El Gobierno estableció este martes que no se podrán pagar montos superiores a los Precios Máximos en las compras que realice el Estado en el marco de la emergencia que rige en medio de la pandemia de coronavirus.
Mediante una decisión administrativa que se publicará en el Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete estableció que la medida será de aplicación a los procesos de compra que se encuentren en curso y que a la fecha de vigencia de la presente no hubieran sido adjudicados.
Asimismo, instruye a los titulares de los ministerios y de los organismos descentralizados a realizar, en aquellos procesos que no se encontraren concluidos, las diligencias necesarias para que se respeten, en todos los casos, “los precios máximos establecidos por la Secretaria de Comercio Interior”.
En tanto, la decisión del Poder Ejecutivo indica que en todos los procesos de compra en los que se hubiera realizado el acto de adjudicación y hubiera obligaciones de pago pendientes de cumplimiento, también “se procederá a pagar exclusivamente hasta el monto correspondiente respetando los precios máximos”.
Cabe recordar que el Ministerio de Desarrollo Social fue autorizado a realizar compras masivas de alimentos para abastecer a los sectores más necesitados en el marco de la emergencia sanitaria por la epidemia de coronavirus. Pero según la información de esas compras publicada este lunes en siete resoluciones en el Boletín Oficial, el precio pagado por los productos fue más alto que el que pagan los consumidores por primeras marcas en grandes cadenas de supermercados.
El ministerio que encabeza Daniel Arroyo publicó las compras autorizadas de alimentos de primera necesidad —aceite, fideos, azúcar, arroz y lentejas— en el marco de la emergencia sanitaria para abastecer a las familias más vulnerables. Se trata de “contrataciones directas”, que no están sujetas al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.
En el caso de la compra de fideos, en el texto de la resolución se expresaron precios de $84 por unidades de paquetes de 500 gramos, una diferencia de 51% con los precios de los supermercados. Sin embargo, luego, desde Desarrollo Social aclararon que ese precio era por kilo y no por paquete.
En ese contexto, el presidente Alberto Fernández afirmó que cree en la “honestidad” del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que dispuso abrir una investigación para determinar “qué pasó” en la operatoria de compra de alimentos y apuntó contra la “cartelización de ciertos sectores” que imponen precios ante la emergencia, para “llenarse los bolsillos”.
Según revelaron a Infobae fuentes calificadas del Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social inició una investigación interna a pedido del presidente y el ministro Arroyo le pidió la renuncia a Calvo.
El titular de la cartera de Desarrollo Social dijo el lunes que “todas las compras” para el abastecimiento de los comedores y merenderos, donde la demanda creció de 8 a 11 millones de personas por la pandemia de coronavirus, “fueron realizadas bajo supervisión de la Sigen, el Instituto Nacional de Alimentación y las normativas del Decreto 260” de Emergencia Sanitaria.
"Desde el Ministerio convocamos a una licitación para una compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos", detalló Arroyo vía Twitter.
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