Martín Guzmán, lo dijo el 31 de marzo cuando recibió, en plena cuarentena, a un grupo de periodistas en el Palacio de Hacienda: "Estamos tratando de hacer una oferta muy rápida y habrá conversaciones con los acreedores durante esta semana y la próxima”. No habló de plazos en ese encuentro, pero en los últimos días trascendió que la propuesta sería presentada la semana próxima. Así lo reconfirmaron a Infobae altas fuentes del Gobierno.
En el mercado aseguran que no hay acuerdo aún con los acreedores y que la idea de Guzmán de ofrecer un extenso período de gracia -se habla de cuatro años- en el cual la Argentina no pagaría ni cupones ni amortizaciones sigue entorpeciendo los avances.
El ministro confirmó en ese encuentro con la prensa que se le había planteado a los bonistas la pretensión oficial de reducir los intereses y alargar los plazos del capital para poder aumentar las reservas internacionales y reducir así las restricciones al movimiento de capitales, pero no dio indicios de cómo avanzaba esa discusión.
Sin embargo, los bonistas rápidamente rechazaron esta posibilidad y plantearon que “la única chance de acordar es que haya una postergación de los pagos por seis meses hasta que se resuelva la crisis de la pandemia”, le dijo a este medio días atrás el representante de un fondo de inversión que tiene un diálogo fluido con el Gobierno. Remarcó que si la Argentina persistiera con su idea de presentar una oferta en abril, “deberían pagar una parte en efectivo”.
Aún en este contexto, Guzmán hará la presentación y se arriesgará a negociar en el poco tiempo que le queda hasta el primer vencimiento de cupones de deuda bajo legislación extranjera. En realidad, el Gobierno debería pagar el miércoles 22 de abril intereses por USD 503 millones, correspondientes a los títulos Global 2021 (USD 155 millones); Global 2026 (USD 244 millones) y Global 2046 (USD 105 millones). Está claro que si la oferta la presenta la semana próxima, no dan los tiempos, pero el mercado descarta que usarán el período de gracia de 30 días para seguir negociando, sin que el país entre en default.
“Es baja la chance de que paguen esos vencimientos, pero el Gobierno podrá usar esos 30 días para ganar tiempo en la negociación de la deuda minimizando el uso de reservas, en un contexto de alta emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y presión en la brecha cambiaria”, consideró el economista de EcoGo, Federico Furiase.
El riesgo es que Guzmán sostenga la dureza en la negociación y los acreedores no acepten las condiciones que pretende fijar la Argentina. En ese caso, “el riesgo de cesación de pagos existe y es lo que descuenta el mercado”, remarcó el analista, quien consideró que “la política debería priorizar el cierre exitoso de la renegociación de la deuda porque le daría mayor margen para renovar los vencimientos de pesos de este año y ayudaría a la recuperación económica" una vez que finalice la pandemia.
Fuentes del sistema financiero que conocen al ministro aseguran que evitará a toda costa ir al default, y que si eso sucede “se notará quién manda en el Gobierno, ya que hay un ala populista que promueve eso". Además, aseguraron que la actual es una recesión tiene forma de V, ya que la baja tasa de interés en el mundo y la gran emisión de dinero hará que la recuperación sea muy rápida.
“Habrá una lluvia de dólares y si la Argentina entra en default estará en el Veraz”, planteó el analista consultado, quien además sostuvo que cuando esta crisis pase, “comenzarán a tener más relevancia los países con recursos naturales, con un comercio internacional que bajará y un mundo que se irá cerrando. Sería una catástrofe el default".
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